Las cifras de deserción escolar en el Ecuador están creciendo todos los días y han aumentado en los últimos ocho años de gobiernos neoliberales, dada la grave crisis de seguridad y la agudización de la pobreza que prevalecen en el país. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, 380.000 estudiantes abandonaron las escuelas públicas, en este período.

Las cifras son más altas en 17 cantones con el mayor índice de violencia la región Costa, en los que alrededor de 50.000 estudiantes dejaron de asistir a las unidades educativas. Los adolescentes y jóvenes que están fuera de las escuelas son más vulnerables al crimen y, al mismo tiempo, los datos oficiales muestran que el mayor volumen de asesinatos ocurridos en 2024 corresponde a jóvenes entre 15 a 25 años, según destacó el técnico de UNESCO Harvey Sánchez (Radio Pichincha, 09/04/2025). Un año atrás, en enero 2024, la oficina regional de UNICEF ya señaló que las muertes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes comprendidos entre 0 y 19 años habían aumentado un 640% en los últimos cuatro años. (Unicef, 2024).

En estas condiciones, la población infantil y juvenil corre el riesgo de ser reclutados por las bandas del crimen organizado, amenaza que se inicia entre los 11 y los 13 años de edad. “Las escuelas son lugares predilectos para el reclutamiento. Allí, las bandas criminales prometen a los jóvenes dinero, regalos, drogas y el estatus social que les da pertenecer a una banda. A otros, se les amedrenta con amenazas de violencia hacia ellos o sus familiares” (ChildFund, junio de 2024)

Esta compleja situación se agudiza en el caso de la población migrante. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de medio millón de personas forzadas a huir han sido acogidas por el Ecuador entre 2017 y 2024, constituyendo el cuarto país en la región con mayor número de personas refugiadas y migrantes, provenientes principalmente de Venezuela y Colombia, que representan el 3.2% de la población del país. Casi el 40% de esa cifra son menores de 18 años y de este grupo, 77.000 no han accedido al sistema educativo (Tendencias nacionales ACNUR Ecuador 2024).

Pero hay respuestas y estrategias desde las poblaciones. El último diagnóstico de ACNUR (2023) explica que frente a esta realidad, las familias y comunidades han empezado a crear estrategias de cuidado para proteger a niñas y niños. Estas estrategias incluyen acompañarlos y retirarlos de la escuela, cambiarlos de unidad educativa o buscar opciones de tele-educación. No se trata de un desinterés de las familias por la educación de sus hijos e hijas, se trata de una estrategia de auto confinamiento ante la amenaza y el peligro. El alejamiento de la escuela se convierte para las familias en una medida extrema de protección de la vida ante el abandono de la educación pública por parte del Estado y la carencia de condiciones de seguridad, convivencia escolar, cuidado y buen trato.

La «persuasión» de la presencia militar y policial como solución a la inseguridad y la violencia social, liderada por el actual candidato presidente Daniel Noboa, no ha dado resultado, a pesar de persistir en el contrato con empresas internacionales de mercenarios o ceder soberanía para la intervención militar norteamericana.

En estas críticas condiciones de vida, resultantes de un neoliberalismo salvaje, la población de Ecuador acudirá a las urnas el próximo domingo 13 de abril, desconfiada por la presencia militar del Estado y el temor a la violencia cotidiana del crimen organizado. Escogerá en segunda vuelta entre la continuidad del saqueo autoritario del Estado por parte de grupos reducidos de las élites oligárquicas, o la esperanza en recuperar la educación y la salud públicas, la soberanía del Estado y el respeto a los derechos humanos. Como dice el filósofo, “solo la esperanza nos permitirá recuperar una vida en la que vivir sea más que sobrevivir”.