En un país marcado por golpes de Estado, la decisión del STF de procesar a Bolsonaro es histórica, según juristas. Por decisión unánime, el ex presidente y otras siete personas, entre ellas militares, serán juzgados por intentar tomar el poder.
El miércoles (26), la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió acoger la denuncia ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el expresidente Jair Bolsonaro (PL) y otras siete personas, que componen el primer grupo de acusados de intento de golpe de Estado y abolición del estado democrático de derecho.
Tras una sesión que duró cerca de cuatro horas, el ex presidente y los demás acusados se convirtieron en procesados. Según el jurista y profesor de Derecho Constitucional Pedro Serrano, se trata de un acontecimiento histórico en un país marcado por golpes de Estado y periodos autoritarios.
«El imperio empezó con un golpe militar. La República también empezó con un golpe militar. Hay una historia de golpes de Estado en el país», dice Serrano. «Así que considerar como delito no sólo a los militares, sino a la propia intentona golpista, es sin duda un hecho histórico para nosotros. Un gran paso adelante», afirma.
Gisele Cittadino, profesora de Teoría de la Justicia en la PUC-Río, miembro del Grupo de Prerrogativas y de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), reitera la importancia de la decisión del STF.
«Hoy es un día histórico en un país marcado por muchos episodios de ruptura de la legalidad e instauración de períodos autoritarios», dijo.
También destacó los temas abordados en sus votos por los magistrados Carmem Lúcia y Flávio Dino.
«Ambos se refieren a un punto muy importante: los golpes encarcelan, torturan y matan. Es esencial que nos demos cuenta de que hace apenas unas décadas se encarcelaba, torturaba y mataba a los opositores políticos del régimen», dijo. «Mirar hacia atrás al 8 de enero significa pensar en lo que el ‘nuevo régimen’, liderado por Bolsonaro –un histórico defensor de la violencia– haría a sus oponentes, que rápidamente se transformarían en enemigos.»
La decisión del Supremo fue unánime, lo que evita la posibilidad de que la defensa presente un recurso en esta fase, según Serrano. «Ahora, un voto disidente en la decisión final, que puede ocurrir, da lugar a lo que se llaman mociones de infracción, que incluso cambia la composición de la clase», dice.
Las declaraciones de Bolsonaro no interfieren en el proceso
Tras el fallo, Bolsonaro ofreció una rueda de prensa en la que intentó defenderse de las acusaciones. «¿Soy un golpista? El 8 de enero estaba en Estados Unidos», argumentó. El ex presidente habló durante unos 45 minutos, cuestionando las pruebas presentadas en su contra.
Ney Strozake, abogado y miembro del ABJD, ve la reacción del ex presidente como un acto desesperado de alguien que no confía en su asesor jurídico.
«Sabe que, desde el punto de vista jurídico, ha cometido un delito y sabe que pagará, y está intentando desesperadamente hacerse la víctima. Esta es la pieza central de la reacción de Bolsonaro», afirma.
Strozake subraya que, desde el punto de vista jurídico, las declaraciones del ex presidente no tienen ningún impacto en el desarrollo del caso. «No hace ninguna diferencia para el Tribunal Supremo, para la ley y para aquellos que aplicarán la ley en el caso concreto», dice.
En cuanto al tiempo que se tardará en concluir el caso, Cittadino explica que depende de la marcha de las siguientes fases: «Puede haber muchas complicaciones. Hay muchos imputados y muchas peticiones que se pueden hacer», afirma. Calcula que la instrucción penal, la fase en la que se toma declaración a imputados y testigos, debería comenzar este jueves (27). «No apuesto por ello, pero creo que debería terminar a finales de agosto», afirma.
Los otros siete acusados son Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); Almir Garnier, excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro; Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa del Gobierno de Bolsonaro; Braga Netto, exministro de la Casa Civil de Bolsonaro y Mauro Cid, exayudante del expresidente.
