Lima y otras ciudades principales del Perú se movilizaron ayer viernes 21 exigiendo al gobierno de Dina Boluarte medidas efectivas en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que viene atemorizando a la población y cobrando vidas humanas. Colectivos, estudiantes universitarios, colegios profesionales, artistas, gremios, feministas, transportistas, entre otros, colmaron las calles con sus vítores y pancartas.
Los manifestantes se congregaron a las 4 p.m. en la Plaza San Martín, además de otros frentes como el Parque de los Héroes Navales, frente al Palacio de Justicia y en el frontis del Congreso de la República, en el cercado de Lima.
Los diferentes manifestantes señalaron tomar la medida ante la ineficacia del gobierno de Boluarte en la lucha contra la inseguridad ciudadana. La mandataria ha defendido a capa y espada al ministro del Interior, José Santivañez, quien con el 70% de desaprobación, hoy finalmente fue censurado por el Congreso y tendrá que dejar el cargo.
81% de ciudadanos inseguros
Según el Barómetro de Seguridad y datos de la consultora Ipsos, el 81% de limeños percibe inseguridad al salir de las calles y a nivel nacional esta percepción llega al 73%, principalmente en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Ancash.
Los niveles de inseguridad que presentan las diferentes regiones están relacionados con delitos como extorsiones a colegios, comerciantes y empresas de todo rubro económico, además de robos de celulares (para la sustracción de cuentas bancarias), carteras, vehículos y, secuestros.
El último delito cometido y que ha consternado a la población fue el asesinato del cantante del grupo de cumbia Armonía 10, Paul Flores “Russo”, producto de extorsionadores que atacaron el vehículo donde se movilizaban. Recientemente, el sector de transportistas también presentó más de 2 mil denuncias por casos de extorsión y tuvieron que realizar paros reclamando la atención del gobierno.
Leyes que matan
Irónicamente, mientras el país se sume en una ola de delincuencia, los poderes Ejecutivo y Legislativo vienen dando leyes que, a decir de los expertos, debilitan la lucha contra el crimen organizado, generan incentivos para el incremento de las actividades delictivas, entorpecen las investigaciones y dan libertad a las bandas extorsionadoras.
Entre las principales leyes que la población ha denominado “pro crimen organizado” y que demandan su derogación, se encuentra la Ley 32108, que limita la aplicación de las normas que sancionan a las organizaciones criminales y entorpece las investigaciones.
La población también ha programado una nueva marcha contra la inseguridad para el día 28 de marzo próximo bajo el lema “#NoQueremosMorir”.
Aquí videos de la marcha:
Ecos Latinos:
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