Desde el martes 25 de marzo, miles de paraguayos están en las calles en una serie de marchas ciudadanas que buscan manifestar el creciente descontento social contra el gobierno de Santiago Peña, la corrupción, los negociados y la impunidad que han caracterizado su administración. Estas movilizaciones, que se llevarán a cabo durante tres días, son el resultado de un hartazgo generalizado ante los escándalos de corrupción y la falta de justicia, que han sacudido al país en los últimos meses.
Las protestas han sido convocadas por una amplia coalición de organizaciones sociales, partidos políticos opositores y agrupaciones campesinas, quienes han señalado que el gobierno de Santiago Peña, cuyo lema de campaña fue “vamos a estar mejor”, no ha cumplido con sus promesas de mejora en áreas clave como la justicia, la salud y la educación. Los recientes escándalos de corrupción, como el caso de los «pupitres chinos» en Itaipú, la falsa inauguración de una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en Villarrica y las denuncias sobre la calidad de los alimentos en el programa Hambre Cero, han sido el catalizador de estas movilizaciones.
El malestar ha sido avivado por lo que muchos consideran un control político de la justicia, lo que ha dado lugar a acusaciones de manipulación judicial para proteger a los responsables de actos corruptos. Estos eventos, sumados a las preocupaciones por la exclusión de los migrantes del sistema electoral, han generado un caldo de cultivo perfecto para la organización de estas protestas a nivel nacional.
El día martes 25 las marchas se iniciaron con una movilización liderada por unas 80 organizaciones sociales que se reunirán a partir de la medianoche en la Plaza Uruguaya, en la capital, Asunción. Desde allí, marcharon hacia el Congreso Nacional para exigir un cambio en las políticas públicas en áreas fundamentales como la defensa de los derechos de los adultos mayores, una salud de calidad, una educación accesible para todos, y el respeto a los derechos laborales. Además, denuncian que el gobierno de Peña ha intentado obstaculizar la inscripción y voto de los migrantes, lo que se interpreta como una maniobra para limitar la participación política de sectores vulnerables.
El miércoles 26, la oposición tomará las calles con la marcha «Unidos x Paraguay», una manifestación convocada por los principales partidos de oposición para rechazar la corrupción, la manipulación judicial y los abusos del gobierno de Peña. Este acto de protesta también forma parte de la campaña electoral anticipada de cara a las elecciones municipales de 2026, lo que le da un matiz político adicional. Los opositores marcharán a partir de las 18:00 desde la Plaza Uruguaya hacia el Panteón de los Héroes, en un acto que busca expresar el descontento con la administración actual y exigir un cambio en la gobernanza del país.
El jueves 27, la movilización será liderada por las organizaciones campesinas, que saldrán a las calles para exigir una reforma agraria real, el acceso a la tierra y la mejora en las condiciones de vida de las comunidades rurales e indígenas. Esta marcha tiene como objetivo visibilizar las injusticias que enfrentan los sectores más desfavorecidos del campo, que claman por políticas públicas que promuevan la equidad y el acceso a los recursos naturales.
Los campesinos se reunirán desde temprano en el exSeminario Metropolitano, desde donde comenzarán su marcha hacia el centro de Asunción, pasando por la Avenida Eusebio Ayala y llegando finalmente a la Plaza de la Democracia, donde se realizará el acto central a las 10:30. Esta movilización se perfila como una de las más importantes de la serie, dada la histórica lucha de los campesinos por la justicia social en el ámbito rural.
En medio de estas movilizaciones, los cartistas, sector político cercano al presidente Peña, han acusado a los organizadores de intentar «colgarse» de la tradicional marcha campesina para crear un nuevo «Marzo Paraguayo», un evento que se asocia con manifestaciones de gran magnitud contra el gobierno. Los cartistas también han difundido rumores sobre posibles actos de violencia durante las protestas, e incluso sugirieron que podrían infiltrarse “barrabravas” con el fin de generar hostilidades con las fuerzas de seguridad.
Los opositores, por su parte, han rechazado estas acusaciones, y muchos ven estos intentos de deslegitimar las movilizaciones como un intento de distraer la atención del verdadero problema: la corrupción y la impunidad dentro del gobierno de Peña.
Lo que comenzó como una serie de reclamos sociales ha evolucionado en una manifestación de descontento generalizado contra el gobierno de Santiago Peña. Las movilizaciones de estos tres días son una respuesta al sentimiento de impotencia de un pueblo que se ve afectado por la corrupción, la falta de transparencia y la manipulación de las instituciones. Con una participación activa de diversas organizaciones sociales, políticas y campesinas, el pueblo paraguayo está alzando la voz para exigir un cambio profundo en la forma en que se gobierna el país. El desenlace de estas protestas podría marcar un punto de inflexión en la política paraguaya, dependiendo de cómo el gobierno y las fuerzas de seguridad respondan a esta ola de descontento popular. Esperemos que la capacidad de diálogo y acuerdo esté por encima de la represión y la violencia.
