La renuncia de Maya Fernández como titular del Ministerio de Defensa, sumada a la del jefe de asesores del Presidente de la República, Miguel Crispi, aunque se dijo que obedecían a decisiones personales, la verdad es que debieron abandonar sus cargos para salvar al Gobierno de toda responsabilidad en los episodios de falta a la probidad en que ellos estarían implicados.
En el caso de la Ministra, por haber firmado la venta al Fisco de la propiedad en que vivía el ex presidente Salvador Allende, su abuelo, en una operación inconstitucional que por lo mismo fuera abortada en último momento. En Chile, se da por sabido, que los funcionarios de Gobierno tienen prohibido realizar cualquier tipo de negocios con el Estado. Sin embargo, una vez más la desprolijidad terminó en hacerle imposible su continuidad en el gabinete presidencial.
Se trata, sin duda, de un episodio en el que también estuvo envuelta la propia hija del extinto presidente, la senadora Isabel Allende. La propiedad en cuestión sería comprada supuestamente con la autorización del Presidente Boric, para enseguida ser traspasada a la Fundación Salvador Allende, a fin de convertirla en un museo bajo la tuición de otra nieta del extinto Mandatario. La tasación de la casa, para colmo, excedía por mucho los valores que corresponden a una propiedad de discretas dimensiones en la comuna de Providencia.
Parecía increíble que esta transgresión a la Carta Magna pasara inadvertida por una parlamentaria de la República y una ministra de estado de amplias trayectorias políticas. Lo grave es que fueron muchas las advertencias que se le hicieron al Ejecutivo para que desistiera de un acto sindicado como impropio, por lo mismo que la compraventa correspondiente fuera finalmente desbaratada con la denuncia que hizo la prensa al respecto. Sin embargo, ahora consta que la oficina de asesores de La Moneda hizo caso omiso de las advertencias por el delito a consumarse, aunque de todas maneras las herederas de Allende alcanzaron a firmar la venta en una notaría de la Capital. Seguramente porque la codicia se puso por encima de la Ley.
Difícil descubrir un acto que agravie más la memoria del ultimado presidente. Cuya causa de muerte cada día refuta más la versión oficial de su suicidio convenida por los militares y las autoridades civiles que siguieron a Pinochet. Probablemente en la intención de mitigar la traición y deshonra de las Fuerzas Armadas como de aquellos políticos comprometidos en el Golpe de Estado de septiembre de 1973.
En este sentido, ojalá las herederas de Allende se empeñaran más en impulsar una investigación sólida que devele el secretismo que se impuso con las exhumaciones del cadáver y las exequias oficiales del Mandatario durante el Gobierno de Patricio Aylwin. Quien fuera, como se recuerda, un prominente instigador de la insurrección militar que culminó en largos años de interdicción ciudadana, dictadura y terrorismo de estado.
En el caso del principal asesor presidencial, todo indica que estaríamos ad portas del esclarecimiento del Caso Convenios (o Fundaciones), en cuyo centenar de aristas parece que prontamente el Ministerio Público buscará demostrar los millonarios traspasos en dinero que favorecieron a diversas instituciones vinculadas a la política, en la que tomaban asiento decenas de militantes y partidarios del gobierno de Boric. Ingentes recursos que llegaban a los bolsillos de los operadores políticos del Gobierno, así como para financiar sus contiendas electorales. Un oneroso caso de fraude al Fisco que tiene a varios de sus operadores en la cárcel y que, muy próximamente develaría la autoría y complicidad de otros más. Entre los que se sindica a Miguel Crispi, el asesor recién renunciado, más bien “destituido” de su cargo. Lo que se evidenciaría en los parcos comunicados oficiales que señalaron la cesación de sus funciones y su apresurado reemplazo. Sin ceremonia alguna de despedida y gratitud de parte de La Moneda y, en general, de todo el abyecto oficialismo. Salvo los celos rexpresados desde el Frente Amplio por el quiebre de la correlación de fuerzas en los cargos del Ejecutivo, velando porque se respeten sus respectivas cuotas de poder.
Es triste descubrir estos y otros casos de falta de probidad durante los tres años de gobierno que ya completa el presidente Boric. La decepción ciudadana es el precio que cobra la corrupción, especialmente en quienes confiaron en que un gobierno joven y de renovados rostros no incurriría en los mismos dolos de los demás gobiernos de la posdictadura. Cuando los nuevos gobernantes proclamaban, además, su “superioridad moral” respecto de los antecesores.
Escándalos tanto de los autoproclamados gobiernos progresistas cuanto de centro derecha que se han rotado en el poder con las mismas desvergüenzas. Despropósitos que se suman a aquellos bullados casos como el del MOP GATE, los sobresueldos a más de setenta funcionarios públicos, las irregulares privatizaciones de empresas sanitarias y otros servicios fundamentales. Así como como los fraudes del Banco PENTA, del Caso CAVAL, los sobornos de Soquimich a variopintos legisladores, por citar algunos episodios. Agregado, por supuesto, a las impunidades consentidas por los gobiernos y los Tribunales respecto de los asaltos al erario público ejecutados por militares y policías durante y después de la Dictadura.
Era previsible suponer en que la actual administración incurriera en actos de impericia e improvisación dada la juventud y breve experiencia del nuevo jefe de estado. Pero no los actos de corrupción, lo que explicaría mucho la actual apatía ciudadana que se manifiesta a lo largo de Chile en que, curiosamente, pululan los candidatos, pero las encuestas señalan que existe una bajísima intención de voto en la población. Tanto que ya muy poco se confía en los procesos democráticos y las voces de los caudillos se hacen oir desde la ultraderecha. Por cierto que alentados por la mala conducta de la centroizquierda.
Pese a la enorme concentración de los medios informativos, honra a muchos periodistas descubrir ante el país estos crímenes de lesa probidad. Aunque tememos que lo que se denuncia y llega al Ministerio Público puede ser solo la punta de los témpanos sumergidos en la sucia política. Donde pertenecer a las castas dirigentes aparece hoy como la más próspera fuente de ingresos. Después de los réditos que obtiene el crimen organizado y el gran empresariado.
