El pasado 24 de marzo arrancó en Ecuador la campaña por la segunda vuelta para las elecciones presidenciales entre el actual presidente y candidato de derecha, Daniel Noboa y la representante del progresismo Luisa González. La crisis de seguridad fue uno de los ejes en el debate oficial del pasado domingo, así como la mayor demanda ciudadana en los últimos años. Efectivamente, solo queda en la memoria colectiva la época en que con orgullo se reconocía el Ecuador frente a sus vecinos como una ‘isla de paz’. La sensibilidad de la población fue poco a poco contaminándose del temor, el miedo y la desconfianza. La extorsión, la amenaza y las masacres estaban lejanas en la vida cotidiana, hasta que las matanzas carcelarias salieron a las calles y la inseguridad pasó a convertirse en la mayor preocupación.

Hoy, la gente vive atemorizada, tras casi una década de violencia social en medio de la operación indiscriminada de numerosas bandas del crimen organizado internacional y la militarización de la sociedad, luego de la declaración oficial del “conflicto armado interno”, en enero de 2024, que vino acompañado del uso reiterado de “estados de excepción”, de graves violaciones a los Derechos Humanos y atentados a la integridad de las poblaciones. “En esta guerra los que más se afectan son los sectores populares, las diversidades, niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, señala en su testimonio un líder comunitario (Informe IRC, 2024). A la violencia de las bandas se sumó la del Estado, colocando como víctimas a las poblaciones, que impacientes han esperado protección y soluciones tranquilizadoras, pero que ante el desorden generalizado y el temor obsesivo han empezado a demandar soluciones autoritarias” (Ospina, Plan V, 13/03,2025).

Desde 2019 a 2023, se expidieron 39 decretos de estados de excepción. Enlos 320 días del gobierno de Noboa (Primicias, 26/03/2025), el país ha vivido 279 días en estado de excepción. Adicionalmente, el presidente decidió extender el decreto ejecutivo 493 del 2 de enero de 2025, con vigencia de 60 días, por 30 días más, eliminando derechos en la etapa electoral. La extensión se aplica en provincias de la región Costa y Amazonía, donde triunfó la candidata opositora Luis González (Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro, Orellana y Sucumbíos).

En este clima de tensión, de ‘conciencia atemorizada’ y tentación al autoritarismo, alrededor de 13 millones de personas tendrán oportunidad de escoger el próximo 13 de abril entre la continuidad del modelo neoliberal y autoritario de las élites, o la posibilidad de la recuperación del “Estado constitucional de Derechos y justicia social, democrático y soberano…”. Así establece el primer artículo de la Constitución vigente, asegurando educación, la salud y seguridad social, públicos y universales.

Una ‘conciencia en peligro y atemorizada’ no solo se encuentra bloqueada para poner distancia frente a sus propias circunstancias, sino que es presa fácil del bombardeo de imágenes y la intensa manipulación mediática, que terminan por modificar su perspectiva y su acción en el mundo.

Entonces, se abre lugar a una ‘conciencia mágica’ que busca fugarse de la realidad amenazante, encerrándose en aquello que brinda seguridad y percibiendo a los otros como enemigos. Una técnica de salud de una provincia de la Costa, reconoce que “hay un gran porcentaje de la población nuestra que está mirando la violencia con un cierto quemeimportismo…Que se sigan matando entre ellos, a mí no me interesa… Pero no hago nada con respecto a ello, cerrar la puerta de mi casa y cerrar la ventana” (Informe IRC, 2024).

Aquí radica el impacto del poder manipulador de las élites con sus medios corporativos. Necesitamos hoy más que nunca salir del encerramiento y de la desconfianza para reconstruir el tejido social y comprender lo que la historia nos enseña: que la violencia crea más violencia en un espiral sin salida y que la venganza no resuelve el sufrimiento, ni nos hace felices (Ergas, Rivadeneyra y Jhon-Pozzi).