El 11 de marzo las autoridades filipinas detuvieron al expresidente Rodrigo Duterte, reclamado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en relación con su política de «guerra contra las drogas», que convirtió gran parte de Filipinas en un país de luto entre 2016 y 2022.
El hombre que una vez dijo «mi trabajo es matar», encabezó la eliminación de miles de personas, en su mayoría pobres y de las comunidades más marginadas, a manos de fuerzas policiales o de sicarios vinculados a ellas.
Para evitar ser alcanzado por la justicia internacional, Duterte había ordenado la retirada de Filipinas de la Corte Penal Internacional a partir del 17 de marzo de 2019. La Corte respondió limitando su investigación al día anterior a esa decisión.
En un momento en que varios Estados niegan la justicia internacional y deslegitiman la Corte Penal Internacional, la detención de Duterte es un acontecimiento extremadamente importante.