Preocupante. Nuevamente el Congreso de la República intenta regular la labor periodística, esta vez, mediante el proyecto de Ley propuesto por la congresista María Agüero de la bancada Perú Libre que obligaría a los medios de comunicación a realizar reportes obligatorios sobre su financiamiento y actividades, además de sanciones por incumplimiento. El reporte se realizaría directamente al gobierno de turno.

El polémico proyecto de ley incluye a todos los medios informativos, impresos, audiovisuales y digitales, obligándolos a que detallen anualmente su fuente de financiamiento, propietarios, programación, y audiencia alcanzada. Las sanciones por incumplimiento abarcan multas, suspensión temporal y hasta cancelación definitiva del medio.

Anteriormente, el Congreso de la República presentó iniciativas legislativas para intervenir la labor periodística, como la “Ley Mordaza” con la modificación del Código Penal y el Código Civil para elevar las penas de difamación a cuatro años, o la modificación del Decreto Legislativo 829 para incluir a representantes del Legislativo y del Ejecutivo en el directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

ANP Lima se pronuncia

Al respecto, Jeanette Pérez Osorio, presidenta de la Filial Lima de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) refirió a Pressenza que “este proyecto tiene una connotación muy preocupante porque se inscribe dentro de una tendencia más amplia de iniciativas que buscan restringir la libertad de prensa en el Perú, algo que no es nada nuevo”.

Según Pérez Osorio, “si bien el argumento de la transparencia puede sonar razonable, en la práctica este tipo de medidas pueden convertirse en mecanismos de control y presión sobre los medios de comunicación, especialmente en contextos donde el poder político busca desacreditar o silenciar voces críticas”.

“Estoy convencida que esta iniciativa podría convertirse en un instrumento para amedrentar a los medios y condicionar su trabajo. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y cualquier regulación que busque imponer controles excesivos sobre el financiamiento o el funcionamiento de los medios debe analizarse con mucha cautela” acotó Pérez.

Asimismo, advirtió que “la obligación de revelar fuentes de financiamiento, en un país donde la prensa ya enfrenta amenazas por parte del Estado y actores privados, podría derivar en represalias o restricciones indirectas, afectando la independencia de los medios. Además, el hecho de que la iniciativa provenga de una congresista que ha sido cuestionada por la prensa sugiere un posible interés en limitar los cuestionamientos sobre su gestión y la de otros políticos”.

Finalmente, Pérez Osorio indicó que este proyecto se suma a otras normativas como la “ley mordaza» y el aumento de penas por difamación, las que han sido denunciadas como intentos de limitar la labor periodística en lugar de fortalecer el acceso a información veraz y el derecho a la libertad de expresión. “Más que garantizar transparencia, esta propuesta podría generar un clima de autocensura y desincentivar el periodismo de investigación”.