Por Blanca Cornejo

Con nuevos bríos y ampliando su denuncia este viernes 21 de febrero el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo volvió a manifestarse portando pancartas y proclamando letanías ante el Palacio de la Moneda exigiendo verdad y justicia para la defensora del bosque nativo Julia Chuñil y otras 7 personas víctimas de desaparición forzada en el Chile de postdictadura.

La lideresa mapuche fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 cuando, junto a su perro Cholito, salió al monte a buscar unos animales, tras lo cual se perdió su rastro. Su caso se suma a otros 7 de víctimas de este crimen de lesa humanidad que se conocen y se han registrado desde 2001 en Chile. Dos de ellas fueron vistas con vida por última vez ese año: el 14 de enero Hugo Arispe, de 53 años. Cuatro días antes había sido detenido por ebriedad en la vía pública por efectivos de Carabineros y, ante la imposibilidad de pagar la multa correspondiente, fue trasladado a la cárcel de Acha, en la nortina ciudad de Arica, donde testimonios de testigos revelan que habría sido brutalmente agredido por gendarmes del recinto penal. En el otro extremo del país, en la austral Punta Arenas y solo nueve meses después, el 19 de octubre, se perdió el rastro del adolescente de 17 años Ricardo Harex cuando salió de su domicilio a participar en una celebración junto a sus compañeros del Colegio Salesiano San José. La investigación judicial tuvo en el foco al sacerdote Rimsky Rojas -que se suicidó en 2011 y que acumulaba al menos 7 denuncias por abusos a menores-, quien al momento de la desaparición de Ricardo se desempeñaba como director del establecimiento donde el joven terminaba su educación secundaria. En este caso, han sido sometidos a proceso cuatro funcionarios de la policía uniformada, Carabineros de Chile, y tres sacerdotes como encubridores del delito de sustracción de menores.

Otro caso que conmovió desde el sur del país es el de José Huenante, joven de origen mapuche de 16 años, detenido por carabineros en un confuso incidente el 3 de septiembre de 2005 mientras se encontraba con un grupo de amigos en una calle cercana a su domicilio en la ciudad de Puerto Montt. Un poco más al norte, en la ciudad de Talcahuano, el 1 de julio de 2008 se pierde el rastro de Ramón Pacheco, de 23 años, muchacho sordomudo que tenía gran dificultad para comunicarse con desconocidos. Esa noche, vecinos lo vieron durmiendo en una plaza y llamaron a Carabineros para evitar que muriera de frío. Tres efectivos policiales lo subieron a un vehículo institucional, perdiéndose su rastro desde ese momento. En 2020, el Servicio Médico Legal reconoció que tuvo mal catalogado restos óseos correspondientes a Ramón por más de 10 años.

CHILE EXCLUYENTE, CLASISTA Y RACISTA

Otro caso visibilizado en esta acción del Movimiento fue el de José Vergara, joven de 23 años residente en la nortina ciudad de Alto Hospicio, diagnosticado con esquizofrenia, condición que le provocaba severas crisis. El 13 de septiembre de 2015, durante uno de estos episodios, su familia pidió apoyo a Carabineros. Concurrió una patrulla que lo sacó de su hogar para dar una vuelta en el vehículo policial, lo que en situaciones anteriores le había ayudado a tranquilizarse. Esta vez, no regresó.

Los dos últimos casos de desaparición forzada que se conocen se dieron en contexto del estallido social iniciado en octubre de 2019, movilización que buscaba cambios profundos en el sistema socioeconómico impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet y administrado por los gobiernos de postdictadura. El primero de ellos se registró el 28 de octubre de ese año cuando, según testigos, Carabineros detuvo a Geraldo Monares, entonces de 55 años, portador de esquizofrenia y neurodivergente, tras lo cual se perdió su rastro. El segundo es el caso de Jean Fedor Louis, migrante haitiano de 36 años, desaparecido en Santiago el 20 de mayo de 2020 cuando gran parte del país se encontraba bajo Estado de excepción, con toque de queda y resguardada por las fuerzas armadas y de Carabineros.

El denominador común de la mayor parte de estas víctimas de desaparición forzada es su condición de pobreza, en dos casos las víctimas son personas con trastornos de salud mental, una con neurodivergencia; dos con orígenes mapuche, uno migrante de ascendencia afroamericana. En cinco casos hay testigos que señalan la participación directa de efectivos de Carabineros de Chile. En varios de ellos, el rol de los fiscales y los jueces, así como del Servicio Médico Legal, también ha sido un obstáculo para conocer la verdad y hacer justicia.

En este escenario, el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo exigió al gobierno de Gabriel Boric y a las instituciones del Estado realizar gestiones urgentes para encontrar con vida a la dirigente mapuche y defensora del bosque nativo Julia Chuñil e impedir así que se convierta en un número más en esta dolorosa lista, al tiempo que responsabilizó al Estado y sus instituciones por la desaparición forzada de estas 8 personas. El colectivo por la no violencia activa concluyó su manifestación rechazando enfáticamente que en Chile sigan desapareciendo personas y clamando por terminar con esta práctica propia de las dictaduras.