Las definiciones tradicionales de democracia
¿Qué define a un sistema democrático? división de poderes como procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. De tal modo que Democracia, es un término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. … En suma, la democracia formal describe al gobierno del pueblo y la sustancial al gobierno para el pueblo.
Delegación de poder soberano del pueblo
El traspaso del Poder del Pueblo, es para la implementación de las funciones básicas de un Estado, definiendo el rol del Estado, y su gobernanza. Atendiendo a que se fomente el pluralismo político, ideológico, social, cultural y valórico.
Impulsando la competencia político-electoral de ideologías, programas, posiciones políticas y candidatos comparables y debatibles; y apoyos de equipos humanos, financieros e informáticos para identificar, persuadir y alcanzar el triunfo electoral. Se promueve que existan elecciones auténticas, libres, periódicas, justas, limpias e informadas; con leyes electorales sólidas, y donde las comisiones, los procesos y los mecanismos electorales sean fuertes. Después que todo lo anterior sea satisfecho, se respeta el principio de mayoría, que consiste en que el candidato o asunto sometido a votación obtiene el triunfo o aprobación con el mayor número de votos emitidos por la ciudadanía; en el entendido que quien resulta electo llevará adelante el programa comprometido con sus electores.
La democracia choca con los usos que impone el sistema actual
La democracia como proceso pierde su legitimidad ética ante el aumento de la desigualdad, porque dificulta la participación de amplios sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad que ven afectados sus derechos políticos y
sus libertades civiles. La desigualdad económica produce desigualdad política. La democracia como sistema político queda como algo meramente formal y sin espíritu ante la pérdida de los valores que la sustentan, como son la
solidaridad, la igualdad y dignidad de todas las personas, el respeto al pluralismo y la diversidad, y la garantía de las libertades individuales y colectivas. La democracia como forma de vida, se ve afectada ante la pérdida de confianza de la ciudadanía, por el aumento de formas autoritarias, la corrupción y el conflicto social debido al abandono de los compromisos electorales, donde el diálogo, la convivencia pacífica y la tolerancia para tomar acuerdos quedan mediatizados por la priorización que hacen los políticos de los intereses económicos de la élite, que polarizan, restringen la participación social y la libertad de conciencia.
En opinión del disidente marxista ruso Boris Kagarlitsky, el vaciamiento de la democracia occidental, que se está transformando progresivamente en «una fachada que embellece el feo edificio del Estado corporativo». Sostiene que el debilitamiento de los vínculos entre los ciudadanos y los partidos políticos, sumado a la menor capacidad de organización de las bases, ha erosionado el compromiso político significativo. Los roles tradicionales, como los de militantes e ideólogos, han sido reemplazados por asesores de imagen expertos en medios que priorizan los mensajes superficiales a los discursos sustantivos. Los intentos de fomentar debates públicos significativos se consideran cada vez más como perturbaciones de un sistema que prioriza los intereses comerciales, la previsibilidad y la minimización de los riesgos, al tiempo que sofoca cualquier debate que cuestione la estabilidad social o el statu quo.
Democracia, Partidos Políticos y regulaciones legales
La democracia interna de un país es una de las cuestiones determinantes para la convivencia social. Una democracia integral debe ir más allá de las instituciones y órganos de un Estado, impregnando todos los planos de la sociedad y de sus organizaciones, por lo menos en las más relevantes como son los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones civiles y los partidos políticos.
Algunos detractores de éstos últimos, y de las leyes que los rigen, señalan que han perdido su función social de educar a la ciudadanía en la democracia y que importantes decisiones políticas no son tomadas mediante el ejercicio de la razón y el debate de las ideas, sino por dirigentes que “bajan línea” sobre determinadas materias, sin tomar en cuenta las opiniones de los militantes, que son consultados solamente para legitimar resoluciones tomadas en círculos pequeños, presentando además una rotación de los cargos mínima, un descuido en la inclusión de diversas miradas y espacios geográficos, sin mecanismos efectivos para sancionar la responsabilidad política y económica y favoreciendo proyectos personalistas por sobre los colectivos. El estudio de la organización y los procedimientos internos de los partidos políticos llevó a Robert Michels a elaborar su famosa “Ley de hierro de la oligarquía”, que alude a la burocratización de los partidos y a la casi nula democracia interna en su seno, lo que contribuye al descrédito y crisis actual que atraviesan, además de los altos niveles de desafección política con altas cifras de abstención electoral.
La respuesta del Estado ante tal situación es la obligatoriedad del voto bajo amenaza de fuertes multas.
Esta situación se agudiza aún más al existir leyes que determinan la existencia y funcionamiento de los partidos. En las elecciones del 2021, 12 partidos políticos chilenos, que deben contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del país, perdieron su legalidad, al aplicar uno de los artículos de la Ley 18603 (Ley de Partidos Políticos) que dice relación con mínimos de votación y representatividad, dejándolos fuera de la praxis política, a pesar de ser votados y obtener electos para ser representados (democracia formal) a un segmento de la población, mermando así la expresión de las diversidades ideológicas, la elección de la voluntad popular y la participación política de grupos de militantes o simpatizantes de estas orgánicas. La característica antidemocrática de esta ley, con varias disposiciones que se contradicen con la democratización de estos espacios, debe ser objeto de estudio de todas las orgánicas existentes, por cuanto esta regulación legal es una muestra más de la centralización y el control estatal que impone un modelo de partido político desconociendo que las ideologías existentes derivan en diversas formas de organización partidaria y económica de un partido.
Cuando la ciudadanía es coartada con el discurso del “mal menor”, descubre falta de democracia, disminuyendo su participación y activismo político, porque todo aquello que no se democratice verdaderamente, está destinado a
estancarse, a no cambiar, negando el futuro, condenando al sistema a no tener savia nueva y por ende ser incapaz de enfrentar desafíos nuevos.
Democracia real o participativa
Quienes explícitamente aspiramos y trabajamos para construir una democracia real, buscamos contribuir para que atienda todas las necesidades básicas de todas las personas y que proteja su calidad de vida y sus derechos, porque la democracia de unos pocos no es democracia. Se deben superar las numerosas áreas de la sociedad en las que la participación en la toma de decisiones está restringida sin que exista un sistema de contrapeso. La base de la democracia radica en la existencia de una sociedad civil fuerte y bien ramificada que limita al Estado y controla su funcionamiento. El ejercicio de la democracia real comienza en la base social y es a partir de allí desde donde debe
emanar el poder del pueblo, con mecanismos de plebiscitos y consultas vinculantes e iniciativa popular de ley. Y esto, entendiendo la dificultad que plantea su implementación, no tiene salidas alternativas.
Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública
