El pasado 2 de febrero, una movilización de solidaridad partió desde el municipio de Ocaña hacia El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, con el objetivo de brindar apoyo a las comunidades desplazadas por los recientes enfrentamientos entre grupos armados en la región. Esta iniciativa, que contó con la participación de grupos comunales, instituciones y organizaciones religiosas, refleja la fuerza de la unidad y la solidaridad en un contexto marcado por la violencia y el desplazamiento forzado.
La Asociación Campesina del Catatumbo destacó la importancia de esta movilización, resaltando que la presencia de diversos actores sociales y políticos, unidos en torno a la causa de la paz y el respeto a los derechos humanos, es una clara demostración de que la comunidad no se queda indiferente ante las crisis que afectan a los más vulnerables. «Esta movilización es un ejemplo de la fuerza de la unidad y la solidaridad», declaró la organización, subrayando la necesidad de una respuesta conjunta ante la tragedia humanitaria que se vive en la región.
Una delegación de la ONU también se unió a la caravana humanitaria para hacer un llamado a los actores armados involucrados en los combates a respetar el derecho internacional humanitario. La organización internacional busca, además, facilitar el acceso de ayuda a las comunidades desplazadas, quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad debido al conflicto armado.
Por su parte, la Comisión de Paz del Senado de la República visitó el municipio de El Tarra para pedir el cese de los combates y exigir garantías para que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, expresó su compromiso con las víctimas del conflicto, afirmando que su presencia en la zona tiene como fin «expresar una voz de aliento y solidaridad con las comunidades martirizadas en esa región del país». El municipio de El Tarra ha sido uno de los principales escenarios de enfrentamientos desde el pasado 16 de enero, cuando se intensificaron las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33.
En el mismo sentido, la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, resaltó la importancia de acompañar a los líderes sociales y colectivos que exigen el fin de la guerra y la consolidación de la paz en el país. «Llamamos a construir desde el diálogo y la paz. Ese debe ser el único destino de Colombia», afirmó la congresista durante su visita a la región.
Camilo González, coordinador de la delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogos con el Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el Frente Raúl Reyes, expresó que la caravana tiene como objetivo instar a los actores armados a cesar los enfrentamientos y permitir la atención urgente a la crisis de desplazamiento forzado que afecta a más de 52 mil personas en El Catatumbo. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 24 mil personas permanecen confinadas en sus hogares debido a la violencia.
La caravana humanitaria no solo se ha convertido en un símbolo de solidaridad, sino también en un grito de esperanza para las víctimas del conflicto armado. La región del Catatumbo vive una de las crisis humanitarias más graves del país, y la movilización de apoyo ha sido vista como una acción concreta para aliviar la situación de los desplazados y refugiados.
La caravana culminó ayer, 4 de febrero, pero el mensaje de unidad y solidaridad que ha dejado es claro: la paz y el respeto a los derechos humanos son indispensables para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades más afectadas por el conflicto. La movilización no solo refleja el compromiso de las comunidades y los actores políticos, sino también la determinación de un pueblo que se niega a aceptar la guerra como destino.