Audiencia del próximo 8 de enero determinará suspensión o construcción del proyecto minero Ariana que pone en riesgo el agua para 10 millones de personas.
Este 8 de enero tendrá lugar la última audiencia de segunda instancia del caso Ariana, la empresa minera que pretende explotar cobre en pleno sistema de lagunas de Marcapomacocha, que abastece de agua a Lima y Callao.
La audiencia representa “la última oportunidad de salvar el agua para 10 millones de personas”, según CooperAcción, y en ella se espera el voto dirimente de un quinto juez dado que los votos quedaron empatados en primera instancia.
“Luego de casi seis años de proceso judicial, el voto dirimente de un juez podría ser decisivo para el derecho al agua en cantidad y calidad adecuada para las próximas generaciones. La ciudadanía debe permanecer alerta y vigilante”, señala la organización.
Impactos del proyecto Ariana
El proyecto minero Ariana, de la empresa Southern Peaks, se emplaza dentro de Marcapomacocha, sistema hídrico de donde Sedapal capta agua de la cuenca del Mantaro para desviarla hacia la cuenca del Rímac.
A través de este sistema, Sedapal capta las cantidades de agua necesarias para abastecer a la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes.
Este sistema hídrico está conformado por un conjunto de lagunas, así como bofedales naturales, que son ecosistemas captadores de agua, y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas que alimentan al túnel trasandino Cuevas-Milloc, que la transporta hacia la cuenca del Rímac.
Por esta razón, Sedapal considera que el proyecto Ariana “constituye un grave riesgo podría impactar la calidad y cantidad de agua que reciben Lima y Callao”.
Pese a ello, el proyecto recibió la aprobación de su estudio de impacto ambiental (EIA) en 2016 por parte de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Proceso legal en etapa clave
Fue así que en 2019 un grupo de ciudadanos de Lima interpuso una demanda de amparo contra el proyecto minero, presentando numerosos argumentos técnicos que exhiben el riesgo que representa para las fuentes de agua de Lima y Callao.
En enero de 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto y la realización de estudios hidrogeológicos que determinen el riesgo existente.
Sin embargo, tanto la empresa como el Estado apelaron la sentencia. La audiencia del próximo 8 de enero es la audiencia definitiva de la segunda instancia, y determinará la suspensión o construcción del proyecto.
