El pasado 8 de enero se llevó a cabo la audiencia de segunda instancia por el proyecto minero Ariana que, según los especialistas, representa un riesgo para el abastecimiento de agua en Lima y Callao, que afectaría a más de 10 millones de habitantes. Hasta el momento ha quedado al voto la decisión del quinto juez que decidirá si prosigue o no el cuestionado proyecto.

Sin embargo, argumentos como que “Sedapal (la empresa estatal proveedora del agua potable en Lima Metropolitana y Callao) no está autorizada para hacer informes técnicos” o “que habría una posición antiminera”, podrían haber influenciado en la decisión final.

La audiencia realizada el pasado 8 de enero, a puerta cerrada, contó con la participación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros. ¿Cuál fue su participación? ¿De qué manera defendieron el abastecimiento y calidad del agua de la capital del país y 10 millones de habitantes?

Sedapal: el proyecto constituye un riesgo grave

Según refieren representantes de Sedapal “el proyecto Ariana constituye un grave riesgo porque podría impactar la calidad y cantidad de agua que reciben en Lima y Callao”.

Ello porque el proyecto minero Ariana, de la empresa Southern Peaks, se emplaza dentro del sistema hídrico de Marcapomacocha, del que Sedapal capta agua de la cuenca del Mantaro, para desviarla hacia la cuenca del Rímac y abastecer a más de 10 millones de habitantes.

Cabe señalar que, Marcapomacocha está conformado por un conjunto de lagunas y bofedales naturales, captadores de agua, y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas que alimentan el túnel trasandino Cuevas-Milloc, que la transporta hacia la cuenca del Rímac.

“Hay una posibilidad de que se afecte el túnel trasandino, o que se produzcan filtraciones y se contamine la calidad del agua” señaló Ana Leyva, abogada de CooperAcción.

¿Lógica antiminera?

Las instituciones del sector señalan que no se trata de una lógica “antiminera”, sino por las condiciones de dependencia de agua proveniente de la sierra central que presenta Lima y Callao y que podrían verse afectadas por el proyecto.

“Lima es una ciudad desértica. Si no fuera por el agua que viene de la sierra central, Lima sería una población que no tendría agua” afirmó a su vez Luisa Eyzaguirre, representante del Sindicato Unico de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL).

En el año 2019, el ex viceministro José de Echave y las ex congresistas Marisa Glave y Kathia Gilvonio, con el apoyo de CooperAcción y el Instituto de Defensa Legal interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero Ariana mostrando indicios razonables que mostraban que la construcción de la mina y el emplazamiento de relaves tóxicos en Marcapomacocha pondrían en riesgo las fuentes de agua. Ante eso, la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima ordenó la suspensión del proyecto minero.

Sin embargo, posteriores apelaciones y el pronunciamiento por parte de los magistrados Cueva y Suarez (a favor del proyecto) y Ordóñez y Tapia (a favor de la suspensión) requirió el voto dirimente que se esperaba en la audiencia del 8 de enero.

Próximas movilizaciones

Por su parte y ante la posibilidad de aprobación del proyecto minero Ariana, Jorge Mendoza, vocero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida informó que diversas instituciones vienen coordinando próximas actividades para informar a la población del riesgo que representa el mencionado proyecto.

Estas actividades se realizarán a fines del presente mes y en febrero, con campañas informativas y de sensibilización dirigidas a la población civil y organizaciones sociales de base, para la defensa del agua potable para Lima Metropolitana y Callao.

“El plazo máximo para que emitan la sentencia es de diez días, estamos a la espera. Hay que comenzar a prepararnos y si se aprueba, iremos al Tribunal Constitucional (TC) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); no podemos permitir esta decisión, porque crearía un nefasto precedente para el cuidado del medio ambiente y del agua, un líquido vital para la población” acotó Mendoza.