Pese a confirmar que el proyecto minero Ariana es una amenaza para el agua potable de los peruanos, jueces todavía debatirán en marzo si anularlo o solo suspenderlo.

Un nuevo fallo del Poder Judicial confirma por mayoría (3 jueces contra 2), en segunda instancia, que el proyecto minero Ariana es una amenaza para el agua potable de Lima y Callao; sin embargo, no anula las resoluciones que lo autorizaron.

Aún existen discrepancias entre los jueces sobre si se debe anular el proyecto o solo suspender el inicio de operaciones hasta que haya estudios adicionales que tampoco son definidos en la reciente sentencia.

Los jueces están divididos entre si lo que debería determinar la continuidad del proyecto es un estudio internacional independiente o solo un estudio de impacto ambiental (EIA) complementario a cargo de la empresa y las propias entidades del Estado peruano.

Para resolver estos puntos de discordia, se ha convocado a una nueva audiencia en la primera sala constitucional de Lima para el próximo 7 de marzo a las 9:30 a. m.

“Si el proyecto es una amenaza, ¿no es claro que deberían anularse las resoluciones que lo autorizaron y proteger el sistema hídrico de Marcapomacocha? Más de 10 millones de ciudadanos esperan una respuesta”, indica CooperAcción, oenegé que impulsa demanda junto a la excongresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio.

Alertan que empresa podría seguir con proyecto

Como se recuerda, hasta antes de este reciente fallo, el proceso se encontraba entrampado pues dos jueces habían votado por declarar fundada la demanda contra Ariana, pero otros dos se pronunciaron por archivarla.

Es así que se llamó a una nueva audiencia para dirimir, la cual se realizó el 8 de enero con presencia de un nuevo juez (Romero Roca). Tras varios días, los jueces notificaron su sentencia el 21 de enero.

En la sentencia, Romero le da la razón en parte a los demandantes, al confirmar que el proyecto significa amenaza cierta e inminente de vulneración de los derechos a acceder a agua potable.

Sin embargo, Romero también vota por mantener la validez de las resoluciones del Minem que autorizan el proyecto y solo indica que el Estado “debe suspender el otorgamiento de permiso o autorización final que dé inicio a las operaciones”.

Con esto último, “solo se suspendería el inicio de operaciones, pero -en teoría- la empresa podría seguir adelante con la construcción de los componentes del proyecto minero”, causando desde ya impactos y constituyendo un riesgo para el agua de Lima y Callao, advierte CooperAcción.

Hildebrandt respalda campaña contra “Ariana”

Durante una reciente entrevista con José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, el periodista César Hildebrandt resaltó la necesidad de que la ciudadanía se pronuncie contra el proyecto minero Ariana por poner en riesgo el abastecimiento de agua en Lima y El Callao.

“El proyecto minero Ariana es un grave peligro para Lima” remarcó Hildebrant y agregó que, “es hora que la ciudadanía se pronuncie activamente frente a cosas como estás».

Este proyecto que pretende explotar cobre y zinc se superpone al sistema hídrico Marcapomacocha, conformado por lagunas, bofedales y otros recursos hídricos que abastecen a más de 11 millones de habitantes, por lo cual representa un peligro inminente.

“El sistema hídrico Marcapomacocha es un activo crítico nacional, es decir, es esencial e imprescindible para mantener la economía y cuya perturbación o destrucción generaría un grave prejuicio a nivel nacional”, explicó José de Echave.

Echave negó que su posición sea antiminera, pero alertó que si este proyecto se concreta, Lima entraría en un conflicto por el agua como sucede en otras regiones del país afectadas por la minería.

En diciembre de 2023, CooperAcción presentó el libro “La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito” que explica cómo se autorizó este proyecto minero a pesar de informes de SEDAPAL en el que se alertaba el riesgo para las fuentes de agua; en cómo la Autoridad Nacional del Agua, emitió opinión favorable solo porque no competía con la actividad agrícola; o cómo el Ministerio de Energía y Minas fue juez y parte, aprobando el Estudio de Impacto Ambiental.