Marisol y su hija Aurora¹ son sobrevivientes de violencia de género. A pesar de que Marisol denunció los presuntos malos tratos de su exmarido, la justicia española desestimó sus denuncias, acusándola de manipular el testimonio de Aurora. Al sentirse desprotegida por la justicia, huyó de España para proteger a su hija.
Ahora, Marisol se enfrenta a la obligación de regresar a España, donde corre el riesgo de ser encarcelada y perder la custodia de Aurora.
Marisol y su hija Aurora huyeron de España tras sufrir violencia de género y de que el sistema de justicia no las protegiera. Aunque Marisol denunció los presuntos malos tratos de su exmarido, que duraron 13 años, el sistema judicial español no le creyó. En cambio, la acusó de manipular el testimonio de su hija. Temiendo por la seguridad de Aurora, Marisol no vio otra opción que abandonar el país. Hoy corre el riesgo de verse obligada a regresar a España, de ser encarcelada y de perder la custodia de su hija.
El 13 de enero de 2025, una audiencia crucial determinará si Marisol y Aurora pueden permanecer en Bélgica, donde han construido una nueva vida. En Bélgica se sienten seguras, tienen una comunidad que las apoya e incluso han aprendido el idioma. Aurora quiere vivir allí, sin miedo, junto a su madre. Es crucial permitirles quedarse y protegerlas de los peligros a los que se enfrentan si son devueltas a España.
Desde 2021, varios expertos de la ONU han expresado su preocupación por su situación y han instado al Gobierno español a actuar. Por ejemplo, los relatores especiales sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, así como sobre la tortura, han afirmado que los niños y niñas en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales debido a un sistema judicial que no les protege de los padres maltratadores. Han instado a los tribunales españoles a abordar su sesgo contra las mujeres y a adoptar un enfoque centrado en los niños, las niñas y en el género. Sin embargo, no se han aplicado medidas de protección.
«Queremos estar a salvo donde estamos ahora y quedarnos en Bélgica. Ningún niño ni niña debería vivir esta experiencia. Mi hija quiere vivir sin miedo y sin riesgos. Queremos una vida libre de violencia, juntas, y sentir, por una vez en nuestras vidas, que la justicia es justa y que las víctimas están protegidas», asegura Marisol.
A pesar de que una evaluación oficial del riesgo realizada por la policía española afirmaba que el exmarido de Marisol suponía un “alto riesgo” de cometer “actos de violencia muy graves o incluso letales” contra ella y Aurora, la justicia española se basó en el desacreditado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en su caso. Esta teoría se utiliza cada vez más para acusar a las madres de manipular a sus hijos e hijas en contra de sus padres.
«Este supuesto síndrome no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y carece de toda credibilidad científica. No puede utilizarse para atacar a las mujeres sobrevivientes de violencia de género. Los sistemas de justicia deben abandonar los dañinos estereotipos de género y priorizar la seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos«, explicó Gema Fernández, abogada de la dirección legal para Europa de Women’s Link.
En países como Colombia, la Corte Constitucional ha prohibido el uso del SAP en los procedimientos judiciales, especialmente en las disputas por la custodia. Según la sentencia del tribunal, el SAP “carece de validación científica, menoscaba los derechos de los niños, niñas y adolescentes, perpetúa estereotipos de género nocivos y constituye violencia de género contra las mujeres».
El historial de España en materia de protección de las sobrevivientes de violencia de género dista mucho de ser el adecuado.
«Women’s Link ha representado legalmente a Ángela González Carreño, cuyo exmarido maltratador mató a la hija de ambos antes de quitarse la vida, a pesar de que Ángela había solicitado protección a las autoridades españolas más de 30 veces. Women’s Link llevó su caso ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que dictaminó que España no la había protegido ni a ella ni a su hija«, explicó Gema Fernández.
A pesar de esta decisión histórica de 2014, la situación sigue siendo alarmante y pone de manifiesto el fracaso del sistema a la hora de proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos. En España, en 2023 se denunciaron 179.000 casos de violencia doméstica contra mujeres con hijos e hijas. En el 29% de los casos en los que los padres habían asesinado a sus hijos para violentar a sus parejas o exparejas, las mujeres ya habían denunciado la violencia y, sin embargo, el sistema no actuó. Además, en el 89% de los casos en los que se dictaron órdenes de protección contra padres violentos, no se tomaron medidas para restringir sus derechos de visita con sus hijos e hijas.
Hacemos un llamado a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas², al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, a las ONG y a otros activistas de derechos humanos para que:
- Aboguen por el bienestar de Aurora y Marisol y supervisen la audiencia para garantizar el respeto de las normas internacionales de derechos humanos, incluido el interés superior del menor.
- Colaboren con las autoridades pertinentes para garantizar que tanto España como Bélgica respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales.
- Garanticen que los países de Europa y del mundo aplican medidas efectivas de protección a las sobrevivientes de violencia de género.
Los sistemas de justicia deben dejar de acusar a las sobrevivientes de mentir y empezar a protegerlas. Las mujeres y sus hijos e hijas tienen derecho a vivir libres de violencia. Seguiremos trabajando por un mundo mejor para ellas y ellos.
¹ Se han cambiado los nombres para proteger su identidad.
² Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Relator Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
