El 23 de diciembre de 2024, el presidente Nayib Bukele firmó una nueva ley que permite la explotación minera en El Salvador, una medida que ha generado un amplio rechazo en varios sectores de la sociedad. La ley, que pasó por la Asamblea Legislativa con el apoyo mayoritario del partido Nuevas Ideas, permite la reapertura de la minería en el país, algo que había sido prohibido desde 2017 debido a los riesgos ambientales y sociales asociados a la industria minera.

A pesar del apoyo del gobierno y de su partido, el plan no ha pasado desapercibido. Desde la firma de la ley, numerosas organizaciones sociales, grupos ambientalistas y miembros de comunidades afectadas han salido a las calles en protestas. Bajo el lema «No a la minería, Sí a la Vida», miles de personas han mostrado su descontento, exigiendo que se revoque la legislación y se protejan los recursos naturales del país.

Las manifestaciones se han intensificado en los últimos días, especialmente en la comunidad de Santa Marta, en Sensuntepeque, Cabañas, una de las áreas más afectadas por los proyectos mineros en el pasado. Allí, los residentes han sido particularmente vocales en su oposición a la minería, dada la cercanía de la región a los ecosistemas que podrían verse gravemente perjudicados por la extracción minera.

El fin de semana, centenares de jóvenes, organizaciones ambientales, religiosas y movimientos sociales se congregaron frente a la Biblioteca Nacional en la capital, San Salvador, para expresar su rechazo a la nueva ley. Los manifestantes afirmaron que su objetivo es recolectar al menos un millón de firmas en contra de la ley, un esfuerzo que comenzará formalmente en febrero de 2025. La recolección de firmas se llevará a cabo a través de asociaciones, iglesias de diversas denominaciones religiosas y otros movimientos sociales en todo el país.

El rechazo a la ley no se limita a las protestas. Según Luis González, un destacado ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), las firmas recolectadas se anexarán a una demanda de inconstitucionalidad que se presentará ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La demanda tiene como objetivo impugnar la ley, alegando que viola los derechos fundamentales de los salvadoreños y compromete irreversiblemente el medio ambiente del país. El rechazo también se extiende más allá de las fronteras nacionales. La comunidad de Santa Marta ha expresado su intención de involucrar a los salvadoreños residentes en el exterior en la recolección de firmas, buscando apoyo internacional para frenar la ley.

La minería en El Salvador ha sido un tema polémico desde hace años. En 2017, el país adoptó una moratoria a la minería metálica tras la creciente preocupación por los daños ambientales, como la contaminación de fuentes de agua y la degradación de tierras agrícolas. Esta decisión fue respaldada por una gran parte de la sociedad, especialmente por las comunidades afectadas y las organizaciones que luchan por la protección del medio ambiente.

Sin embargo, la reciente aprobación de la ley ha reabierto el debate. Mientras que el gobierno defiende la minería como una fuente de empleo y desarrollo económico, especialmente en áreas rurales, los opositores argumentan que los riesgos ambientales y sociales son demasiado altos y que la minería traerá consigo más pobreza y destrucción de los recursos naturales.

A medida que las protestas se intensifican, se espera que el gobierno de Bukele enfrente presiones tanto a nivel nacional como internacional para reconsiderar su postura. Si bien la ley ha sido aprobada y firmada, los opositores siguen luchando por revertirla a través de los canales legales y movilizaciones públicas.

El próximo mes de febrero será crucial para las organizaciones que buscan recolectar firmas y presentar su demanda ante la Corte Suprema de Justicia. A medida que el debate sobre la minería en El Salvador continúa, está claro que la batalla por el futuro del país y sus recursos naturales está lejos de terminar.

La lucha por la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades afectadas por la minería continuará siendo uno de los temas más relevantes en el ámbito político y social de El Salvador en los próximos meses. Las protestas y la recolección de firmas son solo el inicio de una serie de acciones que podrían definir el rumbo de la política ambiental del país.