Una gran conmoción e indignación recorre los corazones en Ecuador tras conocerse la confirmación de la Fiscalía este martes 31 de diciembre del 2024 de que los 4 cuerpos encontrados el 24 de diciembre en la localidad costera de Taura corresponden a loscuatro niños desaparecidos en Guayaquil tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre»

Según el alto mando militar, los adolescentes fueron detenidos en un presunto delito flagrante. A pesar de que la Fiscalía desestimó estos cargos y señaló que no hay evidencia de la participación de los menores en hechos delictivos, las últimas tres semanas el país fue víctima de una campaña de estigmatización y desinformación en redes sociales.

La víspera, organismos de Derechos humanos, y familiares de los desaparecidos en Ecuador, organizaciones sociales y ciudadanos realizaron “plantones por los 4 de Guayaquil” en al menos 10 ciudades del país, bajo la consiga “Devuelvan a los niños”. La Asamblea Nacional declaró tres días de luto y el Alcalde de la capital, Pabel Muñoz, declaró: “hemos tocado fondo”.

El mismo 30 de diciembre, 42 Organizaciones de Derechos Humanos hicieron un pronunciamiento público en el caso de la desaparición forzada de los 4 niños de Guayaquil, en el que declararon: “Responsabilizamos al presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2024. La persistente declaratoria de un conflicto armado no internacional, rechazada en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado. Esto ha desvirtuado la misión institucional de las Fuerzas Armadas e instaurado un clima de terror contra la ciudadanía”.

En el año que cierra, Ecuador ha vivido en un contexto de militarización y de grave riesgo para la vida y la integridad de las poblaciones. “Este caso ha demostrado que la movilización de las Fuerzas Armadas no se enmarca en las normas legales y constitucionales de protección de los derechos humanos de las personas y que no cuentan con los protocolos y procedimientos para esas actuaciones”, señalan las organizaciones firmantes.

El 9 de enero de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 111 que declaró por primera vez la existencia de conflicto armado interno en el país, movilizando a las Fuerzas Armadas a escala nacional, incluyendo los centros de privación de libertad. En estas circunstancias, se promovió el uso de la fuerza letal para “neutralizar grupos terroristas”. Las organizaciones firmantes recuerdan que “la declaratoria de ‘conflicto armado interno’ fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, quienes advirtieron que dicha medida ponía en grave riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía”.

La narrativa del delito auspiciada por buena parte de los medios de comunicación y de operadores de redes sociales llenas de discursos de odio, siempre referidas a adolescentes y jóvenes racializados, empobrecidos y marginados por este sistema cruel, no puede imponerse sobre la narrativa de la vida, de los derechos humanos, del horizonte necesario de futuro para nuestros niños y niñas. No puede justificar detenciones arbitrarias y mucho menos, tortura, muerte, incineración.

Hoy, el primer día del año 2025, la tristeza nos oprime, pero la indignación nos levanta y nos urge a actuar en defensa de la vida, de la vida plena y justa para todos, todas y todes. ¡Que no nos paralicen!¡Exigimos verdad, justicia y reparación!

Por Carlos Crespo y Nelsy Lizarazo