Este 10 de enero se cumplió un año del “conflicto armado interno”, declarado por el Presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, abriendo paso a la militarización de la sociedad, con el uso reiterado de “estados de excepción”, graves violaciones a los Derechos Humanos y atentados a la integridad de las poblaciones, según observó a fines de Octubre el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Fue un año cargado de tensión en medio del odio político alimentado por los medios corporativos y las redes sociales, el temor generalizado ante la inseguridad y la creciente pobreza que alcanza casi a cinco millones de ecuatorianos con empleo “inadecuado” (informal). La economía se contrajo en este período a -0.4%, según datos del Fondo Monetario Internacional, con múltiples pérdidas debido a la prolongada crisis energética, por efecto de las políticas de desinversión y negligencia estatal con la infraestructura energética pública, bajo la gestión  de los gobiernos neoliberales de los últimos ocho años.

Por su parte, los datos oficiales registraron 7.000 muertes violentas, colocando a Ecuador como uno de los países con mayor violencia en la región y mostrando la ineficacia y el peligro del uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad ciudadana y penitenciaria. La conmoción nacional con la que cerró el 2024, por el asesinato de los cuatro niños de Guayaquil, aprehendidos por patrullas militares, constituyen un síntoma preocupante del desborde de la fuerza punitiva del Estado en las acciones para combatir la delincuencia organizada, señala el jurista Ramiro Ávila, ex Juez de la Corte Constitucional y catedrático universitario: “esto significa que no estamos protegidos por el uso del “Estado de excepción” ni por las Fuerzas Armadas”.

En este período, el país vio crecer un régimen autoritario, que violó los acuerdos internacionales, con el asalto a la Embajada de México en Quito, que ha puesto en riesgo el Estado de Derecho, en la búsqueda de la reelección presidencial en los comicios de febrero próximo, y que promueve la instalación de una Base militar de Estados Unidos en las Islas Galápagos, contradiciendo la Constitución, que reconoce al Ecuador como “un territorio de paz” y “condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados”.  Ecuador estaría sometido a un juego geopolítico mundial, alimentado por las recientes amenazas de control de territorios en el continente por parte del nuevo presidente Donald Trump.

En estas circunstancias, el año 2025 ha despertado con múltiples voces de las organizaciones de Derechos Humanos, de universidades, juristas, ciertos medios de comunicación y la ciudadanía. Voces que se levantan en medio de la obscuridad, el autoritarismo, la militarización, las múltiples formas de violencia, rechazando la impunidad, las amenazas y anuncios de persecución. La gente se activó y se unió rápidamente con una voz crítica para reclamar respuestas obligando al poder y a las Fuerzas Armas a responder sobre la masacre de los niños de Guayaquil asesinados e incinerados, destaca la cineasta María Fernanda Restrepo, hermana de dos adolescentes desaparecidos, igualmente, en manos de la Policía hace 34 años. ¿Cuánto hemos aprendido en el país?, se pregunta.

En la China Antigua, en tiempos de confusión y desorden, el sabio Lao-Tse recomendaba cómo influir para que un vivir armónico se torne costumbre en el pueblo:

“mayores medios de defensa hay, más desórdenes se apoderan del país;

 mayores habilidades el hombre posee, más cosas fantásticas se generan” (Tao Te Ching).