Por fin un parlamentario de nuestra República se atreve a invocar la movilización del pueblo para que el Gobierno y el Parlamento aprueben aquellas reformas tan demandadas por la ciudadanía, pero burladas por quienes dicen ser sus representantes.

El arrebato de la derecha fue mayúsculo. Inmediatamente sus voceros acusaron airadamente al senador Daniel Núñez de incitar las protestas y, con ello, poner en peligro el estado de derecho que hoy tanto veneran. Para ella, todo lo que sea postergar las reformas económico sociales, justifica dilatar las decisiones, a objeto de que a Gabriel Boric le vaya mal, y el incumplimiento de sus promesas les asegure el próximo retorno a La Moneda.

Terror les produce a estos demócratas impostados que la población se vuelque a las calles para demandar justicia. Solo ellos pueden instar al pueblo a movilizarse si se trata de apoyar un golpe de estado y asegurarse por 17 años que los derechos humanos se vulneren y la democracia quede interdicta mediante la violencia y el fratricidio.

Pero lo más horrible de todo es comprobar a esa cantidad de políticos, ayer allendistas o demócrata cristianos, que han salido impetuosos a coincidir con la derecha, hacer gala de su anticomunismo y abrigar la idea de que el Jefe de Estado se libere de una vez por todas del lastre del PC y del Frente Amplio. Todo indica que con las reformas que sí apura la oposición se logre reducir el tamaño de los ministerios y otras dependencias fiscales, por lo que los cargos públicos por cuotear entre los oficialistas se hagan insuficientes para satisfacer todos sus apetitos.

¡Qué frágil es la memoria política! De golpe y porrazo hay quienes se olvidan de las históricas movilizaciones del salitre, del cobre y del carbón para ganar los derechos laborales y sindicales pisoteados desde los albores de nuestra república. Como si la Reforma Agraria, la Nacionalización del Cobre y tantas otras realizaciones hubieran sido posibles sin los cientos de miles de campesinos, obreros y estudiantes movilizados a lo largo de todo el país. Ejerciendo su legítima presión para que el Poder Legislativo se resolviera lograr mayoría y hasta la unanimidad de sus integrantes para aprobar las reformas.

Nada de esto saben o recuerdan los señoritos de los partidos carentes de ideología, idearios y vocación de servicio público. Nos referimos a aquellas veinticinco colectividades cuyo común afán consiste en permanecer pegados a las ubres del poder. Repetirse el plato en el Gobierno y reelegirse incansablemente como diputados y senadores. Incluso, como alcaldes, gobernadores y concejales, ahora que en el ámbito comunal y regional han mejorado tanto las dietas, y trabajar en cualquier puesto del Estado puede ser más lucrativo que en la actividad privada. Incluso percibir por meses 20 millones de pesos mensuales como embajador de Chile en la República de Venezuela, aunque con residencia en nuestro país.

Qué cobardes nos parecen sus llamados a la inmovilidad, a esperar que transcurran los años y una reforma previsional tan justa y urgente para los pensionados pueda dar a luz en los meros pasilleos de los legisladores, de los mediáticos dimes y diretes de gobernantes y congresistas. Acicateados, siempre, por una prensa que, más que colaborar al bien del país, parece tan interesada en las querellas cupulares y aspiraciones presidencialistas. Como si la política se agotara en las competencias electorales.

Claro; solo si el pueblo permanece quieto, la política y los grandes empresarios podrán convenir una rebaja en los impuestos que pagan las grandes empresas. Así como asaltarle el bolsillo una vez más a los trabajadores, pequeños empresarios y profesionales. Calladitas, asimismo, las organizaciones sociales podrán prosperar esos proyectos ecocidas como Dominga que afectan tanto la naturaleza, la vida de las poblaciones más humildes donde se instalan los despropósitos empresariales. O las inversiones extranjeras tan demandadas por un país que pierde día a día su dignidad y soberanía.

“Que salgan a protestar los jubilados”, dicen los más cínicos. Sabiendo que estos son los más vulnerables y febles en razón de sus edades y miserable sobrevida. Cuando lo que corresponde es que las organizaciones políticas y sociales manifiesten solidaridad con la suerte de sus progenitores. Contrario a lo que se dice, la violencia siempre ha sido consecuencia de la represión, tal como lo fueron, entre otras, las matanzas del Seguro Obrero, de Santa María de Iquique, de La Coruña, Ranquil y tantos otros luctuosos acontecimientos de manos de los presidentes asesinos, soldados y policías serviles al “orden constituido”. Así como lo fue, además, la masacre que siguió al 11 de septiembre de 1973.

Ojalá sea posible que el campanazo de un parlamentario anime realmente una movilización social que por fin abra las “grandes alamedas”, según el deseo de extinto presidente Allende. De otra forma habrá que aguardar por un nuevo y más severo estallido social.