Por Gonzalo Barreno Hernández

A propósito del proyecto de megacárcel en Archidona

Históricamente, Napo ha conseguido que su voz se escuche ante el poder oficial, mediante movilizaciones, paros, plantones, esto es, medidas de hecho adoptadas como última medida para lograr los propósitos de sus pueblos y nacionalidades. Los adultos mayores cuentan, en detalle, esos episodios del pasado, algunos de ellos muy duros que incluyen actitudes y acciones de orden heroico.

Pero, no es que la población de Napo haya escogido esta estrategia para conseguir las obras o el replanteo de las mismas, y no vea que hay otras formas, y no sienta que la mejor de las conductas es la participación democrática y el diálogo. La cuestión es que Napo y la Región Amazónica ha subsistido a pesar del olvido, exclusión e inequidad de los gobiernos de turno.

No hay que preguntar por qué Archidona y los cantones de Napo pliegan a una medida de hecho para salvaguardar sus intereses colectivos, sino por qué hay gobiernos que aún mantienen paradigmas que impulsan el desprecio, el atropello y el qué me importa esa gente, como si no debiera observarse los derechos.

Hasta mediados del siglo 20, la Amazonía y las Galápagos fueron considerados territorios de relleno, una especie de áreas marginales, un patio trasero en donde pueden esconderse las cosas feas, como las cárceles o presidios, tal como ocurrió precisamente en Pastaza y en una de las Islas Encantadas. Es más, un presidente llego a señalar que “el Oriente es un mito”, del cual se espera solo fantasías de la naturaleza y nada más. De allí no vendrá ningún aporte al desarrollo del país, ningún beneficio para la población ecuatoriana.

Ese enfoque cambió radicalmente a partir de la Constitución de 2008, cuando se declara al Oriente como Circunscripción Territorial Especial Amazónica, cuyo objeto es consagrar que: “El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay” (Art. 250).

Desde luego, este cambio en la Suprema Ley no hizo otra cosa que reflejar una nueva valoración que el Estado y la sociedad ecuatoriana hacía tras el aprovechamiento de los recursos petroleros y mineros localizados en suelo amazónico, cuyo aporte a la economía del país se han vuelto vitales, al punto de convertirse en uno de los ejes de los ingresos fiscales, que han servido para hacer obras en todo el Ecuador.

Diez años más tarde, en 2018, se expidió la Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica cuyo marco regulatorio debiera ser el sustento para toda obra en la Amazonía, mucho más para aquellas políticas sociales y de orden económico de incidencia en los pueblos y comunidades de las provincias amazónicas como Napo. Olvidar este marco o infravalorarlo en el análisis y decisiones sobre la impertinencia del proyecto de megacárcel en Archidona puede resultar en actos de deslealtad de la población amazónica y/o de sus autoridades consigo mismos.

En rigor, un proyecto de megacárcel no es compatible en ninguna provincia amazónica si se cumple (como debe ser) el sentido de la Constitución, que ordena priorizar la protección al ecosistema de la Amazonía como horizonte esencial del desarrollo de sus pueblos, en donde cabe solo una forma de apoyar en la superación de la pobreza, mediante la implementación de modelos de producción responsables con la naturaleza, como corresponde al turismo.

Precisamente ha sido Napo, con la iniciativa de su misma gente, la que durante los últimos tiempos ha emprendido en el desarrollo del turismo, sustentado en la obra pública que impulsó nuevas y modernas redes viales, infraestructura de salud, servicios de comunicación, implementación de instituciones educativas. Hoy por hoy, las actividades generadas por el turismo se han convertido en las que más contribuyen a la subsistencia de la población.

Sin duda, solo el poder popular interpelará a las autoridades nacionales, aunque las medidas sean de último apremio como lo que se vive ahora, con la movilización ciudadana y el paro de actividades. No obstante, el sentido de esta lucha social debiera abarcar a todas las voces que provengan de las provincias hermanas de la Amazonía, de las asociaciones de municipios y consejos provinciales. La amazonía ecuatoriana podría, en este contexto de autoritarismo gubernamental, convertirse en dique frente a las conductas dictatoriales del régimen.