Desprecio por los de abajo y obsecuencia para servir a los de arriba: resumen de un año de Javier Milei como presidente. El fondo del problema es a quiénes responde, para quiénes gobierna. Con la complicidad de amplios sectores políticos y judiciales, arremetió contra los pueblos indígenas. Busca profundizar un modelo que asegura dependencia, pobreza y violación de derechos. Más extractivismo y menos democracia.
Cuando la realidad está alterada de forma extrema se hace necesario buscar otras categorías de análisis para pensar, luego hacer y transformar esa realidad. Con una pobreza del 50 por ciento, con un millón de niños sin cenar cada noche, con la quita de remedios a los jubilados y una política que, con complicidad judicial, arrasa territorios, no alcanza con decir que se trata solo de un modelo económico. Otra categoría posible para pensar la realidad: «Nos han declarado la guerra», explicaron en numerosas oportunidades los zapatistas, en referencia a las políticas económicas, sociales y represivas que padecen.
El 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos —y aniversario del regreso a la democracia en Argentina—, el presidente Javier Milei decidió, por decreto, acabar con la Ley Nacional 26.160 que protegía derechos de los pueblos indígenas. Una muestra más del desprecio por los de abajo y su coherencia en servir a los de arriba. Pero Milei no es el mayor problema, sino a quiénes responde y para quiénes gobierna.
En Chubut, el lonko Mauro Millán analiza la última arremetida de Milei y resume: «Nuestra lucha es por la existencia de los pueblos». En la misma Patagonia sucedieron tres asesinatos en la lucha por los territorios en los últimos años: Rafael Nahuel, Santiago Maldonado y Elías Garay Cañicol. Los dos primeros durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de Mauricio Macri. Mismo cargo con el que fue premiada por Milei.
Desde hace años que en Catamarca y en San Juan se denuncia la «dictadura minera», donde las asambleas plantean con claros ejemplos cómo las multinacionales extractivas manejan a su antojo a gobernadores, legisladores y al Poder Judicial.
A quienes viven en ciudades, y a quienes no salen de la realpolitik (más pragmatismo que coherencia ideológica) ni traspasan la General Paz, les parece exagerado hablar de «dictaduras mineras» y de «guerras» por la vida. Quizá unos días en Andalgalá, Salinas Grandes (epicentro de la disputa por el litio), Las Lomitas (Formosa), Aristóbulo del Valle (Misiones) o Las Lajitas (Salta) hagan cambiar de parecer. Lugares donde el poder económico hace lo que quiere, con total complicidad política y judicial.
«Durante la colonia hubo un reparto de regiones y riquezas. El capitalismo actual reconfigura nuevamente el mapa de América, hay un nuevo reparto por intereses económicos, las multinacionales legislan por nuestros legisladores, quienes muy cómodamente sirven a los intereses de esas empresas sin ningún recato», resumió con precisión Marcos Pastrana, abuelo diaguita de Tafí del Valle (Tucumán).
El ataque contra las infancias, los abuelos, las personas con discapacidad, los trabajadores de la economía social y las mujeres —por solo citar a cinco sectores— es dramático.
Como en los años de la dictadura, las alertas llegan desde el exterior. El 4 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por «las decisiones administrativas de Argentina que podrían afectar la protección de los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y su ejercicio del derecho a la libre determinación». Exhortó al Estado a «cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos» de los pueblos indígenas, en particular los referidos a las tierras. Y precisa que el contexto de Argentina es de «retrocesos en el reconocimiento de los territorios indígenas y desalojos forzosos de comunidades en provincias como Jujuy, Río Negro y Chubut».
El Movimiento Nacional Campesino Somos Tierra (MNCI-ST) resumió: «Un año de ataque a la agricultura familiar, campesina e indígena. Alimentos más caros y más hambre». Y apuntaron:
- Crisis alimentaria sin precedentes en nuestra historia reciente.
- 140% de aumento en precio de alimentos.
- 12% de la población pasa hambre.
- 25% de la población sufre inseguridad alimentaria.
- El consumo interno de carne vacuna es el más bajo en 28 años (11% por debajo de 2023).
El periodismo no adicto, que décadas atrás funcionó como un contrapeso, tampoco la pasa bien. «Censura, violencia, precarización y políticas de silenciamiento: la libertad de expresión sufrió un ataque sistemático durante el primer año de gobierno de Milei», denunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Y, algo sabido, si así se vive en la ciudad de Buenos Aires, mucho peor es las provincias.
Alumbra/Minga. Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.
Cómplices, responsables y los de arriba
Javier Milei asumió el poder con solo 37 diputados (sobre 257 bancas) y siete senadores (sobre 72). Sin embargo, obtuvo mayorías parlamentarias junto al PRO, UCR y sectores del peronismo. Así como la compra de votos con «la Ley Banelco» en 2000, los recientes casos del senador Edgardo Kueider y de Cristian Ritondo (jefe de la bancada del PRO) son solo botones de muestra de la casta. Sectores políticos que hablan de «la gente» o de «pueblo», pero no viajan en tren, no se atienden en hospitales públicos y sus hijos no concurren a escuelas públicas. Mucho menos pisan un barrio popular (salvo en elecciones).
En la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, se hizo «normal» ver personas en busca de alimentos en la basura —cuerpos sumergidos en contenedores olorosos—, familias enteras viviendo en plazas y bajo autopistas, cajeros bancarios como refugio de personas sin casa. «Daños colaterales», como llaman en las guerras, para contentar a los especuladores internacionales y al FMI.
“La verdadera división que hay que hacer es entre quienes están con la lucha del pueblo y los que están con la entrega (…) Un dirigente sindical tiene que vivir en la misma condición que los trabajadores a los que representa”, afirmaba el histórico dirigente sindical Agustín Tosco.
La CGT actual, sinónimo de burocracia sindical, no leyó a Tosco y mucho menos sigue su ejemplo. Es cómplice en el padecer de los trabajadores.
El tercer poder del Estado, el Judicial, es el más retrógrado y conservador de los tres. Casos como el de Lago Escondido (donde jueces y empresarios viajaron a la estancia del magnate Joe Lewis en la Patagonia) muestra la connivencia entre funcionarios judiciales y poder económico. Innumerables casos, como lo son el juez Pablo Oritja en San Juan, el fiscal Martín Camps de Catamarca o el Superior Tribunal de Jujuy (puesta a dedo por el entonces gobernador Gerardo Morales).
El plan de Milei es claro. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la avanzada contra los pueblos indígenas tienen el mismo objetivo: hacerse de los territorios para entregárselos a mineras, petroleras, forestales y empresas del agronegocio. Obtener «inversiones» extractivas de enclave, de dólares rápidos para pagar la deuda externa y, al mismo tiempo, acumular consecuencias ambientales, sanitarias y sociales. Y, también, para profundizar la dependencia y la pobreza, lugar asignado a los países proveedores de materias primas.
Si la guerra es contra los de abajo, los aliados y beneficiarios son los de arriba. Desde los Elon Musk hasta los fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, pasando por las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta, Barrick Gold, Río Tinto, Livent y Glencore, entre otras. En lo local, celebran los Eduardo Elsztain, Marcos Galperín, Hugo Sigman y Silvia Gold, Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Luis Pérez Companc (Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y la energética Pecom), Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini, Jorge Brito, Enrique Eskenazi, Carlos Blaquier Arrieta y hermanos (Grupo Ledesma) y Miguel Galuccio (petrolera Vista).
El extractivismo no es un modelo nuevo. Toda la ingeniería legal moderna fue sancionada en la década menemista. E implementada en los territorios durante todos los gobiernos siguientes, incluso más en los autodenominados «nacionales y populares». El «veto Barrick», de Cristina Fernández de Kirchner para favorecer a la megaminería, es un hito histórico.
Tiempos de guerra contra quienes defienden la tierra. En la primera trinchera están las comunidades indígenas, pueblos milenarios que —a pesar de los siglos de represión— saben lo que es resistir y construir futuros.
