Una cosa es que la potencial candidata presidencial de la derecha esté a la cabeza de las encuestas y pronósticos electorales, pero otra muy distinta es que su sector político pretenda tomar el control de la agenda del Gobierno en cuanto a la reforma tributaria y el mejoramiento de las escandalosas pensiones que reciben los jubilados. No hay duda de que, a tres años de la asunción de Gabriel Boric, los partidos de la Alianza por Chile como el Republicano se sacudieron, ya, del miedo que les provocara el triunfo de un joven diputado que prometía un programa vanguardista, así como gobernar con el Partido Comunista y ese grupo de referentes políticos conformados ahora en el Frente Amplio. Como también ocurriera con el Partido Socialista, donde militó Salvador Allende.

Al renunciar el gobierno a la movilización social como acicate fundamental de los cambios, La Moneda se ha visto envuelta por la política cupular y una batahola de negociaciones dentro de un Poder Legislativo en que los sectores retardatarios son mayoría, así como las frecuentes deserciones partidarias de diputados y senadores con que la derecha ha ganado aún más terreno. Todo lo aprobado, entonces, por el Parlamento ha sido morigerado en su contenido inicial, o simplemente postergado con la consecuente decepción popular y deterioro de la imagen gubernamental. Mientras que el discurso reaccionario de la oposición se viste de populismo, y son los líderes de estos sectores los que aventajan al oficialismo en cuanto a resultados y proyecciones electorales.

La misma Reforma Tributaria sirve para apreciar las intenciones de la derecha cuando de parte de sus legisladores y de todo el gran mundo empresarial se le exige al Gobierno rebajar el impuesto a las utilidades de las empresas del 27 por ciento actual al 23, argumentando para ello la necesidad de estimular el crecimiento económico y ponernos en el promedio que pagan las empresas dentro de los países de la OCDE. Sin referirse a los otros indicadores que, por supuesto, demuestran que Chile es el país más rezagado entre los que conforman esta organización. Por lo que su Estado debe necesariamente recaudar más para encarar las urgencias socio económicas.
Lo inquietante es que en algunos encuentros entre el Ejecutivo y las principales organizaciones empresariales se estaría a punto de convenir una rebaja impositiva de tal manera de ubicarla entre el 24 o 25 por ciento. Con lo cual insólitamente podría suceder que un gobierno de inspiración izquierdista termine accediendo a que los empresarios sumen utilidades con esta rebaja impositiva. Sin que, con ello, se obliguen siquiera a mejorar los salarios de sus propios trabajadores.

Pero más increíble parece, todavía, que desde las propias entidades patronales y partidos de derecha se manifieste un tajante rechazo a la posibilidad de elevar los tributos de los que más ganan, como también se ha planteado. Esto es, aprobar un impuesto patrimonial que le permita al Estado recaudar los recursos que perdería con una Reforma Tributaria al gusto de la oposición, de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Confederación de la Producción y el Comercio. Es decir, aprobada por un acuerdo parlamentario cupular sin consentimiento, por supuesto, del pueblo que, en este tipo de materias, no cuenta con encuestas que registren su parecer.
De lo que se trata, en realidad, es de jibarizar el Estado, como que ya se propone, por la prensa y los opinólogos de la Televisión, una disminución de los ministerios ( de 25 a 16), cuanto un drástico recorte de sus correspondientes partidas presupuestarias. Una propuesta que sí concita apoyos ciudadanos, especialmente después de que estallaran aquellos bullados episodios de corrupción como, al conocerse esa masa de operadores políticos contratados por los ministerios y empresas públicas sin que su presencia agilice en nada las operaciones gubernamentales y de las alcaldías. Entidades, estas últimas, constituidas en un verdadero botín para los que ganan las elecciones de ediles y concejales. Consolidando esa “grasa burocrática” como se la denomina, cuyos sueldos escandalizan a los trabajadores del país.

Cuando se constata, además, los elevados “gastos reservados” de algunos funcionarios de confianza del Gobierno, así como de los millonarios ingresos de esa casta de embajadores políticos que poco aportan en materia de relaciones internacionales. En un tiempo en que las comunicaciones son más directas e instantáneas entre los gobiernos. Mucho más efectivas que seguir manteniendo tantas legaciones en el extranjero onerosas y hasta inútiles.
En los meses que le quedan a la actual administración será muy difícil resolver qué orientación tendrá una eventual reforma Tributaria, salvo que el Gobierno se rinda nuevamente a la llamada “política de los consensos”, cediendo a las presiones del empresariado y de la derecha. Lo que supone siempre desoír las demandas populares, decepcionar a los ciudadanos y alentar nuevamente la “alternancia en el poder” o más bien del gobierno rotativo de la centro derecha y de la centro izquierda. Cuyos perfiles ideológicos se hacen prácticamente imperceptibles cuando arriban a La Moneda.