DDHH, Recuento de la década, 14 al 24
En estos días en que a nivel mundial se “celebra” la fecha del acuerdo internacional denominado “La Declaración Universal de los Derechos Humanos” ocurrido en 1948 un 10 de diciembre, da pie para revisar cómo ha estado este asunto en Chile en la última década.
En una primera etapa, que se modifica a partir de la represión estatal de la población manifestante en el estallido de octubre 2019, las temáticas estuvieron marcadas por socializar el lento avance de los juicios y reparaciones de las víctimas de la dictadura cívico militar de 1973 en adelante, y cuando usamos el vocablo lento se hace referencia a 40 años de trabajo en ello por parte de las familias afectadas y sus abogados, frente a una indignante oposición de la política y al alevoso pacto de silencio en las FFAA. Simultáneamente, se revisó y discutió el atropello en curso a los derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescente, como el de las disidencias sexuales, principalmente, con cifras escalofriantes en todos los casos, y con una actuación estatal muy por debajo de las necesidades de esas víctimas (los llamados derechos de segunda generación).
La agenda de DDHH cambia radicalmente con los acontecimientos del estallido social en el país, en donde se suman por miles las víctimas que colocan sus denuncias, que van desde los asesinatos, torturas, violaciones sexuales, mutilaciones oculares y violencias físicas desproporcionadas, como atropellos con vehículos policiales, apaleos y las agresiones “antimotines” con agua y gases lacrimógenos. Una vez más el Estado les da la espalda a las víctimas, declarándoles la guerra desde el ejecutivo, sacando leyes rápidas anti manifestantes desde el congreso nacional y desde el poder judicial un sesgo que encarceló “preventivamente” (sin juicios) a juventudes cuyo denunciante fue el cuerpo policial victimario, y a estos últimos, se aplica nuevamente la desidia y lentitud histórica en sus procesamientos judiciales por violaciones de DDHH.

Las víctimas de la guerra de Piñera.
“Estamos en guerra» fue la desafortunada frase de Sebastián Piñera que dio pie a la vulneración de derechos humanos que terminaron con la vida de 34 personas, con miles de denuncias presentadas ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (6.807 hechos vulneratorios según su balance entregado hace un año). Las acciones más denunciadas fueron golpizas (30,8%), disparos (27,1%), desnudamientos (5,6%), situaciones ocurridas principalmente en espacios públicos, en sitios de custodia o en los vehículos de traslado, que afectaron principalmente a hombres y mujeres entre 18 y 35 años de edad y en menor grado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas LGTBIQ+ y personas migrantes (un porcentaje importante denuncio algún hecho de violencia sexual).
De acuerdo a estas denuncias, entre el 2019 y el 2020, el INDH presentó en Tribunales de Justicia aproximadamente 4.000 querellas por apremios ilegítimos, torturas, violencia innecesaria, más otros tipos de vulneración cuyo resultado es la muerte de siete personas por acción de agentes del Estado. Un 94,8% de las víctimas con algunas lesiones físicas sin resultado de muerte (mayoritariamente víctimas de trauma ocular y lesiones derivadas, estallido ocular y pérdida de visión). A la fecha de su balance, el INDH señala que sólo 33 de estás querellas tienen sentencias condenatorias, firmes y ejecutoriadas.
El 2021 el ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para acusar y juzgar a Sebastián Piñera con sus colaboradores civiles, militares y policiales por “crímenes de lesa humanidad realizados en forma general y sistemática”, durante las manifestaciones del año 2019. En su momento el juez señaló: “Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”. Su presentación respondía a la calificación errónea de los casos como delitos comunes, como a las demoras injustificadas de las instituciones jurídicas, con actuaciones no ajustadas a la necesaria independencia, imparcialidad y el debido respeto por el principio de igualdad, factores que propiciaban su posterior impunidad mediante reglas de la prescripción, aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final.
A pesar de sus argumentaciones, la Corte Penal Internacional desestimó su petición, al no existir suficientes antecedentes sobre situaciones que revistan carácter de delitos sobre los que la CPI tenga jurisdicción.
Por los mismos acontecimientos, Piñera en el año 2023, declaró en calidad de imputado por posibles delitos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la represión del estallido social iniciado en octubre de 2019, que no tuvo ninguna sanción condenatoria antes de su fallecimiento.
Cumplidos ya cinco años del estallido social, aún las víctimas con sus familiares, no encuentran justicia ni reparación integral por los daños recibidos y la impunidad campea en nuestro país. Más aún, han sido victimizados doblemente con los discursos criminalizadores y negacionistas surgidos, principalmente, desde autoridades estatales, políticos de derecha, con la complicidad de los medios masivos de “información”. Esta indefensión, en algunos casos, terminó con el suicidio de algunas víctimas.
Tal como lo señala Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile, en una entrevista de octubre de este año, “La falta de memoria colectiva no sólo es injusta para las víctimas y sus familias, sino que también es peligrosa para la sociedad en su conjunto” y se debe obligar al Estado y a las entidades correspondientes a responder con diligencia para que las víctimas obtengan su derecho a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Las traiciones de La Moneda en DDHH (o las tres R)
En este contexto de violación de DDHH, la promesa electoral de quienes hoy nos gobiernan, fue claramente gestionar prioritariamente la refundación de los estamentos policiales, que, con dependencia directa del ejecutivo (Ministerio del Interior), mostraron una línea de doctrina y desde ella unas actuaciones fuera de todo límite, desde la perspectiva de los DDHH. Ya en dictadura desde estas instituciones policiales, se cruzó todo limite, donde el acto icónico fue el bestial degollamiento de los opositores Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero. Así, no resulta extraño que estas instituciones policiales, sin ninguna intervención estatal para modificar sus doctrinas basales, volvieran a desbandarse durante el estallido social y cometieran las atrocidades ya descritas.
Pero desde La Moneda la promesa electoral de “Refundar”, se modificó rápidamente como discurso a “Reformar” y finalmente acabó siendo en la práctica “Reforzar” a las policías. Estas actuaciones gubernamentales, son parte de los cambios que defiende Boric, argumentando que tales licencias son parte de sus necesarios nuevos emplazamientos, porque él por sobre todo no es un fanático, y además entiende que así es la política de Estado.

Afirmamos, nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otros. (extracto de discurso de Silo en la fundación de la Regional Humanista Latinoamericana)
…” Sucede que nuestro mundo ha cambiado velozmente y conviene revisar algunos puntos que en su momento se constituyeron para nosotros en importantes fuentes de preocupación.
Entrando en tema: en su mensaje al primer congreso de la Internacional Humanista, el Presidente decía: La Internacional ha hecho suya y, por tanto, considera como uno de sus documentos fundacionales, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 por Naciones Unidas.

Desde entonces, hasta el día de hoy, numerosas violaciones a la dignidad del ser humano se han seguido produciendo en todas partes.
Los Derechos Humanos no tienen la vigencia universal que sería deseable porque no dependen del poder universal del ser Humano, sino del poder de una parte sobre el todo y si los más elementales reclamos sobre el gobierno del propio cuerpo son pisoteados en todas las latitudes, solo podemos hablar hoy de aspiraciones que tendrán que convertirse en derechos vigentes. Los Derechos Humanos no pertenecen al pasado, están allí en el futuro succionando la intencionalidad, alimentando una lucha que se reaviva en cada nueva violación al destino del hombre.
Por esto, todo reclamo que se haga a favor de ellos tiene sentido porque muestra a los poderes actuales que no son omnipotentes y que no tienen controlado el futuro. El mundo de hoy no está organizado como los humanistas quieren que se organice. El sistema jurídico de hoy, no es el sistema jurídico que los humanistas proclaman. Pero en tanto esto cambie, los humanistas deben empeñar su esfuerzo por mejorar las condiciones del mundo en que les toca vivir.
De ese modo, se reclamaba por la plena vigencia de los derechos humanos y por un cambio en el sistema jurídico mundial. Por otra parte, se adhería vehementemente al proceso de paz en el mundo” ….

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública