La deuda histórica es el perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que las y los docentes recibieran el reajuste salarial del Decreto Ley N° 3.551, que fue desconocido por sus nuevos empleadores.
Existen fallos entre 1993 y 1998 a favor de los profesores, en que se reconoce la bonificación alegada cuando estaba incorporada como convenio, y que condenan al Estado de Chile al pago de la asignación a los docentes afectados, a través de las municipalidades. Sin embargo, las Municipalidades responsables decidieron no cumplir las sentencias por falta de financiamiento y el Estado no reconoció la deuda alegando que su origen es privado.
El incumplimiento de las sentencias por parte del Estado chileno fue abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus informes del año 2013 y 2019, en los que recomienda que el Estado “tome las medidas necesarias para el pago de los montos reconocidos e individualizados en los fallos judiciales”.
En un fallo de 2021 en el Caso Profesores de Chañaral y otras Municipalidades contra Chile, la CIDH condenó al Estado de Chile por la vulneración a los derechos a la protección judicial y plazo razonable, al no existir mecanismos fácticos ni jurídicos para obligar al Estado al cumplimiento de las obligaciones de las Municipalidades con los profesores afectados.
En 2008 se creó una Comisión especial de deudas históricas en la Cámara de Diputados, la que elaboró un informe que reconoce la validez de la reclamación de las víctimas.

Vale recordar que durante años, jueves tras jueves, se presentó un piquete de profesoras y profesores ante el Palacio de La Moneda para reclamar ante la injusticia de esta deuda pendiente, que el Estado se negaba a asumir.

Es gracias a esa sostenida movilización que hoy el Presidente firmó la propuesta de pago de la deuda histórica que enviará al Congreso para su más pronta aprobación. Ella contempla el pago de un aporte único de 4,5 millones de pesos a cada docente afectado que siga vivo, en dos cuotas, partiendo por el grupo de mayor edad. Contempla además la transmisibilidad en caso de que el titular fallezca durante el proceso. Las y los beneficiarios de la medida serán 57.560 profesoras y profesores afectados vivos.
Su pago se dará en un plazo de 6 años, desde octubre de 2025 a enero de 2031. La propuesta no es extensiva a quienes previamente hayan recibido cualquier otro pago asociado a la deuda histórica. También es incompatible con otras reclamaciones en curso o futuras.
En abril de 2022 se instaló una mesa de trabajo con el Directorio Nacional del Colegio de Profesores y Profesoras desde donde emerge la realización de un proceso público, a través de una página web, para la actualización de la base de datos, con el objetivo de identificar a las y los docentes traspasados a la educación municipal.
La propuesta fue sometida a votación el 28 y 29 de octubre entre aquellos profesores que se vieron perjudicados. En el sondeo, en el que participaron 27 mil docentes, el 82% la aprobó.

Esta propuesta firmada hoy apunta a reparar la deuda histórica que tiene el país con sus docentes, faltando sólo su trámite en el Congreso.

El foto-reportaje es de presidencia.cl