El 30 de diciembre se cumplen 4 años de la sanción de la Ley de Acceso a la  Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina.

La norma legal prescribe que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional y en situaciones de violación o peligro para la vida o la salud de la persona gestante, sin limitaciones de tiempo.

Esta ley, vigente desde su promulgación el 24 de enero de 2021, dispone la obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita a esta práctica por parte de los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga.

Implica también requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la ley.

Fundamental ha sido además la inclusión de la prevención de los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.

Una larga lucha

La historia de la legalización del aborto es muy larga y se enhebra en la lucha por ampliar los derechos de las mujeres, relegadas, discriminadas y sojuzgadas en el marco de un sistema patriarcal.

Algunos de los jalones de esta lucha han sido la obtención de la Ley de Patria Potestad Compartida (1985), la Ley de Matrimonio Civil (1987), la de No Violencia (1994), la Ley de salud sexual y reproductiva (2003) y la de Educación Sexual  en 2006.

La legalización del aborto en Argentina tampoco se logró de un momento a otro. El primer proyecto de ley que introdujo el debate fue presentado por la diputada Florentina Gómez Miranda en 1990.  Cuatro años más tarde, mujeres de todos los bloques políticos impidieron que el texto de la reforma constitucional incluyera una cláusula antiabortista.

En 2005 se creó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una alianza federal de organizaciones y activistas cuyo lema es “educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, que en 2007 presentó su primer proyecto de ley.

En 2018 se desarrolló un intenso debate parlamentario que involucró a actores y organizaciones de la sociedad civil para aprobar una ley que habilite el acceso al aborto seguro y gratuito para todas las personas que lo requieran, en todo el país. El proyecto fue rechazado en el Senado, pero se logró que toda la sociedad argentina debata sobre la importancia de acceder a servicios de aborto seguros.

En 2020, finalmente se logró que la posibilidad de interrumpir de manera voluntaria el embarazo sea consagrada como ley.

Aborto legal: salud pública y libertad

Desde la promulgación de la Ley, según el reciente reporte del Proyecto Mirar Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales (agosto 2024), se han logrado cambios significativos en indicadores como mortalidad materna, fecundidad adolescente y ampliación de los efectores de salud que dan acceso a IVE-ILE.

De acuerdo al informe, reseñado en el sitio de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (REDAAS), algunos de estos avances han sido:

Las tasas de fecundidad específicas de niñas y adolescentes mantuvieron la tendencia al descenso. 

La reducción de 50% de la tasa de fecundidad adolescente observada entre 2018 y 2022 marca un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos. Más aun, se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57%, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. Un descenso de esta magnitud es inédito en América Latina.

El número de muertes maternas por aborto disminuyó, especialmente las relacionadas al aborto médico, otros abortos y abortos no especificados

Los datos muestran que las muertes maternas de causa indirecta (aquellas resultantes de enfermedades existentes desde antes del embarazo o que evolucionaron durante el mismo, y que no se explican por causas obstétricas directas, pero sí fueron agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo) han tenido un comportamiento decreciente en la última década vía el acceso a los abortos permitidos por la ley.

Los servicios de salud pública que realizan abortos se duplicaron en tres años, incrementando las posibilidades de acceso y reduciendo desigualdades

Si se toma como punto de partida el número de instituciones que daban acceso a los abortos previstos en el marco normativo previo a la legalización (año 2020), para finales de 2023 el número de efectores había crecido 2,2 veces.

La tasa promedio para el país es de 17 efectores públicos que proveen IVE ILE por cada 100.000 mujeres en edad fértil, con un rango que varía entre provincias desde 2 a 4 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, a 53 a 57 cada 100.000 mujeres en La Pampa y Mendoza.

Esto se traduce en que más personas acceden a los servicios de salud de forma oportuna y segura, hay menos muertes y complicaciones por abortos inseguros y una mayor libertad para decidir sobre la propia vida.

Retrocesos a partir del gobierno Milei

Según una información publicada por el sitio de noticias Chequeado, el gobierno de Javier Milei, desde que asumió, redujo drásticamente las compras de insumos para la atención de la salud sexual y (no) reproductiva.

En 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE-ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024 ninguno. La caída fue del 100%. Pero no sólo eso, tampoco distribuyó insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, establecido por la Ley 25.673.

La distribución de preservativos se redujo de 4,4 millones a 2,4 millones de unidades; esto es: se registró una caída del 45,5% entre el tercer trimestre de 2023 y mismo periodo de 2024.

La entrega de anticonceptivos inyectables y orales también se redujo en este lapso de tiempo: pasó de 4,9 millones a 2,3 millones de tratamientos entregados entre 2023 y 2024, lo que significa una baja del 53,9%.

De los métodos anticonceptivos de larga duración para las adolescentes -como el  implante subdérmico, que se distribuían  en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) – también hubo una disminución: pasaron de 50 mil a 21 mil. Esto significa un 57% menos.

El gobierno nacional dejó de proveer insumos de manera intempestiva, sin planificación y en el marco de otros recortes presupuestarios que también tuvieron que absorber las provincias.

¡Ni un paso atrás!

La Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo representó un gran avance no solo para Argentina, sino para todo Latinoamérica, una de las regiones más restrictivas en cuanto a los derechos reproductivos, en gran parte por la enorme influencia ideológica y política ejercida por la Iglesia Católica durante siglos.

El actual presidente, en un discurso pronunciado este año a apenas dos días del 8 de marzo, fecha establecida como el Día Internacional de la Mujer, condenó la implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y apuntó contra «los asesinos de pañuelos verdes».

Hipócritamente revestido de una capa publicitaria de supuestas libertades, su programa ultraconservador ya contenía la derogación del aborto en su plataforma electoral en las pasadas elecciones.

La sociedad argentina no debe permitir estos retrocesos que limitan la libertad y el derecho de decidir por parte de las mujeres. ¡Ni un paso atrás!