PIA Global.
Por Oscar Rotundo*. – Este mes de noviembre Nuestra América será sede de dos encuentros al que asistirán diversos líderes que forman parte del G20 y APEC, entre ellos el derrotado Joe Biden y el consolidado Xi Jinping que junto a Vladimir Putin han realizado una exitosa cumbre en Kazán.
Con relación a los anfitriones podemos decir que tanto Boluarte como Lula no están en su mejor momento político, pero la situación de Boluarte reviste una atención particular ya que, en su pretensión de sumar reconocimientos internacionales, ha convocado para la seguridad de la APEC a un contingente de “marines” norteamericanos.
En medio de un descontento social marcado por la miseria y la inseguridad generadas por la aplicación de políticas neoliberales que han reducido la presencia y eficacia que debería tener la institucionalidad del Estado a la hora de garantizarle seguridad a los trabajadores, en este caso del transporte, que son víctimas de la extorsión y el asesinato a mano de bandas criminales, que se han ido consolidando con el correr del tiempo, a la presidenta de facto no se le ocurre otra cosa que convocar a fuerzas extranjeras como agencias de seguridad, para garantizar que las protestas no empañen su pírrico momento de “gloria”.
Es tan cierto esto que, para esta ocasión, la presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, presentaron el 28 de octubre un oficio ante el Congreso para que este permitiera el acceso de militares estadounidenses al país, solicitud que fuera aprobada por el pleno del Poder Legislativo.
Se trata de 600 “marines” que ingresan al país con armamento sofisticado para cumplir distinto tipo de tareas en el marco de garantizar la seguridad del evento APEC. Si bien el gobierno ha tratado de bajarle el tono a esta presencia militar, es evidente que los informes de inteligencia de las fuerzas norteamericanas han generado preocupación pues, los visitantes se presentan con: 2 aviones B-747-200B (VC-25) /4 helicópteros Blackhawk MH-60 / Sistema administrador de datos General Electric T700 (2 por cada helicóptero) / 1 General Electric T700 de repuesto / Diversos equipos de apoyo para aviones y helicópteros / 4 aviones E-3G de Alerta Temprana y Control Aerotransportado (AWACS) / 4 tanqueros tipo KC-135 o KC-10 / 160 fusiles M4 /40 pistolas Glock 19 / 20 pistolas Beretta M9 / 19 pistolas M18 / 12 pistolas M17 / 36 pistolas SigSauer P320 / 18 escopetas Remington / 4 fusiles Francotirador / 6 ametralladoras M249 SAW / 6 mini ametralladoras Dillon 7.62mm / 48 iluminadores infrarrojos / 4 Canes Militares /2 Equipos de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos / 1 Equipo de Evacuación Médica Aérea / 10 camiones de recarga de combustible y equipos de comunicación varios.
Parece un despropósito tener semejante movimiento militar para la protección de los asistentes a una cumbre, pero lo que más llama la atención es que el ejecutivo ponga en ridículo la capacidad de las Fuerzas Armadas y de seguridad peruanas a la hora de resguardar la vida de las personas en un evento de magnitud.
También se conoce el permiso otorgado a un reducido número de militares chilenos que ingresarán con armamentos al puerto de Ilo, en Moquegua, en este caso para participar de un ejercicio de control por derrame de hidrocarburos, denominado ‘Neptuno’.
Seguridad desde las fuerzas extranjeras, parece ser el mismo mantra con el que la fuerza multinacional dirigida por Kenia ingresó en Haití, o en Ecuador donde de la mano de las políticas de sumisión neoliberales llevadas a cabo por el trio Moreno-Lasso-Noboa, el crimen organizado haya hecho pie en la costa pacífico generando desde allí una campaña de asesinatos que desde hace más de un lustro impera en Ecuador, llegando a cerca de 8 mil muertes violentas en el 2024.
En su momento siendo presidente Lasso , el canciller ecuatoriano Gustavo Manrique aclaraba que la presencia norteamericana no significaba la instalación de tropas en el país, sino que ellos “entran en períodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran” bajo la coordinación y vigilancia de las autoridades ecuatorianas “para no perder soberanía”, siendo que la soberanía la perdieron al entregarle gran parte del territorio a las organizaciones delictivas, achicando, desguazando y desfinanciando al Estado en su conjunto, dejando a los sectores más vulnerables de la sociedad a merced de estas bandas, prisioneros de estas bandas que lavan sus ingresos en los bancos de los “criminales de guante blanco”.
Pero, no estamos solamente hablando de una actitud de subordinación hacia Estados Unidos, esta participación de fuerzas militares extranjeras en nuestra región responde a varias iniciativas adoptadas durante el gobierno de Joe Biden, ejecutadas por la hoy remplazada Laura Richardson.
Hablamos de planes como la “Estrategia de los Estados Unidos para Prevenir Conflictos y Promover Estabilidad” de abril de 2022, para actuar ante “la vulnerabilidad de un país o región al conflicto armado, la violencia a gran escala u otra inestabilidad, incluida la incapacidad para gestionar amenazas transnacionales y otras perturbaciones significativas”.
También hay que recordar la “Estrategia de Seguridad Nacional (NSS-2022)”, de octubre de 2022, en la que se presenta la idea de “disuasión integrada” como elemento fundamental de la política de defensa estadounidense, defensa de sus intereses a escala planetaria.
El sector de transportistas y otros gremios peruanos, convocaron a medidas de fuerza para los días 13, 14 y 15 de noviembre cosa que irrita al gobierno que ha salido a descalificar la medida.
Desde septiembre, los transportistas comenzaron los paros en Lima y Callao, exigiendo mayor seguridad para sus trabajadores y para el público usuario, pues son extorsionados por diversas bandas de delincuentes que se manejan con total impunidad y que les piden sumas de dinero para que puedan cumplir con su trabajo, al estilo de las conocidas mafias. De no cumplir, sufren atentados a balazos y explosivos y asaltos violentos a los choferes y pasajeros.
Según la Policía Nacional del Perú (PNP), en promedio se registraban 47 denuncias al día por extorsión en el año 2023, situación que ha ido en crecimiento a mediados de 2024, y varias de esas denuncias correspondían a dueños de flotas de transporte público.
En medio del caos que viven los trabajadores, la presidenta Dina Boluarte llamó a la unidad e instó a los transportistas y otros gremios a no convocar más medidas de protesta, alegando “un paro o dos no resuelve el problema”.
También el premier Adrianzén se refirió a la medida de fuerza expresando, “Tengamos en cuenta que los días que se va a realizar APEC, el Perú va a ser visto por todo el mundo y tenemos que darle al mundo nuestra mejor imagen. Sería muy lamentable que en esos días demos un mal espectáculo”, minimizando grotescamente el reclamo de los trabajadores.
Este foro significa una oportunidad para que el gobierno genere confianza en su política de entrega de los recursos naturales, pues se plantea fomentar el crecimiento económico promoviendo el comercio y la inversión extranjera.
De una manera cosmética y demagoga, el gobierno de Perú lanzará la iniciativa «APEC Ciudadano», con el fin de acercar los beneficios del foro a la sociedad civil mediante actividades académicas y culturales, aunque en realidad lo único que les interesa es seguir con su “plan de negocios” desde el Estado que han usurpado, para beneficio de la clase política enquistada en las instituciones y los grupos económicos exportadores y extractivistas.
Los líderes de las 21 economías que integran la APEC, entre ellas Estados Unidos, China y Japón, quizás no visualicen los reclamos populares expresados en las calles, pero si notarán que Estados Unidos vigila militarmente lo que allí se desarrolle.
Oscar Rotundo* Analista político internacional, editor de PIA Global
