El otoño acostumbra a ser la estación en la que se realiza el simposio anual de la renta básica (RB). Este año también ha sido así. Durante los días 25 y 26 de octubre se realizó el XXIII simposio en Las Palmas. Está vez fue posible en colaboración con ATTAC y el Cabildo insular. El simposio consistió en 5 mesas en los que se abordaron un buen puñado de cuestiones y su relación con la RB. Así, fueron tratados temas como el decrecimiento, la comunicación, la población joven, las personas migrantes, las mujeres, los servicios sociales, el empleo, las desigualdades, el impacto en la salud, la vivienda. En 5 mesas y dos días se trataron estas cuestiones, siempre con la RB como marco o relación con ellas. Fue intenso, sin duda.
El simposio venía precedido de unos años de enérgica actividad por parte de algunos miembros de la Red Renta Básica (RRB) directa o indirectamente relacionados con el trabajo de la Oficina del Plan Piloto para la Renta Básica Universal de la Generalitat de Catalunya que se creó en el año 2021. Una oficina que ha realizado un intenso esfuerzo para estudiar, extender y popularizar el conocimiento de la propuesta de la RB de forma intensiva a lo largo de estos tres años. Esta oficina fue posible gracias al acuerdo de la CUP con ERC para la investidura de Pere Aragonés al inicio de la anterior legislatura catalana. Sabido es que el Partido Socialista desarrolló una larga batalla, con el apoyo de la derecha catalanista y toda la extrema derecha y la derecha extrema españolistas, contra los objetivos de esta oficina y contra el plan piloto que se había acabado de diseñar que contó con el aval entusiasta de la comunidad científica conocedora y diseñadora en algunos casos de los planes pilotos que en los últimos años se han realizado en distintos lugares del mundo. Esta beligerancia contra el plan piloto planeado logró que se abortara cuando ya solamente faltaba su puesta en funcionamiento. Como no hace falta repetir, con las últimas elecciones catalanas del pasado mes de julio, y con la posterior formación de un gobierno del PSC, las perspectivas de vida de este plan piloto son nulas. Si bien el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC incluyó el mantenimiento de la oficina, la destitución semanas después de la formación del nuevo gobierno del que fue director de dicha oficina desde su creación durante los primeros tres años, Sergi Raventós, constataba la voluntad de romper con lo que se había trabajado en este trienio. De momento, no se sabe qué hará esta oficina a partir de ahora, aunque la persona más prudente no duda que haga lo que haga quedará alejado del ambicioso y atractivo proyecto inicial de la Oficina del Plan Piloto. Pronto tendremos informaciones que confirmarán o, sería un placer rectificar, negarán esta previsión.
La nueva Consellera acerca de los costos de administración y gestión de los subsidios condicionados
En algunos grupos formados en las puertas para entrar en el XXIII simposio se comentaba algo que merece ser reproducido aquí. Se trata de unas declaraciones de la consellera de la Generalitat de Catalunya Martínez Bravo. Se había pedido su comparecencia por parte de la CUP con motivo de unas lacras habituales asociadas al IMV y la RGC. Nos referimos a la reclamación de devolución a miles de receptores de la RGC de distintos importes. Más concretamente, el departamento que dirige (llamado de derechos sociales e inclusión) envió cartas a diversas familias pobres pidiendo que devolvieran prestaciones cobradas. Unas 12.500 familias vulnerables recibieron o recibirán próximamente cartas de la Generalitat en las que se les reclama, de media, unos 7.757 euros. Ante esta situación que es difícil de calificar con palabras morigeradas, la nueva consellera tuvo que comparecer para explicar este sinsentido de consecuencias fáciles de imaginar para las personas que recibieron las comunicaciones de devolución. No se trata de algo aislado. Los subsidios condicionados y los que son particularmente malos, como el IMV (que algunos calificaron de salto cualitativo -sic- del estado de bienestar y que al veterano economista Guy Standing le mereció, muy contrariamente, este directo comentario: «una de las medidas más estúpidas imaginables») repiten esta situación. Para los años 22 y 23 tenemos esta situación que resume este cuadro:
Desconocemos la “ojeriza” que puede tener la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sobre el IMV, pero la lectura de sus documentos de opinión no dejan indiferente a nadie, pues son casi un manual de cómo se puede retorcer el diseño de una renta condicionada para impedir que la gente necesitada la alcance ya sea por imposibilidad material de acceder a ella o por el miedo a que luego a casi la mitad se le reclame que devuelva todo o parte del dinero recibido.
En esta comparecencia la consellera alabó al RGC como instrumento fundamental contra la exclusión social (sic) que dicho después de la emisión de las mencionadas cartas por su departamento acredita un especial sentido del humor. Además, aportó de forma indirecta algunos datos muy interesantes a los que nos queremos referir especialmente.
Hagamos una breve contextualización antes de ir a los datos referidos. Sabido es que los subsidios condicionados tipo RGC tienen unos defectos que ya hace décadas se conocen en todo el mundo que los ha practicado. Si el más importante es la trampa de la pobreza íntimamente asociado a la condicionalidad de ese tipo de subsidios, otro es el volumen de los costos de administración y gestión que la condicionalidad también comporta. Los costos de gestión y administración son de los secretos mejor guardados… Pues bien, la consellera afirmó que se necesitarían 2.000 trabajadores para gestionar correctamente la RGC (actualmente dijo que hay 100) y evitar el alto volumen de reclamaciones de devolución de cantidades. Pues bien, un sencillo cálculo tomando como referencia la relación oficial publicada de puestos de trabajo de la dirección general encargada de la gestión nos dice que la media de los costes laborales del personal actualmente asignado sería de casi unos 40.000 euros anuales. Para gestionar 164.000 beneficiarios en 103.000 expedientes y unos 531 millones de euros el 2023, serían necesarios 84 millones de euros anuales más unos 8 millones de euros del Servicio Público de Ocupación de Catalunya (SOC) correspondientes al personal también dedicado a tramitar la prestación en su modalidad “activable”. La suma asciende pues a 92 millones de euros que es el 17% de los 531 millones de euros que supuso la RGC. Un 17% de gastos de gestión y administrativos solamente por esta vía, no es un porcentaje pequeño.
La obsesión por la condicionalidad. ¿Qué hace falta para ver su fracaso?
En los próximos meses se espera que la Generalitat asuma la gestión (que no el pago del subsidio, que seguirá en manos del INSS) del IMV. Esto facilitará, y es una buena noticia, que la concesión de IMV y RGC sea simultánea y evite los problemas de pagos indebidos que se generan actualmente cuando la RGC se concede y paga con unos meses de antelación a la IMV. Como el IMV se paga retroactivamente a partir del mes siguiente de la solicitud se generan parte de estos pagos excesivos que luego se deben reclamar. Pero lo que no va evitar es que el IMV en tanto calcula la cantidad a pagar en función de los ingresos declarados de uno o dos años antes pero luego los ajusta a la realidad finalmente percibida el año anterior¹, esté generando constantemente pagos o cobros indebidos, lo que a su vez genera una regularización inversa en los complementos de la RGC que cobran los beneficiarios que además del IMV pueden recibir la RGC. Un sinsentido infernal que traslada los defectos del IMV a la ya maltrecha gestión de la RGC y donde las víctimas son las familias vulnerables.
Anunció la consejera que se iba a estudiar una amnistía para las reclamaciones de cantidades debidas a la ineficacia de la propia administración. Veremos si es posible hacerlo y distinguir los casos de supuesto fraude del de los involuntarios.
Innecesario es apuntar que Martínez Bravo no se refirió en ningún momento a cualquier proyecto por vago que fuera relacionado con la RB. Para ella se trata de “mejorar” el diseño de la RGC. Mejorar la RGC tiene poco riesgo y el “éxito” está asegurado. La RGC es tan mala que cualquier arreglo la puede mejorar si lo que realmente se pretende es que sea, una vez más con las mismas palabras de la consellera “instrumento fundamental contra la exclusión social”. Pero seguirá siendo un instrumento muy por debajo de lo que se necesita. Parece que el modelo vasco sería para la consejera lo que debería alumbrar el camino a seguir. Hemos publicado muchos artículos que muestran que uno de los mejores ejemplos reales de garantía de rentas de Europa, el vasco, se queda muy atrás respecto a lo que sería necesario, y supuestamente pretende el mismo sistema de garantía de rentas, por ejemplo, aquí. Un sistema que tiene mucho tiempo de experiencia, 35 años, y que ha sido modificado 6 veces. No se trata por lo tanto de “pocos años” para comprobar los resultados, tampoco se trata de que no haya sido modificado unas cuantas veces en estas tres décadas y media para “mejorar” algunos aspectos. Así que no se trata solamente de un “problema de gestión”, es un problema de concepción, es un problema estructural de los subsidios condicionados. Estos mismos días del simposio hemos escuchado por parte de asistentes vascos al mismo los graves problemas, incluso con afectaciones a la salud, que causan las suspensiones de prestaciones que realiza Lanbide (el servicio vasco de empleo) a los beneficiarios de la RGI vasca, siguiendo sistemas de envío de cartas similares a lo que se está realizando con la RGC catalana.
Y debemos recordar que tanto el IMV como la RGC se quedan muy lejos en sus coberturas del total de hogares y personas en situación de pobreza en el Reino de España y en Catalunya en particular (donde además la cobertura del IMV es la más baja del Reino), ya sea medida en términos de pobreza severa o pobreza relativa (40 % o 60% de la renta mediana). No tenemos mucha esperanza de que esta concatenación de fracasos de los que venimos avisando desde la creación de ambos subsidios y que cada vez tienen un coro de críticos más transversal, conlleve una modificación estructural lo suficientemente potente como para eliminar estos graves problemas de non-take-up y ahora además de post-payment-audit o compliance-audit, además de las consabidas trampas de la pobreza que generan. Las cifras son claras, aun con los 164.000 beneficiarios de la RGC y 95.000 del IMV (a los que hay que descontar 12.500 que cobran ambos subsidios), según la última encuesta de condiciones de vida de 2023, en Catalunya existían 575.000 personas bajo el umbral de riesgo de pobreza severa, 1.380.700 bajo el umbral del riesgo de pobreza relativa y 636.700 con privaciones materiales severas.
En los próximos meses también se espera que se reactive la reforma de la ley de la RGC para intentar introducir cierta compatibilidad con las rentas del trabajo. Pero al igual que ocurre con la RGI vasca el vaticinio es que no resolverá los defectos estructurales, que solo un sistema universal incondicional a través de un IRPF reformado podría resolver. Como nos decía un veterano experto y gestor de la RGI vasca: “Cuando leemos informes en los que se pone a esta administración como modelo a seguir para otras comunidades autónomas, por su eficacia y buenos resultados en la lucha contra la pobreza, nos provoca una inmensa tristeza, así como una rabia incontenible».
En el XXIII simposio había algunas personas que han pasado buena parte de sus vidas laborales en la gestión de subsidios condicionados. Quizás pueda resumirse su posición con las palabras que utilizó una de ellas: “si alguna cosa sé porque lo he comprobado muchos años con demasiadas personas afectadas, es que los subsidios para pobres no funcionan por su propia concepción inherente a la condicionalidad”. Desgraciadamente, muchos gestores políticos, como la consellera Martínez Bravo opinan lo contrario y confían en la condicionalidad. Así nos va o, mejor dicho, así les va a los que han caído en la pobreza. ¿Aprender del pasado? ¿Para qué?
¹ La ley del IMV permite la excepción de solicitarlo con una caída de ingresos el mismo año, pero según la 3º opinión de la AIREF, esta posibilidad en la práctica solo se concede a un 2% (dos) de los solicitantes.
