“Aquí se encuentran, entre lamentos de dolor y de ira, las ‘gentes que vivieron sin gloria ni infamia’, mezcladas con los ángeles que no se rebelaron contra Dios, pero no por lealtad, sino para evitar las consecuencias de tomar partido en la lucha entre el bien y el mal”. Dante Alighieri, Divina Comedia.
Por Daniel Raventós, Gustavo Buster, Miguel Salas
Aunque no se puede establecer aun una relación causal directa con el cambio climático, las altas temperaturas históricas del agua en el Mediterráneo y la reducción de la capa de hielo en el Ártico, que se calienta a una velocidad cuatro veces superior al resto del planeta, hace, como señala el investigador Juli G. Pausas, que “el cambio climático incrementa la intensidad y frecuencia de estas tormentas”. 2024 ha sido el primer año en superar la barrera de los 1,5ºC establecida como objetivo techo en los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático.
Pero, de nuevo siguiendo a Juli G. Pausas, una cosa es la intensidad de la DANA agravada por el cambio climático y otra las dimensiones de la catástrofe, que responde a causas económicas, sociales y políticas. Un amplio abanico que va desde la intervención en la cuenca del río Xúquer, con una importante conflictividad social en el proceso de acumulación capitalista de la agricultura de exportación y de producción de energía eléctrica, de la que da testimonio la historia de su Confederación Hidrográfica, hasta los sucesivos procesos y planes de urbanización, con especial intensidad a partir de los años 1980, que han alterado radicalmente el uso del suelo, su morfología y orografía, convirtiendo la renta de la tierra en uno de los principales motores del proceso de acumulación capitalista de la región, desbordando su propia sostenibilidad. No es una historia teleológica, como demuestra que la canalización sur del cauce del río Turia (1966), que ha sido capaz de contener su riada en la actual “gota fría”, fuese el eje de la ampliación urbanística de la ciudad de Valencia y de la extensión a las comarcas rurales del sur gracias al desarrollismo desregulatorio de los PGOU de los años 1980, y que es dónde se ha acabado produciendo la tragedia por la construcción en barrancos y cursos secos, a pesar de la cartografía existente de zonas inundables.
La responsabilidad inmediata de la catástrofe, de una parte importante de los ya contabilizados 214 muertos (41 desaparecidos y 19 cuerpos sin identificar), está evidentemente en la decisión de utilización de las alarmas telefónicas y de las medidas preventivas previstas en los protocolos de actuación. La cronología de las alarmas, reuniones y tomas de decisiones el martes 29 de octubre, en el marco de las competencias estatales y autonómicas, está claramente establecida a estas alturas. Y sin duda darán lugar a responsabilidades políticas, tras las oportunas comisiones de investigación, y penales tras las previsibles denuncias. Pero hay algunas preguntas que saltan a primera vista: ¿por qué suprimió la Unidad Valenciana de Emergencias la Generalitat de Mazón solo unos meses después de ser creada por el anterior gobierno autonómico socialista?; ¿por qué quitó importancia a las alarmas ya emitidas por los servicios meteorológicos de AEMET y la Confederación Hidrográfica Carlos Manzón en sus declaraciones de las 13:00 del martes?; ¿por qué no acude a la hora prevista a la reunión del centro coordinador de emergencias, COCIPE, está ilocalizable durante más de tres horas y solo ordena la alerta por sms a las 20:12 horas, y solicita la intervención de la UME, cuando ya estaba en marcha la catástrofe y se había desbordado el barranco del Poio y suspendido las conexiones ferroviarias?
Fuente: El País
El papel de algunas empresas despreciando la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras obligándolos a ir a trabajar también merece ser destacado. Un buen número de casos aquí.
No es aventurar mucho deducir que, a pesar de las alarmas previas de la AEMET, de las llamadas de la delegada del gobierno central en Valencia a la responsable de emergencias autonómica, la consellera de Justicia Salomé Pradas, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón no comprendió ni la gravedad de la alarma ni el contexto en el que se produjeron. Adicionalmente ha trascendido que el día que empezó la DANA en Valencia, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso Torres, tenía una reunión sobre espectáculos y festejos taurinos. Toda una previsión. La consecuencia en vidas humanas y pérdidas materiales ha provocado desde el primer momento un pulso por trasladar las responsabilidades de la gestión de la catástrofe de la Generalitat valenciana del PP al gobierno Sánchez que continúa hasta hoy. El presidente del PP, Núñez Feijóo, ha intentado contener las salpicaduras de lodo pidiendo explícitamente la declaración de emergencia estatal y la gestión por parte del Ministro del Interior Marlaska, lo que implícitamente es un reconocimiento de la incapacidad y fracaso de Mazón y de la administración autonómica del PP. A pesar de ello ha hecho aprobar en el Senado, gracias a su mayoría, una moción con su plan de medidas alternativo, que en la práctica se reducen a una ayuda directa de 6.000 euros de la Generalitat a los afectados.
Pero cuando se ha producido este debate, a efectos prácticos ya era en buena medida irrelevante tras el despliegue de la UME, socorristas y fuerzas de seguridad y la llegada de miles de voluntarios. A efectos políticos, como se pudo deducir de la mal pensada visita de los Reyes, acompañados de Sánchez y Mazón a Paiporta el 3 de noviembre, se había convertido en el nuevo escenario de la larga campaña de acoso y derribo reaccionaria contra el gobierno progresista, de la mano de la extrema derecha movilizada en medio de los miles de víctimas y voluntarios justamente indignados.
El 5 de noviembre el BOE publicaba el primer paquete de ayudas de emergencia del gobierno central, por valor de 10.600 millones de euros (un 0,7% del PIB). La finalidad inmediata es el mantenimiento de los ingresos para el más de un millón de personas que han visto su actividad laboral paralizada, trabajadores y autónomos, ayudas a las viviendas afectadas de hasta 60.000 euros, de hasta 150.000 para las Pymes, ERTEs con exenciones de pago de las cotizaciones de la Seguridad Social para las empresas y moratorias de pagos de préstamos e hipotecas. El gobierno central ha perdido una vez más una ocasión para decretar una renta básica de emergencia para toda la población afectada. Ya a principios de abril del 2020, en el primer pico de la pandemia en Sin Permiso se publicaba este artículo sobre la situación de paralización de la actividad económica y de los ingresos de buena parte de la población (los no protegidos por sueldos o pensiones públicas o por los ERTEs) y donde se proponía un sistema rápido y ágil para proteger a los desprotegidos (autónomos, parados sin protección, etc…) basado en una renta básica de pandemia. Ahora la paralización ha llegado a una parte importante del territorio valenciano, y con alguna adaptación y cambiar la palabra pandemia por DANA podríamos tener un sistema de actuación para reducir el dolor y la incertidumbre de manera inmediata[1].
Aunque es pronto para evaluar los daños, las primeras estimaciones las sitúan por encima del 20% del PIB de la Comunidad Valenciana (unos 25.000 millones) y la primera solicitud de ayuda al gobierno central de la Generalitat se sitúa en los 34.000 millones de euros, el equivalente a su presupuesto anual.
Más allá de las ayudas de emergencia en noviembre y diciembre de 2024, las ayudas para la reconstrucción y resilencia ante este tipo de fenómenos climáticos a medio y largo plazo, con una planificación y reordenación del territorio, desurbanización de las zonas inundables y la construcción de nuevas infraestructuras exige su incorporación a los presupuestos anuales del estado. El PP ha considerado esta dinámica lógica como un chantaje que condicionaría las ayudas a la aprobación del presupuesto de 2025, del que depende en buena medida la continuidad de la legislatura. Y exige, por su propia dinámica de oposición de acoso y derribo de la coalición progresista de gobierno, leyes específicas para canalizar las ayudas.
A estas alturas de lo sucedido no caben dudas que la reconstrucción de las áreas afectadas, más allá de las ayudas de emergencia, ponen sobre la mesa modelos de país alternativos, entre otras cosas por el negacionismo climático parcial del PP y el completo de Vox. Gran parte de las condiciones causales de la catástrofe de la DANA ha sido la desregulación de la ocupación del territorio y su urbanización sin tener en cuenta los mapas de zonas inundables por la especulación. La reconstrucción, partir de fondos públicos del presupuesto estatal y del Fondo de Solidaridad de la UE, deben de partir de criterios de equidad social y sostenibilidad medio-ambiental, como los adelantados por el ya citado Juli G. Pausas, que solo pueden garantizarse con su incorporación en el presupuesto estatal, debatido democráticamente en las Cortes y trasladado a través de la gestión de un fondo mancomunado a las Comunidades Autónomas con objetivos finalistas que haga que lleguen a las zonas afectadas y puedan ser controlados. La larga historia de corrupción en la Comunidad Valenciana gestionada por el PP, en especial por su sector zaplanista al que pertenece Carlos Mazón, así lo aconseja.
En un marco de polarización y confrontación política total, la DANA solo puede aumentar la “intensidad y frecuencia” de estos fenómenos políticos catastróficos en el escenario del debate de los presupuestos de 2025. Ayudar eficazmente a las personas y territorios víctimas es la mejor forma de bloquear la ofensiva reaccionaria de bulos y manipulaciones de las derechas extremas, con una solidaridad apoyada en la ciencia y en la gestión democrática.
La catástrofe es un shock para toda la sociedad y las fuerzas políticas. La impresionante solidaridad, que los gobernantes de la Generalitat valenciana ni han querido ni han organizado después de que se han visto desbordados por ella, es una expresión de la capacidad y la disposición de la gente para responder. Hace falta que estas explosiones solidarias logren tener un marco continuado y comunitario para romper el déficit de participación ciudadana. Además de las asociaciones de base de todo tipo, de vecinos, culturales, recreativas, sindicales, los ayuntamientos necesitan más medios y más potestad política para organizar a la población y ser la primera respuesta a las calamidades.
Un buen ejemplo de ello ha sido la impresionante manifestación cívica de Valencia el sábado 9 de noviembre para exigir la dimisión de Mazón como presidente de la Generalitat. Más de 130.000 personas, unas 40 organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas, han participado con las consignas “Mazón dimisión” y “No se han manchado de barro, sino de sangre”, exigiendo la coordinación de todas las autoridades y la rápida canalización de las ayudas de emergencia y para la reconstrucción.
La incapacidad del PP valenciano, y por extensión el estatal, para responder a la crisis ofrece una clara imagen de que los recortes, la privatización, la especulación tiene costes en vidas humanas y en la economía de la gente. Las derechas, que desearían el máximo de privatización de toda la sociedad, cuando llegan momentos como este quieren que el Estado responda, cuando ellos mismos lo han vaciado para ofrecer los beneficios a sus amigos los capitalistas. Cada privatización es una amenaza directa para el ejercicio de derechos o para protegerse de una desbocada inundación.
Pero los medios del Estado no son neutrales, las izquierdas no pueden ni deben depositar toda su confianza en las instituciones y en los medios del Estado, necesitan una reconstrucción en el sentido de organizar a las clases trabajadoras y de ofrecer unas alternativas que respondan a los retos actuales: crisis climática, desigualdad, derechos democráticos y sociales… el republicanismo socialista del siglo XXI.
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MAGA
Las catástrofes no suelen ocurrir aisladas y, en este caso, DANA ha venido acompañada por MAGA (“Make America Great Again”) y la aplastante victoria de Donald Trump. Tampoco se puede negar que las señales de alarma fueron tempranas: un legado de Biden cada vez más a la derecha en lo económico y en política exterior, que ha ido reduciendo la base electoral del Partido Demócrata hasta perder en todos los estados péndulo en liza y los sectores decisivos de la clase trabajadora, no solo blanca, sino latina y negra. La corta campaña electoral de Kamala Harris, recuperada por necesidad del olvido como vicepresidenta tras la evidente incapacidad física de Biden, ha sido un testimonio de cómo ha continuado este giro a la derecha, en busca de unos “republicanos anti-Trump” inexistentes, más allá de los ricos donantes liberales que han condicionado por completo su campaña.
Quizás el epitafio más demoledor ha sido el del senador progresista Bernie Sanders: «¿A quién puede sorprenderle que tras olvidar a la clase obrera esta se olvide del Partido Demócrata?”. O dicho en palabras de Michael Ignatieff: “Trump está cosechando las consecuencias de 50 años de negligencia progresista liberal ante la desigualdad”. Y su complementario: la inmensa riqueza que las distintas legislaciones económicas han permitido acumular en unos pocos. Una inmensa riqueza que se convierte en una amenaza (o una realidad ya) a la libertad de la inmensa mayoría. Escribía muy recientemente un ganador del mal llamado Nobel de economía: “Algunos individuos siempre tendrán más poder que otros, pero ¿cuánto poder es demasiado?”. El que precisamente amenaza a la libertad de la mayoría. Recuérdese la sentencia de Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1916 a 1939, que cobra especial relevancia después de la victoria electoral del magnate: “podemos tener democracia o podemos tener riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas”.
Sobre un cambio climático profundo de descontento popular por la caída del nivel de vida en medio de la mayor recuperación económica tras la crisis del Covid, una sensación que Michael Roberts ha llamado “recesionismo”, la campaña de Trump se ha volcado en tres ejes: la gestión económica local y global, la emigración como competencia existencial por recursos escasos y el nuevo estatus de las mujeres, empezando por el derecho al aborto. Con la excepción parcial del tercero, ha conseguido articular un bloque mayoritario de votante que le ha permitido recuperar no solo la presidencia, sino también el Congreso y el Senado, todas las palancas necesarias para una remodelación en profundidad del statu quo interno y global, que puede tener consecuencias catastróficas.
Quizás la mejor forma de preverlas es contrastar la posición de la nueva Administración Trump con lo que son los ejes fundamentales de la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro de NNUU, convertidas en un programa mínimo de supervivencia. La más urgente es sin duda la lucha contra el cambio climático tras la recuperación y crecimiento de las emisiones de CO2. La posición de Trump no es solo la de asegurar la financiación y ampliar la producción de energías fósiles, sino la de permitir la exploración y perforación de nuevos campos de petróleo, con el objetivo de una reducción del precio del barril hasta los 60$. Hasta qué punto esto sea compatible con recuperar competitividad en el sector de la energía renovable y del coche eléctrico frente a China, está por ver, pero anuncia nuevas oleadas de medidas proteccionistas y de tensiones geopolíticas. Si 2024 es el primer año en el que se ha superado el umbral de 1,5ºC de los Acuerdos de París, las políticas climáticas trumpistas anuncian un retroceso y desenganche reaccionario de los acuerdos para una transición verde justa, especialmente para la financiación de la misma de los países del Sur global. La Administración Trump, como la China de Xi, son los factores decisivos para una adaptación al cambio climático hasta el 2050. Pero los umbrales hipotéticos se sitúan desgraciadamente por encima del 1,5ºC y en escenarios trágicos difíciles de pensar.
La crisis de la deuda, que afecta a una cuarta parte de todos los miembros de NNUU, depende para su gestión de una reforma sustancial de la arquitectura financiera internacional, cuyo primer foro específico de debate debe tener lugar en Sevilla en la primavera de 2025. La propuesta de campaña de Trump es una subida lineal de tarifas arancelarias del 21%, y excepcional del 60% para las importaciones chinas. Una guerra comercial de estas características dividirá el mercado globalizado en bloques, acabando con el sistema de preferencias generalizadas y, por consiguiente, de un sistema financiero internacional mínimamente regulado. La reducción del crédito internacional, su condicionamiento a uno u otro bloque económico y comercial, acabará provocando un aumento de la deuda bilateral y del clientelismo jerárquico geopolítico en los nuevos bloques multipolares. Con estados y estructuras multilaterales cada vez más débiles resulta difícil imaginar como luchar contra la desigualdad social creciente, que es el efecto más importante de la concatenación de las tres crisis económicas de la Gran Recesión, el Covid y del coste de la vida. La pobreza rampante, que vuelve a crecer, mina la cohesión social y hace fallidos a los estados, agravando las tensiones geopolíticas, en una espiral de barbarie. ¿Cómo imaginar en este escenario avances imprescindibles, además de la lucha contra el cambio climático, como la preparación contra las nuevas epidemias globales? La respuesta en la campaña de Trump a estas cuestiones ha sido el negacionismo y la reafirmación del excepcionalismo de EEUU, protegido por una barrera aislacionista y una hegemonía militar exterior.
En los tres escenarios geopolíticos decisivos, el posicionamiento de Trump no ha podido ser más preocupante, porque parte de un amplio consenso de las clases dirigentes de EEUU de la necesidad de contención y confrontación con China por una hegemonía unilateral de Washington y el apoyo incondicional a la estrategia de Netanyahu y su gobierno de extrema derecha israelí de acabar con la cuestión palestina y remodelar Oriente Medio con una alianza de Israel y Arabia Saudí que permita un cambio de régimen en Irán. Ambos consensos, como ha advertido Adam Tooze, implican un cuestionamiento global del orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo su estructura institucional multilateral. En el escenario ruso-ucraniano, más allá de las simpatías cruzadas de Trump y Putin, la división entre las clases dominantes en EEUU es mayor. Las ventajas de la continuación de la guerra de Ucrania frente a un cese el fuego y una nueva guerra fría europea son relativas a la hora de imponer los intereses de las clases dominantes de EEUU en una Unión Europea dividida geopolíticamente, en crisis social y económica y en proceso de derechización. Pero el objetivo de debilitar la relación entre Moscú y Beijing puede hacer prevalecer los intereses estratégicos a los tácticos en Europa.
Samuel Farber ha caracterizado a Donald Trump como un “lumpencapitalista”. Comprender su margen de actuación, su reflejo de los intereses de unos u otros sectores de las clases dominantes estadounidenses y globales y su posicionamiento como árbitro bonapartista entre ellos y las clases sociales populares que le han votado exige una caracterización por simple que sea del periodo. La “Larga Depresión” del sistema capitalista mundial es el reflejo de una onda larga descendente que sigue generando endógenamente los mecanismos de su crisis. Si la globalización neoliberal permitió una recuperación que acabó en la financiarización y la Gran Recesión de 2007-2008, las dos crisis posteriores y el aumento incesante de las tensiones geopolíticas han empujado a un capitalismo de amiguetes, un capitalismo político en el que el control del poder determina en buena medida el acceso a porciones significativas de la plusvalía y de las rentas. En esta redistribución hacia arriba por el poder, las grandes perdedoras son las clases trabajadoras en sus niveles de vida, cada vez más hundidas en un pesimismo individualista. Comparadas con las élites neoliberales hayekianas de la época de Thatcher y Reagan, los Elon Musk y cía, que constituyen el círculo de tiza de Trump, suponen un eslabón más lumpen en la evolución de las clases burguesas dominantes del capitalismo tardío.
Su función y destino es ser capaces de encontrar los mecanismos exógenos políticos que les permita una solución a largo plazo para recuperar su poder indiscutido nacional e internacional, imponer sus intereses unilaterales a las soluciones multilaterales imprescindibles para la mayoría de las poblaciones, utilizar la larga crisis geopolítica, económica y social para crear las condiciones de recuperación de su tasa de beneficios en un mundo de competencia global encarnizada y degradación climática. En este escenario, el primero en servirse en la cola es el “lumpen policía” a condición de que haya suficiente para los demás y mantenga alejados, brutalmente si es necesario, a los menos privilegiados. ¿No se parece esto a Trump?
Nota de DANA:
[1] Cómo puede implementarse una renta básica de forma inmediata para hacer frente a la situación de emergencia en la que nos encontramos por la catástrofe de la DANA:
1.La administración abre un período de petición on-line para que toda persona empadronada en los municipios afectados pueda solicitar una RB. Para ello es necesario facilitar una cuenta corriente para cada persona adulta. Se emite por parte del Banco de España una instruccción a todo el sistema bancario por el que se recuerda que legalmente cualquier persona tiene derecho a una cuenta básica sin coste, con independencia de si dispone de NIF o NIE. La RB es inembargable excepto por fraude fiscal posterior a su implementación.
2. La administración hace las comprobaciones electrónicas relativas a las características del hogar al que pertenece el solicitante (cuántas personas adultas y cuantos menores conviven en el mismo) y a todo solicitante se le transfiere sin condiciones. De forma casi inmediata. El importe se fija en función del umbral de riesgo de pobreza (838 euros al mes para un adulto solo) y aplicando criterios OCDE modificados para los hogares o bien se replica el importe del IMV incrementado un 15 % como fija el decreto del 5 de noviembre y se añaden complementos para las familias que viven de alquiler.
3. El pago se prolonga indefinidamente o, como mínimo, hasta tres meses después de que se haya declarado el final de la situación de emergencia.
4. En el ejercicio 2025 y posteriores todas las personas perceptoras deberán presentar su declaración del IRPF. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), proporcionará un borrador a cada contribuyente.
5. Las personas perceptoras de RB y de otros ingresos pagarán IRPF en función del total de ingresos, descontando la transferencia de RB percibida.
6. Las personas que únicamente hayan percibido la transferencia de RB anualizada no pagarán nada por esta declaración del IRPF.
La pandemia fue la primera ocasión reciente para probar los efectos de una RB, y nos encontramos con un IMV que ya se ha evidenciado que ha quedado muy lejos de sus objetivos. El plan para hacer un piloto de RB en Catalunya con poblaciones saturadas (el 90% de la población recibía una RB) ha sido cortocircuitado y posiblemente amputado por el PSC mientras sigue subiendo la pobreza en Catalunya; veamos si ahora se perderá una tercera ocasión para hacer algo diferente y que demuestre que el Estado sí puede funcionar. La alternativa es Trump y sus secuaces, aquí Vox y el PP.
