“El uso de las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir la oposición local a la minería metálica de transnacionales es una tendencia creciente en Ecuador”, denuncia una carta abierta de organizaciones de la sociedad civil y representantes de movimientos sociales, dirigida a fines de noviembre al Presidente Noboa, la empresa Atico Mining Corporation y la Embajada de Canadá en Ecuador. Numerosas organizaciones del país, así como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresan su “profunda preocupación por la militarización, criminalización e intimidación de las personas y comunidades campesinas, montubias e indígenas de la parroquia Palo Quemado”, ubicada en la Sierra central de Ecuador, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi.
La transnacional canadiense Atico Mining pretende instalar el proyecto minero “La Plata” de oro, cobre, zinc y plata en esta zona centro andina, cuyas comunidades locales afectadas se han opuesto firmemente a la minería durante al menos los últimos 40 años, “sobre la base de que las actividades mineras ya han amenazado sus fuentes de agua y las nuevas actividades afectarán la integridad de los ecosistemas circundantes, la calidad del aire y del agua, así como el tejido social de sus comunidades. Ellas temen que sus medios de vida, la cría de ganado y el cultivo de caña de azúcar para producir la panela que exportan a Europa, se ven afectados negativamente”
Mientras en el país se cumple el tercer mes de la mayor crisis energética y las cifras muestran la agudización creciente de la pobreza y altas tasas de emigración, el gobierno del magnate Daniel Noboa decidió el 28 de octubre pasado militarizar la parroquia de Palo Quemado con el fin de concluir el “controvertido nuevo proceso de consulta ambiental”, que permita a este proyecto minero pasar a la etapa de explotación.
En esta fecha el diario Expreso reportó “la llegada de al menos siete camiones militares y varias camionetas con placas cubiertas, acompañadas por funcionarios del Ministerio del Ambiente”. “Este despliegue militar – dice el diario Expreso – , en medio de apagones continuos en la zona, han generado un clima de incertidumbre en toda la provincia, ha despertado el rechazo de la comunidad y reavivado el debate en torno a la explotación minera en este territorio”.
La carta abierta señala que “tras un primer intento fallido en julio de 2023 por implementar este tipo de consulta en la comunidad de Palo Quemado, el gobierno nacional reanudó el proceso de consulta en marzo de 2024, produciendo una represión militar y policía en respuesta a la protesta pacífica, “que dejó al menos 15 herido, una persona en coma y más de 70 defensores del medio ambiente criminalizados”.
La carta abierta hace un llamado a Atico Mining a “cesar el hostigamiento y judicialización que ejerce en las comunidades” y a “cesar sus operaciones y retirarse de Palo Quemado”. Al poder ejecutivo: “anular le proceso de consulta ambiental de la concesión minera La Plata” y “cancelar el acuerdo entre los ministerios de Recursos No Renovables y de Defensa Nacional para el establecimiento de Áreas Reservadas de Seguridad en zonas de 14 proyectos mineros, incluido La Plata.
