Por Victor Gómez Lizama*

La próxima elección municipal, de gobernadores y consejeros regionales se definirá por factores institucionales nuevos, como el voto obligatorio, donde no hay certidumbre sobre los resultados electorales, como también por casos de la coyuntura vinculados a los actos de corrupción.

Existen diversos factores latentes en los que hay poner el foco para analizar las próximas elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales del 26 y 27 de octubre. Por lo pronto, estos comicios se resolverán de forma inédita con inscripción automática y voto obligatorio de los ciudadanos, lo que implica que el caudal de votos se duplicará en participación respecto de la modalidad voluntaria usada en 2021. Según el Servel, existen 15.450.377 personas habilitadas para votar.

Otro factor derivado de las encuestas especializadas se vincula al alto grado de desconocimiento de los candidatos, tanto por el desinterés de los ciudadanos votantes a informarse frente al descrédito de los liderazgos y partidos políticos, como también por la fragmentación de partidos, lo que augura una alta dispersión de votos en candidatos oficialistas, opositores e independientes.

Ni el uso masivo de redes sociales, casi como panacea, ni las formas tradicionales de campaña han llenado los vacíos de información sobre candidatos y sus propuestas. El Informe N° 33 “Claves Ipsos”, de septiembre de 2024, asegura que sólo el 21% de los encuestados está muy informado del proceso. A su vez, el estudio indica que respecto de la pregunta sobre cuáles autoridades se van a elegir, un 83% reconoció que se votará por alcaldes, 55% sabe que se vota por concejales, mientras 42% por gobernadores y 45% por consejeros regionales.

Este factor alimenta las dudas en el electorado, que a días de la votación no tiene definido su candidato. Las encuestas aseguran que el porcentaje de indecisos oscila entre 30% a 40% del padrón, cifra no menor si se anuncian estrechos resultados. Se desconoce, por ahora, el nivel de gasto publicitario de campaña en propaganda de los partidos y de los candidatos independientes.

Otro factor se relaciona con el número de candidatos independientes, que representan una variable relevante en esta elección, en lugar de quienes reconocen militancia partidaria, porque en 11 de los 14 pactos electorales en competencia los candidatos independientes superan a los militantes. En la elección de alcaldes se anotaron 675 candidatos independientes, la mayoría en listas de partidos, lo que representa un aumento de 26% respecto de las elecciones 2021. En tanto, en los concejales 7.511 candidatos se reconocen independientes. Mientras tanto, de los 101 candidatos a gobernaciones, 28 serán independientes en pacto con partidos y otros 10 independientes por fuera; es decir, el 37,6% de las candidaturas.

Finalmente, de manera ineludible estas elecciones serán tensionadas por un contexto marcado por los casos de corrupción pública y privada, y la crisis de seguridad pública ¿Cuánta incidencia tendrán estos elementos sobre los candidatos de oposición y de gobierno? No está claro y es la interrogante a descifrar. Al menos en campaña, la mayoría de los candidatos tomó una posición pública ante estos temas coyunturales.

Todos estos factores enunciados operarán en simultáneo y de manera combinada. Sin embargo, para su examen previo y en el balance posterior es posible efectuar una revisión por separado, a objeto de ver cómo cada uno causará repercusiones en el certamen electoral próximo.

En primer lugar, las municipalidades reflejan con exactitud el ideario de Jaime Guzmán en la Constitución de 1980 en términos de la lógica del liderazgo fuerte, concentrado y con limitada participación popular en el ejercicio del poder estatal. Ello implica una estructura piramidal en todos los planos, asumida por la cabeza ejecutiva del alcalde; con contrapesos internos e institucionales débiles, en los cuales el concejo municipal sólo cumple un rol accesorio.

Los municipios son reductos autónomos en sus  gastos, con escaso control presupuestario, administrativo y de transparencia, lo que facilita los actos de corrupción (cerca de 100 municipios están bajo investigación de fiscalía y varios exalcaldes, condenados), y por, sobre todo, la concepción formal de las municipalidades las relega a ser un organismo mediador-auxiliar entre el Estado central y la población, pero sin la facultad de diseñar y ejecutar políticas públicas propias emanadas de las necesidades comunales.

En el mismo sentido, la crisis de seguridad pública que ha marcado la agenda política en los últimos meses presenta una singularidad que afecta a alcaldes y gobernadores por igual, porque ambas autoridades no tienen el mandato legal sobre policías y organismos de seguridad. Tampoco municipalidades y gobernaciones pueden hacer uso de la facultad coercitiva de la ley. Estos organismos echan mano a importante gasto presupuestario, pero su rol se limita a disponer de cámaras, drones, patrullas, guardias municipales y comités de seguridad, como complementos de fiscalías, Carabineros y PDI, lo que no deja de ser una paradoja para las autoridades locales, que reciben a diario desde sus vecinos demandas por mayor seguridad en sus barrios más aún tiempos de campañas electorales.

En segundo lugar, el poder comunal concentrado en alcaldías y concejales tiene una directa relación con la representación parlamentaria por distrito y circunscripción electoral. Quién gane en estas elecciones municipales tendrá cierta ventaja de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2025 en términos de convocatoria, de recursos financieros y de despliegue territorial. Las plantillas de candidatos se elaboraron bajo esta lógica. Hasta el propio presidente Gabriel Boric se jugó pública y privadamente por lograr una lista de unidad de cara a propiciar la continuidad de gobierno para su sector político. No lo logró del todo.

Incluso, varios asesores electorales sostienen que en la disputa por el número de concejales electos está la batalla territorial que les importa al momento de disputar las parlamentarias y presidenciales. Dicen que con ellos se hacen las campañas en la calle. En el Partido Republicano alientan esta tesis de cara a repetir el éxito logrado en la elección de convencionales en mayo de 2023. Esta vez, este partido de ultraderecha presentó 886 candidatos a concejal.

En la misma cuerda y con un poco más de autonomía y mayor poder financiero aparecen los gobernadores regionales, que también serán electos. En este caso, su relevancia en el andamiaje electoral tiene directa relación con el tamaño poblacional de la región que representan, donde la Metropolitana, Bío Bío y Valparaíso concentran la mayor gravitación electoral. Si el gobierno o la oposición conquistan estas plazas tendrán mayor acceso a una generosa billetera en las campañas 2025.

En tercer lugar, los datos duros de las próximas elecciones indican que existen 1.579 candidatos a alcaldes, de los cuales se eligen 345. A su vez, hay 13.347 candidatos a concejal y se eligen 2.252; otros 101 candidatos a gobernadores, de los cuales se eligen 16; mientras existen 2.515 candidatos a consejeros regionales y se eligen 302, cifras que se expresarán en largas papeletas a la hora de votar y por lo mismo, se definirán en dos días de sufragios.

Con estos números en juego, hay distintos enfoques respecto de qué evaluar para adjudicarse la victoria electoral la noche del 27 de octubre. A quiénes fijan el ojo en las comunas y regiones de mayor densidad poblacional asumiendo que en esas zonas está la mayor población gobernada. Santiago, Maipú, La Florida, Puente Alto, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Temuco, entre otras, marcarán el balance de fuerzas, dato determinante para la elección del año siguiente.

En este escenario, se anuncia que la oposición subirá su votación en zonas con mayor población respecto de 2021, sin embargo, no lograría superar a los candidatos oficialistas. Esto se explica por Chile Vamos, que agrupa a Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evopoli, que sólo irá unido en elección de alcaldes y gobernadores, pero separadoa en concejales y consejeros regionales. Al mismo tiempo, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano competirán con nóminas separadas en las cuatro elecciones. En tanto, Demócratas y Amarillos competirán en otra lista, el mismo camino que tomó el Partido De la Gente.

Respecto del gobierno y sus aliados, la unidad electoral sólo se alcanzó en la lista de alcaldes llamada Contigo Chile Mejor, que agrupó al Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Partido Radical, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista y al Partido Demócrata Cristiano.

Mientras, la fragmentación se impuso en las listas a concejales donde se presentarán a cuatro bandas (Chile Mucho Mejor; Por Chile, seguimos; Tu Comuna Radical; Verdes Liberales por una Comuna Segura). División que también se expresó en las candidaturas a gobernadores en la cual competirán las listas Por Chile y sus Regiones (PS, PPD, FA, PC y AH), Regiones Verdes Liberales (PL y FRVS), Tu Región Radical (PR) y Chile Mejor (PDC).

Por fuera de los grandes bloques participarán la lista Izquierda Ecologista Popular (Partido Popular, Partido Igualdad y Partido Humanista). Además, la alianza Verde Popular y el bloque Izquierda de Trabajadores e Independientes integrada por el Partido de Trabajadores Revolucionarios.

Más de un estudio electoral con trabajo de campo realizado post fiestas patrias y una vez desatadas las revelaciones del caso audios, como también los WhatsApp de Luis Hermosilla, Andrés Chadwick, Manuel Guerra, Ángela Vivanco y un largo etcétera, pronostican un ajustado triunfo de los sectores ligados al gobierno.

Los estudios indican que operaría una especie castigo electoral a la oposición tras las revelaciones públicas sobre corrupción por las cuales Andrés Chadwick renunció a la universidad San Sebastián y a la UDI y, además, declarará como imputado ante fiscalía. A su vez, la Corte Suprema removió a la ministra Ángela Vivanco, que también fue destituida por el Senado. Mientras, de rebote y en una maniobra de secretaria, marcada por la torpeza de los congresistas de gobierno, el juez Sergio Muñoz recibió la misma sanción tras la aprobación de su acusación constitucional.

Así las cosas, la próxima elección municipal, de gobernadores y consejeros regionales se definirá por factores institucionales nuevos, como el voto obligatorio, donde no hay certidumbre sobre los resultados electorales, como también por casos de la coyuntura vinculados a los actos de corrupción de las élites político-económicas, hechos que dañan la democracia alimentando –con justa razón- la decepción ciudadana sobre sus representantes políticos.

La palabra está en los electores como siempre, sólo que esta vez, esa decisión democrática será adoptada en medio de un abundante ruido en el ambiente.

 

*Periodista y profesor Escuela de Periodismo U. de Chile. Documentalista; asesor en comunicación estratégica.