El Perú vive una nueva crisis. Esta vez el detonante fue: la creciente inseguridad y desborde del sicariato, que hoy afecta a empresarios y emprendedores de todo el país; y que ha orillado a los transportistas a paralizar dos días con todas las consecuencias que ello implica.

El jueves 10 y viernes 11 pasados, Lima se paralizó. Los transportistas de diversas líneas que circulan en toda Lima Metropolitana iniciaron un paro como medida extrema para dar solución a la creciente ola de amenazas de extorsionadores “para que paguen cupos”. Los transportistas venían denunciando las extorsiones de las que eran víctimas, pero al no encontrar respuesta, decidieron paralizar.

Crisis anunciada

Y esta situación fue avisada con anticipación. Solo en el año 2023, se alcanzó en la capital 412 crímenes por sicariato, con un crecimiento respecto al año 2022 (que tuvo 367 casos). Estos crímenes son cometidos a cualquier hora del día y con armas de fuego. Los distritos con mayor número de casos son: San Juan de Lurigancho (90 casos), Ate (50), San Juan de Miraflores (38), San Martin de Porres (35), Pachacamac (30); entre otros.

Según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) esta situación presenta una tendencia preocupante por el incremento del crimen organizado en la capital. Y en muchos casos, están vinculados con bandas que operan desde las cárceles.

El caso de los transportistas muestra directamente el desborde que ha alcanzado esta situación, ya que estos refieren ser amenazados por los grupos delictivos para que “paguen o mueran”. Así, el lunes pasado cuatro personas murieron y tres resultaron heridas por disparos contra un chofer y cobradora de una unidad de transporte público.

El paro fue total. Hubo transporte público reducido, se cerraron mercados de abastos sumándose los comerciantes y, los emporios comerciales como Gamarra, se plegaron a las demandas de los transportistas, porque “todos estamos en la misma situación, estamos cansado de que nadie haga nada” señalaban indignados varios pobladores. Pese a la falta de transporte público, la población se movilizó en apoyo a este gremio.

Medidas que debilitan la lucha contra el crimen

Como medida de fuerza, el gobierno de Boluarte declaró la semana pasada en Estado de Emergencia a 16 distritos de Lima y Callao por 60 días; sin embargo, la medida parece ya no disuadir a los criminales.

Asimismo, durante las manifestaciones, se registraron al menos 21 detenciones de ciudadanos, lo que caldeó más los ánimos, debido a que es la población de a pie la que se moviliza en medio de todo, pagando en exceso por la movilidad, y exponiéndose directamente.

Por su parte, el Congreso de la República, promulgó en agosto pasado la polémica Ley 32108, criticada por debilitar la lucha contra el crimen organizado, ya que cambia la tipificación del delito de “organización criminal”.

“La ley 32108 limita su aplicación a delitos con penas mayores a seis años y quedan excluidos los delitos que tiene menos de 6 años de condena como: trata de personas, extorsión, tráfico de órganos, estafa agravada, tala ilegal, tortura, corrupción de funcionarios, entre otros” alertó en su momento el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

En medio de la crisis generada por el sicariato y la extorsión, tanto especialistas como juristas vienen pidiendo la derogación de tan polémica ley; sin embargo, hasta el momento no se considera tal posibilidad.

Finalmente, al cierre de la presente edición el Congreso todavía debatía la incorporación del delito de “terrorismo urbano” en el Código Penal, imponiendo penas de hasta 30 años para los delincuentes. Sin embargo, en el debate, también se incluía peligrosamente el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.