Mayor presupuesto para intervenciones sostenibles, puestos de vigilancia abastecidos y trabajo articulado con guardias comunitarias son algunas de las demandas de indígenas amazónicos para combatir este flagelo.

Un contundente rechazo a la minería en territorio amazónico consensuaron representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana luego de evaluar los impactos sociales y ambientales de esta actividad extractiva.

En una jornada de dos días de trabajo denunciaron la pasividad y complicidad del Estado peruano para combatir la minería ilegal en sus territorios y exigen acciones más severas y articuladas para lograr su erradicación definitiva.

Reunidos en un encuentro en Lima, líderes de gobiernos territoriales autónomos Awajún, Wampis, Shawi y otros, consensuaron un plan articulado y multinivel que comprende acciones hacia adentro, hacia los organismos y espacios internacionales y ante el país.

Anunciaron el fortalecimiento del control territorial mediante sistemas y mecanismos de seguridad propios y autónomos que fortalezcan los gobiernos autónomos y la gobernanza.

Asimismo, un plan de incidencia internacional ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE), la Comunidad Europea, los principales países compradores de oro, y diversas instancias y mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas.

En el plano nacional, denuncian que el Estado peruano se encuentra secuestrado por organizaciones criminales que promueven economías ilegales a costa de la vida y los ecosistemas amazónicos.

Un problema que se expande de manera incontrolable

Todas las regiones amazónicas de Perú están afectadas por la minería ilegal. 9 de cada 10 casos se trata de extracción de oro, principalmente en ríos mediante el uso de dragas.

Toda la extracción de minerales se encuentra inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que fue denunciado por brindar un manto de impunidad a esta actividad delictiva y contaminante.

Una serie investigativa de Convoca.pe señala que en 2023 se exportaron al menos 5 mil 941 toneladas de oro, de los cuales más de 3 mil toneladas son de origen sospechoso.

Ello se debe a la falta de trazabilidad del oro que permite falsificación de facturas de compra y venta del metal, autorizaciones fraudulentas y concesiones fantasmas.

También permite flujos de contrabando, plantas de producción y fundición cómplices y finanzas de organizaciones criminales, controles negligentes y destinos opacos para evadir sanciones económicas y procesos judiciales.

El oro de Perú es exportado a Suiza, Estados Unidos, Canadá, y a través de estos países también llega a India, Emiratos Árabes Unidos, China y Medio Oriente, entre otros.

Perú es el principal exportador de oro de Sudamérica y el reportaje de Convoca.pe indica que el material exportado entre 2013 y 2013 fue más de tres veces el registrado como producido oficialmente.

La trazabilidad de la cadena de suministro es el principal punto flojo en Perú; y esto se debe a que la responsabilidad de la certificación del oro recae en los propios productores y no en el Estado peruano.

Exigencias inmediatas

Una de las principales medidas que exigirán es brindar mayor presupuesto para acciones de interdicción contra la minería ilegal, para que no sean solo ocasionales, sino sostenibles en el tiempo.

“El Estado es muy pasivo, destina 80 millones de soles para interdicciones, pero para represiones sociales destina más de 700 millones de soles”, cuestionó Gil Inoach, del Gobierno Territorial Awajún.

Los indígenas con presencia en Amazonas, Loreto, Madre de Dios y otras regiones amazónicas también exigen el establecimiento de más puestos de vigilancia en puntos críticos y su respectivo abastecimiento de logística.

Además, piden que el trabajo del Estado se dé de forma articulada con las guardias comunitarias que sus organizaciones tienen en el territorio, a fin de unir esfuerzos y fortalecer la lucha contra la minería ilegal.

Los indígenas también cuestionaron la actividad minera legal, pues en muchos casos esta se ha impuesto sin consulta previa ni estudios ambientales, afectando igualmente los territorios de las comunidades nativas, indicaron.

“En la Amazonía peruana hay más de 30 754 concesiones mineras tituladas y 9 428 en trámite; muchas de estas amenazan los territorios de pueblos indígenas”, señaló Tabea Casique, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Las autoridades, líderes y lideresas indígenas de diferentes regiones de la Amazonía participaron en el Tercer Encuentro entre Aidesep y las Autonomías Territoriales, realizado en Lima los días 30 de septiembre y 1 de octubre.

En el evento también participó el vicecoordinador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Jamner Manihuari, quien se comprometió a elevar estas demandas ante instancias internacionales.

La COICA es la organización indígena de mayor trascendencia a nivel amazónico. Representa a más de 500 pueblos de los nueve países que conforman la Amazonía. Su organización representativa en Perú es Aidesep.