El pasado viernes, la comunidad de Santa Marta, en El Salvador, celebró con júbilo la liberación de cinco defensores del agua, quienes estuvieron encarcelados arbitrariamente durante 21 meses. Estos activistas ambientales, pertenecientes a la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), fueron acusados injustamente de asesinato y asociación ilícita. El tribunal finalmente dictaminó que las acusaciones carecían de fundamento, absolviendo a los imputados. Esta victoria, aunque local, ha tenido resonancia global, siendo aplaudida por organizaciones y movimientos internacionales de derechos humanos y ambientalistas.
Los cinco defensores del agua fueron detenidos bajo acusaciones promovidas por la Fiscalía General de El Salvador, que actuó con claros motivos políticos, según denuncian numerosas organizaciones de la sociedad civil. Los cargos en su contra, relacionados con crímenes de lesa humanidad, fueron desestimados por el tribunal, que concluyó que no existía ninguna prueba sólida para respaldar las acusaciones. Además, los supuestos delitos habían prescrito, lo que hacía aún más evidente la falta de justificación legal para la prolongada detención.
ADES, una organización clave en la defensa de los recursos naturales de El Salvador, ha sido un pilar en la resistencia contra la explotación minera y la protección del agua. Vidalina Morales, presidenta de ADES y lideresa histórica del movimiento, expresó su gratitud hacia las organizaciones nacionales e internacionales que, durante más de 20 meses, denunciaron la injusticia de este caso. Morales subrayó que un fallo condenatorio habría sido devastador para los activistas, especialmente debido a las condiciones inhumanas en las cárceles salvadoreñas, que representan un peligro mortal para personas de edad avanzada con enfermedades crónicas.
ADES ahora exige que el fiscal general no apele la decisión del tribunal y que, en su lugar, se disculpe con los cinco defensores y la comunidad de Santa Marta. También reclaman que se enfoquen los esfuerzos en investigar los verdaderos crímenes de guerra, incluyendo las masacres ocurridas en Santa Marta y otras comunidades durante el conflicto armado salvadoreño.
John Cavanagh, del Institute for Policy Studies, celebró el veredicto como un triunfo de la justicia en El Salvador, pero advirtió que la lucha no ha terminado. Según Cavanagh, es crucial garantizar que la persecución contra los líderes comunitarios y el movimiento ambientalista no continúe. Esta victoria no solo significa la liberación de los cinco defensores, sino también un mensaje claro de que los derechos humanos y la protección del medio ambiente deben prevalecer sobre intereses políticos y económicos.
El apoyo internacional ha sido fundamental en este proceso. Movimientos de solidaridad de diversas partes del mundo, incluidas organizaciones mexicanas, han hecho un llamado a respetar el fallo judicial que absuelve a los ambientalistas. Además, han reiterado la importancia de mantener la prohibición de la minería metálica en El Salvador, vigente desde 2017, y de poner fin al «régimen de excepción» que ha llevado al encarcelamiento injusto de miles de personas en el país.
Aunque la absolución de los defensores del agua es una victoria significativa, aún persisten incertidumbres. La Fiscalía salvadoreña tiene la posibilidad de apelar, lo que podría revertir el fallo y prolongar aún más el sufrimiento de estos líderes comunitarios. Rafael Paz Narvaez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, destacó la importancia de que el país se una en defensa de este fallo, que fue tomado por unanimidad por el tribunal.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos siguen vigilantes, dispuestas a acompañar al movimiento en El Salvador para proteger la vida y los derechos de los defensores ambientales. Esta lucha no solo es por el agua y los ecosistemas de El Salvador, sino también por la justicia, la vida digna y los derechos de las futuras generaciones.
La liberación de los cinco defensores del agua de Santa Marta no solo representa una victoria para las comunidades locales, sino que resuena a nivel global como un ejemplo de resistencia y justicia. Este caso pone en evidencia la necesidad de un sistema judicial imparcial y de un compromiso internacional para proteger a quienes luchan por el medio ambiente y los derechos humanos. El camino hacia la verdadera justicia aún está en curso, pero este fallo marca un paso importante en esa dirección.
