El reglamento, pionero en el mundo, tenía previsto entrar en vigor a finales de 2024. La noticia se conoce en un año especialmente devastador para las sabanas y selvas sudamericanas.
Gol de la industria responsable de gran parte de la deforestación de los principales pulmones del planeta, y batacazo de las organizaciones defensoras de los mismos. La Comisión Europea ha propuesto retrasar un año la aplicación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y a la deflagración forestal, más conocido como Reglamento sobre la deforestación importada.
A pesar de que la Comisión ha intentado colar un mensaje en el que asegura que esta “refuerza su apoyo a la aplicación del Reglamento de la UE sobre deforestación y propone un plazo adicional de 12 meses para su aplicación progresiva”, la realidad es que su intento no ha trascendido y las principales cabeceras hablan de cesión ante los lobbies de la agroindustria. Con los nuevos plazos, y si el Parlamento y el Consejo Europeo lo aprueban, la ley comenzaría a aplicarse el 20 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las pequeñas, en ambos casos un año más tarde de lo pactado inicialmente.
Aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2022 y por el Consejo Europeo en mayo de 2023, la nueva ley pretendía ser un referente global y un espaldarazo a la protección de las zonas selváticas y boscosas más importantes del planeta. Con datos apabullantes como que el 90% de la deforestación global se debe a la agroindustria, y que la UE es responsable del 16% de la eliminación de bosques, debido a que es el segundo importador mundial de productos que provocan la pérdida de áreas boscosas en los trópicos, el reglamento pretendía poner coto a una problemática con consecuencias globales.
El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales ha reportado 409.099 incendios forestales entre enero y septiembre, un 89,9% más que el del mismo periodo de 2023
Pero los partidos conservadores se han anotado un nuevo tanto en una Comisión más escorada a la derecha que, al igual que ha ocurrido con la propuesta para rebajar la protección del lobo, no para de hacer guiños a los sectores más antiecológicos del arco parlamentario más a la derecha, que relegan la crisis climática a la cola de las prioridades, cuando no la niegan.
De Bunge, Cargill y JBS al Partido Popular Europeo
La Comisión argumenta que la decisión se toma “teniendo en cuenta los comentarios recibidos de los socios internacionales sobre su estado de preparación”. Sin embargo, en el mismo comunicado reconoce que “todas las herramientas de aplicación están técnicas listas”, con lo que propone que los doce meses adicionales sirvan “como período de aplicación progresiva para garantizar una aplicación adecuada y eficaz”.
Tom Kucharz, consultor para ClientEarth que lleva años siguiendo las negociaciones, lamenta que el retraso se haya hecho “para contentar a las grandes empresas multinacionales —como Bunge, Cargill o JBS— y el Partido Popular Europeo que llevan tiempo haciendo lobby para descarrilar la ley y saboteando los esfuerzos para frenar la deforestación, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad”.
Kucharz denuncia que “el único beneficiario del retraso es la industria responsable de la deforestación (ganadería industrial, piensos, carne, madereros, petroquímica, agrocombustibles, celulosa, automotriz, moda, gran distribución, banca y fondos de inversión)”, mientras que los perjudicados son “las pequeñas empresas y cooperativas, por ejemplo de la producción de café o cacao, que ya han realizado los preparativos para cumplir con el Reglamento europeo”.
Con la decisión, la UE da un nuevo giro contra su propia agenda verde, siguiendo los dictados de los sectores agroindustriales. Las protestas del campo, instrumentalizadas por la extrema derecha, han hecho que varios ministros y países europeos diesen la espalda a la ley ya aprobada y pidieran su retraso. Alemania, en cuyo Gobierno se encuentran Los Verdes, anunciaba hace tres semanas —vía su ministro de Agricultura, Cem Ozdemir— un retraso de seis meses, alegando que las empresas necesitaban más tiempo para prepararse y que “las cadenas de abastecimiento estarán en riesgo de ruptura al fin de año, en detrimento de las economías de Alemania y de la UE, pequeños granjeros en terceros países y consumidores”.
En la misma línea, Brasil presentó en septiembre una petición formal para posponer el reglamento. “El inicio previsto de implementación de la ley contra deforestación por parte de la UE a fines de 2024 representa motivo de seria preocupación para diversos sectores exportadores brasileños y para el Gobierno”, señalaba la misiva.
Un año especialmente devastador para Sudamérica
La decisión de la Comisión llega al mismo tiempo que una ola de incendios asola Sudamérica, con los fuegos intencionados para convertir selvas y bosques en terreno apto para agricultura y ganadería en el punto de mira un año más.
El Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (IBIE) ha reportado 409.099 incendios forestales entre enero y septiembre, un número 89,9% superior al del mismo periodo del año pasado, y el más grande desde 2010. La intensa sequía, que algunas fuentes sitúan como la peor en más de un siglo e incluye al Amazonas, contribuye enormemente a agravar el problema.
Brasil, de hecho, es el país más golpeado, con ecosistemas como la Amazonía, el Pantanal y la sabana de El Cerrado especialmente afectados. En total, según el IBIE, en los nueve primeros meses el país ha sufrido 210.208 focos, más de la mitad de todo el continente, seguido por Bolivia, con 76.717, y Venezuela (39.250).
Tom Kucharz, consultor para ClientEarth, lamenta que el retraso se haya hecho “para contentar a las grandes empresas multinacionales —como Bunge, Cargill o JBS— y el Partido Popular Europeo”
Por su parte, desde WWF, su secretario general en España, Juan Carlos del Olmo, denuncia que “mientras la Amazonía arde por los cuatro costados, la presidenta Von der Leyen cede a las presiones”, calificando la decisión de “inaceptable y vergonzoso paso atrás”.
