Por Luis Mesina
Que en Chile hay jueces honestos, los hay. Que muchos, quizá la mayoría de los funcionarios que desempeñan labores en los diferentes juzgados a lo largo del país, son personas cuya probidad es intachable, no cabe duda.
Los conservadores, los defensores del estatus quo siempre han insistido en el respeto que merecen las instituciones del Estado. Asimismo, toda la “clase política” incorpora dentro de su práctica discursiva la importancia de que el “Estado de derecho” sea respetado.
Sin embargo, en un Estado de derecho no se violan los derechos humanos; existe igualdad ante la ley; los poderes del Estado operan con plena autonomía uno de otro; las organizaciones intermedias de la sociedad participan activamente en las decisiones que involucran sus intereses y derechos; existe plena libertad de prensa.
Es evidente que en Chile ninguno de los supuestos que exige el Estado de derecho para ser tal, se cumplen, al contrario, todos, no son más que un sueño para las mayorías, en particular para aquellos que viven solo de su trabajo.
La corrupción que corroe a las instituciones del Estado está tocando fondo. En el caso del Poder Judicial develó la inmoralidad que poseen algunos de los personeros que forman parte de estas instituciones. Es tal el nivel de impudicia, que en la ciudadanía crece la desconfianza hacia todas las instituciones que conforman el “Estado de derecho”.
Si algo ha quedado claro en nuestro país, es que la justicia solo afecta a quienes la reclaman. Afecta a los sectores que no pueden pagar por corromper. Todo el entramado de los audios de Hermosilla, que involucran groseramente a Chadwick, al exfiscal Guerra y a la exministra Vivanco dicen relación con prácticas que buscaban beneficiar a sectores vinculados al poder.
Es fácil inferir, que muchos de los caminos de las prácticas espurias que se han ido conociendo conducen a Piñera. Queda claro entonces, que detrás de toda esta descomposición está el “dinero sucio”, principalmente el que se mueve en una parte importante del mercado financiero; en el de la especulación; en el de los fondos de inversión, de las corredoras de bolsa, es el mundo de los traders, los bróker, de todos aquellos que obtienen riqueza especulando y al mismo tiempo, destruyendo fuerzas productivas. Ni un solo puesto de trabajo emerge de este mundo hedonista en el que se mueve la especulación financiera.
Solo corrompen aquellos que poseen dinero, reza una máxima. Y claro, de eso no debiese quedar dudas, un pobre, un desempleado, un trabajador que gana el mínimo, incluso el doble del mínimo jamás podrá acceder a beneficios obtenidos por corromper a un juez o a un ministro, simplemente no puede.
Queda claro entonces, que la crisis estructural que vive el país, y en particular en estos momentos el Poder Judicial, no es, precisamente, solo un problema de carácter judicial/penal, es también un problema político, un problema de clase social. Vivanco, Hermosilla y Guerra, incluso el mismísimo Chadwick sirven a sectores acomodados de la sociedad. Sirven a los que fruto, no de su trabajo, al contrario, fruto del trabajo ajeno y de su habilidad para el pillaje, la ratería, la bajeza, logran engañar y comprar a quienes conforman parte de los poderes del Estado.
Juan Carlos Delano, Carlos Eugenio Lavín y Julio Ponce Leroux no gozan de libertad porque sus delitos no hayan merecido la cárcel y, finalmente solo hayan asistido a clases de ética porque lo merecieran, no, ellos, con dinero ajeno, obtenido de granjerías y trampas pudieron “comprar impunidad”, pudieron comprar a sujetos descompuestos como Hermosilla, Vivanco, y Guerra, y quizás cuantos más.
La democracia es el régimen que por antonomasia ha cobijado la idea de “Estado de derecho”. Y nos remarcan que hay que respetarlo. Si el Estado de derecho es solo una ilusión, solo un sueño para las mayorías bien vale la pena preguntarse por lo esencial: ¿existe actualmente en Chile una democracia, o solo es un espejismo? El solo formular esta pregunta, es peligroso. En un país donde ante cualquier asomo de cuestionamiento al “poder constituido”, puede ser objeto de una andanada de descalificaciones. El poder dominante, la elite, que defiende el Estado de derecho, seguramente nos vendrá con el archiconocido relato de que los casos de corrupción, que la ciudadanía está conociendo, son excepciones y volverán a repetirnos la importancia del respeto a la institucionalidad, que la regla de oro es que éstas son fundamentales para la existencia de la democracia, etc. etc. Es decir, un conformismo envuelto en la amenaza permanente, de que no defender las instituciones del Estado, es abrir el camino a los populismos, y en particular, a los populismos de extrema derecha.
Sin embargo, lo correcto debiera ser, preguntarnos, ¿hasta cuándo el pueblo debe tener la paciencia para soportar tanto menoscabo, tanta mentira y tanta descomposición de quienes dirigen el Estado? o ¿Cuánto más, se necesita conocer de conductas reñidas, para que todo el andamiaje institucional se desmorone?
Es necesario acabar cuanto antes con la corrupción. Barrer con lo viejo será necesario para crear lo nuevo. Nada bueno se puede construir sobre la base de instituciones que ya han sido manchadas por la corrupción.
Urge lo nuevo. Son los desafíos de la hora presente.
