• Ayer (17/10) se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y en Almería y Huelva persiste la dura realidad de los asentamientos chabolistas de trabajadores migrantes que trabajan el campo andaluz.
  • La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía está realizando un estudio de campo en los asentamientos donde viven personas migrantes que trabajan en la agricultura andaluza.
  • La entidad denuncia que no ha podido acceder al documento elaborado por la Junta de Andalucía y ha reclamado dicha información a través del Portal de Transparencia.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está actualmente trabajando en la elaboración del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024, “Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería”. Se trata de un estudio de campo que, financiado por Oxfam a través de fondos europeos, pretende arrojar luz sobre la realidad cotidiana de las personas migrantes que trabajan y viven en Huelva y Almería. Se trata de un colectivo imprescindible para la potente industria agroalimentaria andaluza, la cual, a pesar de comercializar sus productos en todo el ámbito europeo, no proporciona unas condiciones de vida dignas para sus trabajadores y trabajadoras.

Tal y como explica la entidad andaluza, “en las entrevistas individuales y en los grupos de discusión que estamos realizando en la provincia de Almería se están constatando las extremas condiciones de vida que sufren los trabajadores y trabajadoras del campo”. APDHA explica que “estas personas se encuentran con importantes barreras en el acceso a los servicios sociosanitarios más básicos” y que “viven con el miedo en el cuerpo por la posibilidad de que sus precarias chabolas sean incendiadas o puedan sufrir, de la noche a la mañana, un desalojo que los deje en plena intemperie y sin ninguna alternativa habitacional”, como ya ha ocurrido en otras ocasiones  

De nuevo este año, APDHA, tras verificar sobre el terreno las condiciones de vida de las personas que habitan los asentamientos, ha contactado con las diferentes administraciones públicas con responsabilidad en la materia, tanto con los ayuntamientos de Níjar y El Ejido como con la propia Junta de Andalucía, para poder conocer los resultados  del estudio previo a la elaboración del primer Plan Andaluz para la Erradicación del Chabolismo, ya que el mencionado documento no es accesible a través de la web oficial del Gobierno andaluz.  En este sentido, la asociación andaluza lamenta “la total ausencia de políticas públicas para ofrecer alternativas dignas a las personas que se ven obligadas a vivir en los asentamientos chabolistas existentes en la provincia de Almería”.

Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama no solo un alojamiento digno para “un conjunto de personas que conforman el principal pilar de la industria hortofrutícola de Almería”, sino también “políticas públicas en materia educativa, sanitaria, social y comunitaria que pongan en el centro los Derechos Humanos de estas personas, con especial atención a niños, niñas y mujeres que se ven obligadas a vivir en lugares segregados y excluidos de los sistemas de protección local, autonómico, estatal y europeo”.

En este sentido, APDHA denuncia que “los planes para la erradicación del chabolismo no pueden consistir en la demolición de las chabolas sin ofrecer una alternativa habitacional digna y consensuada para este colectivo”, como ya ha sucedido en varias ocasiones. Así lo reconoce el reciente I Plan Local Integral para la Erradicación de Asentamientos Chabolistas en el término municipal de Níjar, al que sí ha podido acceder APDHA, y que señala como medida a implementar, sin concretar cuándo ni cómo, la creación de un protocolo de desalojos que corrija “las posibles” deficiencias anteriores. Dicha medida, aún sin definir, deja entrever cierto enfoque punitivista, cuando menciona en primer lugar el papel del Área de Seguridad para llevar a cabo la erradicación de asentamientos, citando por último a los Servicios Sociales. APDHA señala que “no habría necesidad de contar con las fuerzas de seguridad si a las personas afectadas se les ofrecieran realmente alternativas dignas que atiendan a sus necesidades”. “¿Quién prefiere vivir en una chabola?”, se preguntan desde la asociación.

La entidad andaluza quiere denunciar también “la falta de transparencia de las administraciones públicas” y señala que ya ha presentado ante el Portal de Transparencia estatal una petición de información dirigida a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Se reclama a la Junta información relativa al Presupuesto del I Plan Andaluz para la Erradicación del Chabolismo; la relación de 125 medidas específicas anunciadas por el ente autonómico; los censos de población realizados en los asentamientos de Almería y Huelva; los censos de tarjetas sanitarias y de escolarización elaborados en dichos asentamientos; y la relación de colectivos y organizaciones sociales que intervienen y trabajan con el colectivo.

Según explican desde APDHA, “el Plan Andaluz para la Erradicación del Chabolismo no es más que un brindis al sol, puesto que los avances y antecedentes del mismo no son accesibles a la ciudadanía y la realidad demuestra que las condiciones de vida de los jornaleros y jornaleras migrantes no han mejorado lo más mínimo.  Una vez más, “las actuaciones de los gobiernos van encaminadas a invisibilizar estas realidades” y cumplir de cara a la galería. La entidad recuerda a las administraciones públicas que facilitar el acceso a viviendas en condiciones dignas “es una cuestión de justicia y de cumplimiento de la legalidad vigente y, por tanto, no se trata de caridad o de buena voluntad”.

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