El Poder Judicial en Chile no constituye un poder independiente desde el mismo momento en que los integrantes de su Corte Suprema son nominados por el Gobierno y el Senado de la República. Por varias décadas la renovación de los jueces supremos ha impedido la plena separación de los poderes del Estado, mediante un proceso político en que las mayorías y minorías parlamentarias negocian nombres no tanto en virtud de los méritos profesionales de quienes se postulan a estos cargos, sino conforme a sus orientaciones ideológicas. Incluso si se es católico, judío o masón resulta ser un factor muy importante para arribar a nuestro máximo tribunal.

Es muy conocida la existencia de lobistas dedicados a proponer postulantes y conseguir el apoyo de los legisladores como del propio Palacio de La Moneda. En una faena, naturalmente, en que se destacan algunos renombrados abogados, entre los que se cuenta el penalista Luis Hermosilla.

La desclasificación de los archivos de su teléfono celular, especialmente de sus chats de WhatsApp, así como las versiones periodísticas derivadas de estos contenidos, tienen actualmente a la política y la judicatura en una de las crisis más severas de nuestra historia institucional. Por largos años se le ha hecho ver en vano a los políticos chilenos la necesidad de modificar el sistema de designación de los jueces, nombramientos de conservadores y notarios como de otros apetecidos cargos públicos.

Sin embargo, en cada oportunidad la reforma ha fracasado al no existir voluntad en la clase política de renunciar a uno de sus más poderosos privilegios, como es el de ganarse la voluntad de los jueces y conseguir el sobreseimiento, la sanción mínima o, incluso, la impunidad de los delitos cometidos por los que se conocen como “delincuentes de cuello y corbata”. Entre los cuales el país sindica claramente a gobernantes, legisladores y dirigentes partidistas.

Los sondeos de opinión pública nos dicen que los chilenos, en más de un 80 por ciento, no creen en la imparcialidad de los Tribunales, así como ya es un lugar común afirmar que tenemos una justicia para pobres y otra para ricos, así como cárceles para estos y aquellos. Severidad para los infractores comunes, como benevolencia para los violadores de los Derechos Humanos. Entendiéndose, entre ellos, a militares y policías que han infringido severamente la Ley.

Los escándalos ventilados por algunos medios electrónicos y las redes sociales tienen, por fin, bajo proceso y cárcel al propio Hermosilla, como a varios de sus secuaces. Así, también, a un pequeño grupo de empresarios y funcionarios públicos imputados por soborno, enriquecimiento ilícito, fraude al Fisco, violación del secreto profesional, lavado de activos y otros gravosos delitos.

Con las grabaciones recogidas del celular de abogado lobista, a diario saltan más y más nombres, así como va despejándose la tenebrosa red de autoridades comprometidas en sus graves contravenciones. Ya hay tres integrantes del máximo tribunal que son investigados por sus propios colegas y muy próximamente encauzados por sus gravísimas faltas, entre los que se destaca sus reiteradas prevaricaciones. Delito muy bien representado, por ejemplo, en una sentencia dictada a toda velocidad y opacidad por una sala de la Corte Suprema en favor de una empresa chileno bielorrusa en desmedro de Codelco, la principal minera estatal. Donde fuera contrariado lo establecido por los jueces de primera instancia y de la propia Corte de Apelaciones.

De esta forma, es muy probable que en poco tiempo tengamos otros magistrados y jueces procesados y destituidos por haber obtenido sus cargos valiéndose del favor de políticos e integrantes del propio Poder Judicial. La duda, por ahora, radica en que si la destitución de estos podría reabrir las causas en que fallaron contra de la ley, favoreciendo a connotados empresarios que, como se recuerda, practicaron el financiamiento ilegal de la política. Como lo que se rotulara como el Caso Penta, en que el cohecho comprometiera al propio fiscal de la causa. Quien tuvo la tupé de proponer que los desvergonzados infractores pagaran sus culpas con la dictación pública de unas clases de ética. Lo que realmente significó una enorme burla a la fe ciudadana, amparada por la clase política que, con ello, salvó prácticamente ilesa de haber recibido los millonarios y transversales sobornos.

A los jueces ya denunciados, es posible que se sume próximamente el ministro Mario Carroza, quien investigara la muerte del presidente Allende para concluir en lo que hoy se estima como “verdad oficial”, esto es el suicidio del Mandatario. A pesar de los múltiples testimonios entregados por quienes aseguran en realidad que este fue ultimado por los propios militares que ingresaron a La Moneda aquel 11 de septiembre de 1973.

A este magistrado se le acusa hoy de haber favorecido el nombramiento irregular de varios notarios, pero muy probablemente el Parlamento soslaye su acusación constitucional en agradecimiento por haber establecido aquella “verdad” que convino tanto a la derecha, a los golpistas y a quienes han administrado toda la posdictadura.

Con un derroche audaz de cinismo, los políticos que han favorecido el espurio nombramiento de los jueces de nuestras cortes rasgan vestiduras y compiten, ahora, por presentar acusaciones constitucionales en su contra. Buscando su remoción, después de haber ejercido el cuoteo político para ubicarlos en la cúpula de Poder Judicial. En lo que es una práctica habitual de los legisladores de derecha a izquierda, como de todos los últimos gobernantes en la composición de sus ministros, subsecretarios y múltiples operadores.

No vaya a ser cosa que con la capotera que se le brinde a Hermosilla queden indemnes los principales responsables de la crisis que vivimos. Olvidando que la culpa no solo es del chancho, sino del que le dio afrecho.