El pasado jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU abordó la situación en Venezuela durante una sesión solicitada por Ecuador, con la excusa del aumento de tensiones que podría derivar en una amenaza directa para la estabilidad regional y la seguridad internacional y con la muletilla de defensa de la democracia y los derechos humanos.
El objetivo de Washington es que en la ONU se produzca una declaración que luego sirva para designar una misión de verificación electoral, por encima de las instituciones y la soberanía venezolanas. Su interés es ir confeccionando un expediente para validar la idea de que en Venezuela hay una situación que requiere una intervención extranjera.
Más allá de las anunciadas sanciones individuales, el petróleo, eje de la economía venezolana, sigue siendo el asunto central. Washington aún no ha mostrado todas sus cartas en este terreno y está por verse cuál será su decisión definitiva.
Mientras, las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron en agosto su nivel más alto en cuatro años. Un reportaje del Wall Street Journal señala que “Chevron quiere que el petróleo siga fluyendo en Venezuela después de las elecciones. Entre bastidores, el mensaje de la petrolera a la Casa Blanca es que debe permanecer en Venezuela, incluso si Maduro permanece”, asegura.
En el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la Casa Blanca podría redefinir sus objetivos y tomar un camino centrado en la diplomacia, la cooperación y el diálogo, en lugar de un enfoque basado en el incremento de las sanciones petroleras y financieras o en la intervención por medio de acciones violentas. El país ha quedado al borde de una situación crítica al no haberse alcanzado en Doha o en Barbados un acuerdo que contemplara los escenarios posteriores a la votación y estableciera con precisión cláusulas de convivencia.
La lección es clara: celebrar las elecciones sin levantar previamente las sanciones, sin un acuerdo de coexistencia de largo plazo entre Washington y Caracas y sin un enfoque de negociación realista ha convertido lo que debió ser la etapa final de un acuerdo en una trampa que ha agravado los problemas.
Mirando hacia el futuro, cualquier intento de acuerdo en el contexto actual tendría que plantearse como objetivo construir consensos en tres ámbitos fundamentales: un tratado geopolítico duradero entre Venezuela y Estados Unidos, un pacto democrático de convivencia entre las fuerzas políticas internas y un compromiso en la esfera económica que no solo desmonte las estructuras del rentismo, sino que impulse la inversión y la creación de empleos sostenibles para las futuras generaciones.
Carne de cañón
A la prensa hegemónica le gusta divulgar denuncias sobre la utilización de niños como escudo para promover actos de violencia en manifestaciones políticas. Anahí Arizmendi, presidenta de Fundación para Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas ya había presentado en mayo de 2017 ante el Ministerio Público (MP) un centenar de denuncias individuales y colectivas en las que destacan la utilización de infantes para actos vandálicos y terroristas por parte de la oposición.
Arizmendi recordó que con los llamados niños de “La Resistencia” se trató de “usar muchachos en situación de vulnerabilidad, a quienes se les daba droga y dinero para que estuvieran al frente organizando acciones de violencia, pero sobre todo para que estuvieran de carne de cañón”. Señaló que la misma oposición está convocando a jóvenes a integrar los “comanditos” y que desde 2015 ha promovido las sanciones contra Venezuela.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusó a un sector extremista de la oposición de convocar a una cantidad de jóvenes utilizando el mismo guion del 11 de abril de 2002 (golpe contra Hugo Chávez): ”la diferencia fue que en aquel momento pusieron francotiradores, ahora ponen sicarios en sus manifestaciones para asesinar personas, y decir que fue culpa del Gobierno”.
Brasil, Argentina y la embajada en Caracas
Lula da Silva está decepcionado con Nicolás Maduro y más que irritado con Javier Milei. El presidente brasileño está disgustado con su colega y “compañero” venezolano mientras analiza la tensión diplomática luego de que fuera revocada la autorización para que Brasil represente los intereses argentinos en Caracas.
El enojo no es menor con su colega, y nunca tratado como “compañero”, el presidente argentino Javier Milei, quien desde Buenos Aires volvió a atacar al líder petista a pesar de las gestiones para cuidar de la residencia oficial en Venezuela.
La vocación acuerdista de Lula tiene un límite llamado Javier Milei. La semana pasada durante las negociaciones para facilitar el diálogo entre oficialismo y oposición venezolanos, y resolver la crisis desatada por la prohibición de representar los intereses argentinos en Caracas, llegó al Planalto la noticia de que Milei había calificado a Lula como “tirano” por avalar el bloqueo de la red social X determinado por el Supremo Tribunal Federal, señala Darío Pignotti desde Brasilia.
Maniobra en Naciones Unidas
Se teme que en la Asamblea General de la ONU se orqueste un intento de debilitar la soberanía venezolana con el pretexto de la “seguridad internacional”. Paralelamente, esta estrategia sirve a otro propósito: desviar la atención de la Asamblea General de la crítica internacional hacia la actuación de Israel en Gaza, redirigiendo un foco hacia Venezuela.
Lo que realmente está en juego no es solo el destino de Venezuela, sino la propia institucionalidad de Naciones Unidas y el principio de no intervención, piedra angular de su Carta fundacional. La pregunta es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Washington y quiénes estarán de su lado?, se pregunta el politólogo Leopoldo Puchi.
Ecuador hace la vez de vocero de Estados Unidos. Estas actuaciones han estado precedidas por una serie de acciones que han incluido resoluciones de la OEA y presiones sobre bloques regionales como la Comunidad del Caribe (Caricom).
“De manera grosera y vulgar el secretario Blinken pretende anunciar, vía redes sociales, como de costumbre, un golpe de Estado en Venezuela”, alertó el canciller venezolano Yván Gil, luego que sus planes fueron pulverizados “a través del voto y con la unidad y movilización cívico-militar-policial”.
Pocos días antes, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, también había manifestado su intención de tratar el tema venezolano en su discurso en la Asamblea General de la ONU, a sabiendas de la poca credibilidad de cualquier resolución en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) que comanda su compatriota Luis Almagro.
No se trata de una acción de buena fe, sino un esfuerzo cuidadosamente diseñado para justificar la continuación de las sanciones o, incluso, un desenlace violento. Desde el momento en que se cerraron las urnas el 28 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a mover sus piezas para orquestar un consenso internacional sobre Venezuela, recuerda Puchi.
Una semana después de las elecciones presidenciales en Venezuela, el secretario de Estado, Antony Blinken, llamó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedirle que se involucrara en la situación política de Venezuela y respaldara la posición que Washington venía promoviendo
Uno de los resultados de estas gestiones fue la publicación del informe del Panel de Expertos Electorales de la ONU, un documento que, en principio, debía ser confidencial. Es muy probable que Guterres haya recibido otra petición de Estados Unidos para que promueva que la cuestión de Venezuela sea discutida ante la Asamblea General de la ONU.
La historia nos enseña –dice Puchi- que cuando las grandes potencias movilizan la opinión internacional y acumulan “evidencias” en foros multilaterales, no lo hacen sin un objetivo definido.
