En Chile el Estado de Derecho y la democracia están en crisis. Estamos frente a una realidad que ya no se puede ocultar en que hay ciudadanos y entidades de primera, segunda y tercera clase. Dependiendo en qué categoría te encuentres, la ley se aplica de manera diferente. Aún más, hay algunos que están por sobre la ley y sus delitos se castigan con clases de ética.

Las variables que definen las categorías son muchas, pero entre ellas destacan el dinero, la afiliación política y religiosa, la cuna (dónde naciste), dónde y cómo vives y el género. La falla estructural de nuestra sociedad no está en las diferencias entre ciudadanos, sino que está en el ejercicio del poder sin contrapeso que permite abusos y altos grados de impunidad.

En una sociedad regida bajo un Estado de Derecho fuerte, estas categorías no serían relevantes. En Chile sería impensado que un expresidente fuera declarado culpable de abuso sexual o falsificación de información financiera como en Estados Unidos o, como en Francia, por financiamiento ilegal de campaña, o que un magnate farmacéutico fuera declarado culpable de conspirar para sobornar a médicos y aumentar las ventas de su aerosol de fentanilo.

La falla estructural es la llave que abre paso a quienes, estando en posiciones de poder, se corrompen; es decir abusan de su poder para beneficio personal. En las esferas de poder, favor se paga con favor, a esto se le llama tráfico de influencias.

El tráfico de influencia es un delito según lo establece el artículo 240 bis del Código Penal y su propagación tiene efectos insospechados. Distorsiona el funcionamiento independiente e imparcial de las instituciones y crea desigualdad de oportunidades, favoreciendo a unos sobre otros, no por mérito, sino por conexiones personales o poder.

La ciudadanía ya se formó opinión al asociar el comportamiento de las elites al funcionamiento del país. Las encuestas demuestran la bajísima evaluación que hacen de las instituciones del Estado. Sólo 22% aprueba la gestión del Congreso Nacional y 15% de los partidos políticos mientras que sólo el 10% evalúa positivamente al poder judicial y el 77% piensa que no se asegura igualdad ante la ley.

No podemos dejar de recordar que en nuestros estudios encontramos que en contextos escolares son muy pocos las y los estudiantes que recurren a sus autoridades en caso de ser víctimas de violencia debido a que no confían en ser escuchados ni en que se haga justicia.

Estas cifras dan cuenta que se ha roto el pacto social mediante el cual la ciudadanía, para vivir en comunidad, acuerdan ceder ciertos derechos al Estado a cambio de justicia y democracia. Por eso decimos que el Estado de Derecho y la democracia están en crisis.

Una alternativa es buscar una democracia mayor participación de la ciudadanía, con mayor incidencia en la toma de decisiones y la consiguiente supervisión (accountability) de las instituciones, esto desincentivaría el tráfico de influencias.

Es importante enfrentar de manera decidida la corrupción y el tráfico de influencias para comenzar a superar la crisis que está afectando al Estado de Derecho y la democracia, y no barrerlo bajo la alfombra como se ha hecho en el pasado.