Por David E. Montaluisa

Con megáfono en mano, Juan Bay, Alicia Cawiya entre otros líderes de la nacionalidad Wao, llegaron a la Corte Constitucional del Ecuador el viernes 30 de agosto para entregar su plan de acción Post-Consulta Popular y exigir que se les incluya en el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní – ITT.

La comitiva estuvo acompañada por miembros de ONG’s, activistas y un representante de la alcaldía de la ciudad brasileña de Belén, sede del COP30 2025, quién reconoció la importancia y el valor de la lucha de los Waorani, a quienes llamó “Guerreros de la Humanidad” . El funcionario destacó que defender y preservar el Yasuní de la explotación petrolera concierne a todos los seres humanos, porque es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y parte del “Pulmón del Mundo”.

Juan Bay, presidente de la nacionalidad Waorani en Ecuador (NAWE), en la rueda de prensa llevada acabo en los exteriores de la corte afirmó: “El Yasuní es más que un Parque Nacional o un área protegida, es el territorio heredado por nuestros ancestros, hogar de los pueblos Waorani y nuestros hermanos los Tagaeri y los Taromenane en situación de aislamiento, somos los hijos y protectores de este espacio considerado por los científicos como el lugar más biodiverso del planeta. Expresamos nuestra gratitud y reconocimiento al pueblo ecuatoriano que con su voto sumaron para que el Yasuní siga siendo el hogar de los Waorani, Tagaeri y Taromenane, el Patrimonio Natural más importante para las futuras generaciones del Ecuador y del mundo”.

Finalmente, el presidente de la NAWE llamó a las ONG’s, académicos, activistas y comunidad internacional, que impulsaron la consulta popular, así como a la población en general a estar atentos y movilizarse junto con la nacionalidad Wao para exigir el cumplimiento de la voluntad soberana sobre el Yasuní.

Entre los manifestantes de Napo, Pastaza y Orellana, destacó la mayoritaria presencia de mujeres Wao, quienes han sido las principales defensoras de su territorio en contra de las empresas petroleras. Alicia Cawiya, presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) respaldó lo expresado por Bay al reiterar la demanda de participar en el Comité del Yasuní, pues considera que se debe incluir los puntos de vista de quiénes habitan en la zona y que buscan que se respete su forma de vida, su cosmovisión y su territorio.

Además, Cawiya recordó que la nacionalidad Wao ha sido violentada desde hace más de 60 años cuando se realizaron los primeros contactos entre dicha nacionalidad y los misioneros capuchinos. Último pueblo en ser contactado. A partir de entonces, la vida de los Waorani se ha visto afectada por la injerencia de las misiones evangélicas, empresas petroleras y miembros del gobierno, lo que ha generado una fuerte división dentro de la comunidad Wao, fomentada especialmente por Petroecuador. Los Waorani quieren vivir en su territorio sin explotación petrolera.

El Parque Nacional Yasuní y el Estado

Durante la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, el 20 de julio de 1979,  se creó el  Parque Nacional Yasuní como parte de un esfuerzo nacional para proteger la biodiversidad excepcional de la región amazónica y salvaguardar los territorios de las comunidades indígenas, incluidos los pueblos en aislamiento voluntario como los Tagaeri y Taromenane.

Posteriormente, fue declarado por la UNESCO como Reserva de la Biósfera en 1989 y como Zona Intangible Tagaeri Taromenane en 1999 mediante el Decreto Ejecutivo No. 552 durante el gobierno de Jamil Mahuad. Con esto se buscó blindar la preservación de la biodiversidad y garantizar la protección de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane prohibiendo cualquier tipo de actividad extractiva dentro de sus límites.

Sin embargo, en agosto de 2013 el entonces presidente Rafael Correa anunció que se iniciaría con la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) tras el fracaso de la iniciativa Yasuní-ITT que buscaba mantener el crudo bajo tierra a cambio de una compensación económica de 3.600 millones de dólares en 13 años.

Aduciendo que los ingresos generados por la explotación serían utilizados para combatir la pobreza y promover el desarrollo en el país, el gobierno de Correa comenzó con la explotación petrolera en julio de 2016, pese al rechazo de movimientos ambientalistas y de las nacionalidades indígenas, especialmente de la región amazónica.

Según un informe del Banco Central del Ecuador, durante el periodo 2016-2022 el país recibió un total de 6.733 millones de dólares, con una ganancia neta de 4.123 millones de dólares. Solo en el 2022 los beneficios por la producción de este campo alcanzaron cerca de 1.108 millones de dólares, lo que representó el 1,0% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el 2023, año en que se realizó la consulta acerca de la explotación petrolera, se esperaba que el rendimiento anual fuera de 668 millones de dólares.

Durante su campaña e incluso en el debate presidencial, el actual mandatario Daniel Noboa, citando informes de bancos internacionales expresó que estaba de acuerdo con el cese de la explotación petrolera pues consideraba que según el promedio West Texas Intermediate (uno de los principales puntos de referencia para los precios del petróleo a nivel mundial) las ganancias obtenidas por la explotación en el Bloque 43-ITT serían ínfimas frente a las posibilidades de contaminación.

Tras la jornada electoral y de consulta popular del 20 de agosto de 2023, en la pregunta referente a la explotación del Yasuní, el 58,95% de ecuatorianos votó por detener la extracción de petróleo en el Bloque 43. Tras la notificación de los resultados el Estado tenía un año para cerrar el bloque, no obstante, el expresidente se negó a cumplir con el mandato popular y dejó que el nuevo gobierno fuera el encargado de dicho proceso.

Sin embargo, en enero de 2024 el presidente Daniel Noboa, debido al contexto de inseguridad y argumentando la necesidad de financiación para la “guerra” contra el narcotráfico, planteó la posibilidad de la demora en el cese de operaciones del ITT de al menos un año, pese a los resultados de la consulta y lo expresado por él mismo durante su campaña presidencial.

Con esto, en mayo del presente año el presidente Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 257 para crear el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular del Yasuní – ITT. El comité está conformado por las máximas autoridades de Petroecuador y los ministerios de:  Energía y Minas; Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Economía y Finanzas; y la Mujer y Derechos Humanos.

En agosto el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular del Yasuní – ITT presentó un plan para el cierre total del Bloque ITT, el cual se realizará en un plazo de al menos cinco años.  El documento, que fue enviado a la Corte Constitucional, prevé que durante este año se cierren 10 pozos, y desde el 2025 se clausuren 48 pozos por año. Además, el informe señala que por el cierre del bloque el país dejará de recibir entre 2024 y 2029 un aproximado de 6.229 millones de dólares. Por su parte, según Petroecuador el costo de las tareas para el cierre de actividades sería de 1.345 millones de dólares.

El 28 de agosto de 2024 se cerró el primer pozo del Bloque 43 – ITT. En virtud de la lentitud en este proceso, la nacionalidad Wao organizó en Puyo la Cumbre Internacional por el Yasuni el 28 y 29 de agosto que contó con la participación de miembros de ONG’s, académicos y activistas.

En este encuentro se elaboró el Plan de Acción Post Consulta Popular el cual fue entregado en la Corte Constitucional. En el documento se encuentran acciones integrales para el cumplimiento de la voluntad popular referente al Yasuní, la defensa de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane y la construcción de modelos de desarrollo alternativos post-extractivistas. Con ello, se busca que el texto se convierta en un referente de acción global frente a la crisis del cambio climático, de cara a la COP30 a realizarse en la ciudad de Belén el próximo año.