Con la prisión preventiva dispuesta para el abogado Luis Hermosilla, ahora la justicia chilena queda en condiciones de perseguir a todo ese mundillo de corruptos que por años viene defraudando al Estado y escandalizando al común de los chilenos que no gozan de privilegio alguno enfrente de la casta política, económica y social que rige los destinos del país.
Aunque era un secreto a voces que el estudio jurídico de este renombrado penalista se valía de la influencia que fue consolidando dentro de la política, la judicatura y la administración pública, hacía falta encontrar el detonante que pusiera en evidencia el alto nivel de corrupción que compromete a gobernantes, legisladores, magistrados, empresarios, así como a no pocos funcionarios públicos.
Justamente una secreta grabación realizada en la oficina del ahora imputado dio cuenta, entre coloquiales y procaces comentarios, del gran número de procedimientos ilícitos propiciados por Hermosilla y sus secuaces para practicar estafas, evasiones tributarias, sobornos e ilegítimas influencias para torcer la ley, favorecer a sus redes de clientes y enriquecerse bajo la sombra de las múltiples impunidades que lograban consolidar. Con las cuales se favoreció, entre tantos otros, a legisladores, a los empresarios del bullado Caso Penta y, por supuesto, a algunos operadores del ex presidente Sebastián Piñera.
El bien ganado calificativo de “constituir un peligro para la seguridad de la sociedad”, se funda en los gravosos delitos que se les imputa y lo arriesgan a penas de cárcel cercanos a los veinte años, pero lo más relevante es que tanto él, como sus cómplices y encubridores, vivirán siempre con el estigma de ser corruptos, no pudiendo presumir nunca más de ser “prestigiosos abogados de la plaza”, como eran señalados.
Forrado por sus millonarios ingresos y propiedades, los que quedaron muy bien descritos en las cinco jornadas de formalización judicial, para su estudio jurídico resultaba más o menos fácil comprar el favor de algunos fiscales, influir en la designación de jueces y representar a empresas que necesitaban de los favores de las autoridades para conseguir pase libre a sus inversiones créditos o negocios, aunque estos constituyeran un atentado al medio ambiente y a la salud de las poblaciones donde se instalaban.
Mucho se ha anotado que, en su primera defensa, en imputado recurriera a su hermano menor, el también abogado Juan Pablo Hermosilla, quien consiguió un pésimo resultado, como el mismo lo reconociera. La única explicación plausible para tal familiar asignación es que el ahora reo jamás pensó que su andamiaje de poder tuviera algún flanco débil. Así como que en su soberbia o amor propio no estuviera en condiciones de reconocer a otro penalista que, fuera de su ámbito profesional, pudiera ejercer una más lúcida y efectiva defensa.
Con Hermosilla cayeron también en prisión otros cuatro o cinco empresarios y operadores, pero se estima que lo ocurrido es solo el principio de una madeja que puede dejar al descubierto a múltiples delincuentes de “cuello y corbata” en lo que promete ser el juicio del siglo para desnudar definitivamente que Chile estaba muy lejos de ser un país probo, con un estado de derecho en que sus “instituciones funcionan”. Aunque siempre es de temer que el proceso que recién comienza pueda sufrir los traspiés que desbarataron aquellos graves episodios de corrupción ya sobreseídos, con condenas irracionales o que se eternizan en los Tribunales.
Luis Hermosilla es un claro exponente del oportunismo político y las flaquezas de nuestro sistema institucional. Comunista en su juventud y abogado defensor, incluso, de las víctimas de los DDHH de la Dictadura, la llamada Transición a la Democracia lo catapultó a las alturas del poder después de convertirse, para sorpresa colectiva, en el abogado de la familia del senador Jaime Guzmán Errázuriz, el ultimado fundador de la UDI.
Ello le abriría las puertas para instalarse en La Moneda como colaborador y hombre de confianza del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien defendió sin éxito en una acusación constitucional que terminó apartándolo del gabinete ministerial de su primo Sebastián Piñera. Todo esto, en medio de mediáticas defensas que realizó a pederastas como Claudio Spiniak y el sacerdote John O´Reilly, como asesorías a turbios empresarios como Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín y otros de la empresa Soquimich, propiedad del yerno de Augusto Pinochet. Para caer, finalmente, bajo una formalización judicial por sus manejos impropios con los empresarios de apellido Sauer, Rodrigo Topelberg y una abogada y la asesora financiera Leonarda Villalobos. Según parece, experta en acopiar miles de facturas ideológicamente falsas, a objeto de abultar ficticiamente los estados financieros de sus representados para, con ello, tramitar onerosos préstamos bancarios. Cómplices y colaboradores de Villalobos que también ya están en prisión preventiva a la espera de que se le sumen otros inescrupulosos clientes como los hermanos Jalaff, cuyas operaciones ya son investigadas por la Fiscalía Nacional.
Además del propio Presidente de la República aparecen ahora diversos dirigentes políticos que celebran la detención y rasgan vestiduras por las andanzas de Hermosilla. A quienes recordamos fraternizar con él en el Parlamento y en La Moneda en los últimos años. Porque en su extensa red de cómplices políticos los hay de izquierda (desde donde se inició en su profesión) hasta la derecha, donde están culminando sus tramposas acciones. De todas maneras, aparece como impropio que el Jefe de Estado, su ministra del Interior y su secretario de Justicia celebren públicamente la detención de Hermosilla, burlando una vieja costumbre de no inmiscuirse en las decisiones judiciales. Por lo menos hasta que no existan sentencias a firme.
Ojalá que el encarcelamiento de Hermosilla no le baste a la clase política para limpiar sus complicidades con la actuación delictiva de muchos miembros de la elite chilena, cuando lo razonable es que todos vean que por encima y junto a este abogado existe un buen número de políticos, empresarios y funcionarios públicos infectados por la corrupción e impunidad. Tanto en las altas cumbres del poder, hasta los mandos medios y los empleados menores de la administración del Estado.
Es así como valdría esperar que se descubra todo el proceder ilícito del ex ministro Andrés Chadwick, parapetado ahora en una universidad privada, a donde también ha arribado un ex fiscal del Estado que, a juicio de varios expertos penalistas, cometió graves despropósitos jurídicos para favorecer a los empresarios del grupo PENTA antes citados. Considerados, por lo demás, entre los grandes financistas de la política chilena de derecha a izquierda.
En una eventual comparecencia judicial del ex ministro Chadwick podría despejarse, también, la falta de idoneidad de los negocios del extinto presidente Sebastián Piñera, cuyo trágico deceso ha servido para otorgarle impunidad a su veloz carrera para convertirse en uno de los más acaudalados millonarios chilenos, con dos períodos de gobierno en el cuerpo como en la administración pública. El país recuerda con irritación cómo el oficialismo y la clase política toda le otorgaron unas imponentes exequias al malogrado ex mandatario, cuando hasta el día antes de su muerte se lo acusaba por la criminal represión ejercida contra muchos manifestantes del Estallido Social. Fenómeno político y social que hoy es soslayado por muchos de los que entonces lo promovieron.
Para los fiscales y jueces dignos se constituye en una oportunidad ampliar el ámbito de la investigación judicial a otros espurios lobistas que, como Hermosilla, intervienen hasta en la designación de jueces en la propia Corte Suprema, como además se los aprecia en los corredores del Poder Ejecutivo, del Legislativo y las municipalidades del país abogando por los intereses de sus clientes. Llegando a sobornar a alcaldes, concejales y funcionarios en las múltiples dependencias del Estado. Ya se ha asumido que las leyes dictadas para controlar el amiguismo y el tráfico de influencia parecen burlarse muy fácilmente y que, tal como proliferan los narcoabogados, también lo hacen a los defensores de los inescrupulosos. Expresión de esto son los procesos que se llevan en relación al caso “convenios” que compromete a quienes eran operadores de la confianza del actual Ejecutivo y que han defraudado en miles de millones al Fisco. Respecto de cuyas formalizaciones judiciales y encarcelamientos el oficialismo, sin embargo, apenas parece sonrojarse.
No podemos dejar de anotar que episodios judiciales como el que comentamos se deben al digno y relevante papel de algunos periodistas independientes, como CIPER Chile, cuando todo el poder e influencia social y cultural de los grandes medios de comunicación se muestra complaciente con el sistema imperante. Al beneficiarse siempre del aporte publicitario de las empresas, de la propaganda oficial y del dispendio de las campañas electorales.
Las que ya doblan sus campanas para los próximos comicios municipales en que la clase política desea que todo continúe más o menos igual. Pese a los continuos escándalos que afectan la probidad de nuestra democracia e incrementan severa y peligrosamente el malestar social.
