Varias activistas de la entidad andaluza se encuentran en los asentamientos de Huelva para realizar un estudio de campo sobre las condiciones de vida de los temporeros y temporeras migrantes
APDHA lamenta que “ni la Junta de Andalucía ni los ayuntamientos de Palos y Lucena están asumiendo la recogida de residuos, con lo que se están vulnerando los derechos de unas personas que se ven obligadas a vivir en unas condiciones insalubres”
La mayoría de las personas que viven en los asentamientos de Huelva se encuentran en situación regular y constituyen un colectivo esencial para la industria agroalimentaria de la provincia.
Varias investigadoras de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía están realizando un estudio de campo en los asentamientos de temporeros que se ubican en la provincia de Huelva. Allí, de primera mano, han podido comprobar las condiciones que sufren los numerosos temporeros y temporeras migrantes que se ven obligadas a vivir en condiciones insalubres tanto en Palos de la Frontera como en Lucena del Puerto. APDHA señala “el fracaso del denominado Plan de Erradicación del Chabolismo”, puesto en marcha por la Junta de Andalucía y por los municipios de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto, y denuncia que “la ausencia de recogida de residuos en los asentamientos responde a una cuestión estructural donde la administración no tiene en cuenta los derechos más elementales de estas personas, que se ven obligadas a vivir en infraviviendas, a pesar de que constituyen un colectivo esencial para la industria agroalimentaria de la provincia de Huelva”.
La entidad andaluza, que visibiliza desde hace años las vulneraciones de derechos de las personas que habitan los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva, señala que “el Plan para la Erradicación del Chabolismo solo pretende acabar con la visibilidad de los asentamientos” y denuncia que “si de verdad se quiere actuar de raíz y dignificar las condiciones de vida de este colectivo, se tendría que apostar por una red de albergues municipales y una red de viviendas en régimen de alquiler social”. Sin embargo, APDHA explica que “las administraciones están incumpliendo la legalidad, pues ni siquiera se está facilitando el empadronamiento de estas personas, que no solo residen en el municipio, sino que son un colectivo imprescindible para la boyante industria agroalimentaria onubense”.
Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama “la puesta en marcha de mesas interdisciplinares que busquen una solución desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos”. La asociación cree que “la Junta y los ayuntamientos no pueden lavarse las manos” y denuncian que “es cuanto menos sorprendente el tratamiento que las administraciones están dando a las personas que tienen un determinado perfil étnico, como si se tratara de una cuestión de caridad y como si las personas no tuvieran derechos inherentes a su propia condición de seres humanos”. APDHA explica que “las organizaciones y colectivos que están realizando una intervención directa o tareas de acompañamiento con estas personas en situación de vulnerabilidad están recibiendo un apoyo mínimo y a todas luces insuficiente por parte de las administraciones públicas”.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos recuerdan que “en la mayoría de las ocasiones estos asentamientos chabolistas son la única opción que tienen muchas de las personas que trabajan en el campo onubense, uno de los sectores económicos más pujantes tanto en la provincia de Huelva como en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. “Es inadmisible, es injustificable y como sociedad deberíamos estar profundamente preocupados por las condiciones en que se obliga a vivir a estas personas”, concluyen desde APDHA.
