La alternativa: un nuevo proyecto de ley que permitiría a cualquier persona que se encuentre en el país durante siete años solicitar un estatus legal.
Por: David Bacon – desInformémonos
El 17 de agosto, un grupo de activistas migrantes comprometidos emprendió una marcha de tres días desde Silicon Valley hasta San Francisco, destacando las opciones para los candidatos progresistas en las próximas elecciones de noviembre. ¿Deberían sus campañas amplificar la histeria sobre una “crisis” de migración o deberían decirle la verdad al pueblo estadounidense sobre la frontera y las raíces de la migración? Aún más importante, estos manifestantes están brindando una forma práctica para que los activistas y líderes políticos defiendan los derechos mientras trabajan para derrotar la amenaza del racismo MAGA.
La cuestión que nos ocupa es si apoyar el proyecto de ley de compromiso sobre aplicación de la ley de migración negociado entre demócratas y republicanos centristas el año pasado, y hacer campaña contra Donald Trump desde la derecha, atacándolo por socavar el apoyo republicano a las medidas de aplicación que contenía.
En ese proyecto de ley, el presidente Joe Biden acordó que cerraría la frontera a los solicitantes de asilo si su número superaba los 5.000 por día, al tiempo que haría mucho más difícil obtener estatus legal para aquellos a quienes incluso se les permitiera presentar la solicitud. Biden dijo que acortaría el tiempo para que los funcionarios examinen a los solicitantes de asilo, lo que haría mucho más difícil obtener el permiso para quedarse.
Para mantener a las personas encarceladas mientras sus casos están en proceso, en lugar de liberarlas, Biden propuso 3 mil millones de dólares adicionales para más centros de detención, un eufemismo para las cárceles de migrantes. Ya son más de 200, según el grupo Libertad para los Migrantes. Según una ley firmada por el presidente Obama, el Congreso exigió que cada noche se llenaran 34.000 camas de detención. A finales de 2023, esas camas albergaban a 36.263 personas, y otras 194.427 estaban en “alternativas a la detención”, lo que requería usar las odiadas tobilleras que impiden viajar por más de unas pocas cuadras. Más del 90 por ciento de estas cárceles están administradas con fines de lucro por empresas privadas como Geo Group (anteriormente Pinkerton Detective Agency).
Estas propuestas responden a un frenesí impulsado por los medios de comunicación que constantemente se refieren a una “crisis” de migración y llaman a la frontera “rota”. Esa cobertura mediática, y la respuesta de los demócratas y republicanos centristas, trata a los migrantes como criminales, como enemigos. Luego, los agentes políticos en Washington realizan encuestas, anuncian que el público quiere una aplicación draconiana y advierten a los candidatos que ir contra esta corriente conducirá a pérdidas electorales.
Sin embargo, esta “sabiduría” política aceptada en Washington en realidad no se basa en hechos.
Miremos los números
Las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional muestran que a lo largo de las décadas el número de personas que cruzan la frontera y están sujetas a deportación aumenta y disminuye, mientras que el desplazamiento y la migración forzada se mantienen constantes. En 2022, alrededor de 1,1 millones de personas fueron expulsadas tras intentar cruzar y otras 350.000 deportadas. En 1992, alrededor de 1,2 millones fueron detenidos en la frontera y 1,1 millones deportados. Más de un millón de personas fueron deportadas en 1954 durante la infame «Operación Espaldas Mojadas». Los arrestos en la frontera han sumado más de un millón en 29 de los últimos 46 años.
El año pasado el número de detenidos en la frontera fue mayor: alrededor de 2,5 millones. Pero la realidad es que el flujo migratorio no se ha detenido ni se detendrá pronto. ¿Qué es entonces la “crisis”? La reportera del New York Times Miriam Jordan dice: “Sólo en diciembre, más de 300.000 personas cruzaron la frontera sur, una cifra récord”. Todos creen, dice, que “una vez que lleguen a Estados Unidos podrán quedarse. Para siempre. Y, en general, no se equivocan”.
De hecho, el número de admisiones de refugiados en 2022 fue de 60.000. En 1992, eran 132.000. Según Jordan, los solicitantes simplemente son liberados para vivir una vida normal hasta su cita ante un juez de migración. Sin duda, esto será una novedad para las familias que enfrentan la separación y la constante amenaza de deportación. Pero esto es lo que los republicanos y los demócratas antimigrantes llaman una “invasión” y amenazan con “cerrar la frontera”.
Criminalizando a los indocumentados
Si Trump gana las elecciones en noviembre, promete restablecer la notoria política de separación familiar. Los niños que sobreviven al cruce podrían fácilmente perderse, como sucedió con tantos, en el enorme sistema de detención. El senador James Lankford (R-OK) quiere reintroducir la política de “Quédate en México”, según la cual a las personas que buscan asilo no se les permite ingresar a Estados Unidos en absoluto para presentar sus solicitudes. El gobierno mexicano se vio obligado a establecer centros de detención justo al sur de la frontera para albergarlos mientras esperaban.
Trump y otros republicanos encarcelarían a todos los migrantes que enfrenten un procedimiento judicial que les permita solicitar quedarse o detener una deportación. Los casos pendientes ahora se cuentan por millones, porque el sistema judicial de migración carece de recursos para procesarlos.
El gobernador de Texas, Abbott, impulsó una ley que tipifica como delito estatal ser indocumentado. El año pasado, los republicanos en el Congreso propusieron construir más muros fronterizos, crear barreras al asilo, forzar el despido de millones de trabajadores indocumentados y permitir que los niños permanezcan en prisiones de detención con sus padres. Los demócratas centristas están muy dispuestos a aceptar propuestas modificadas como estas.
Sin dinero, huyendo de algo o de alguien, tratando de mantener unida a una familia y darle un futuro, o simplemente necesitar un trabajo con cualquier salario: estos son los puntos en común de los miles que llegan a la frontera de Estados Unidos cada año. Lograr la comprensión pública de la migración es la única manera de derrotar decisivamente esta histeria antimigrante, en lugar de ceder a su ilógica, al frenesí mediático y al ataque de los republicanos y acólitos del MAGA.
Raíces de la migración
El presidente Obama hizo cierto reconocimiento de la pobreza y la violencia que impulsan a la gente a venir, pero se limitó a reconocer las raíces históricas de esta migración, y mucho menos cualquier culpabilidad por parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente Biden envió a la vicepresidenta Kamala Harris, ahora candidata demócrata a la presidencia, a Centroamérica en su primer año en el cargo con un mensaje similar: no vengan.
Hasta el momento, la nueva campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris no ha tomado un rumbo diferente. En Arizona pronunció un discurso en el que volvió a comprometerse con el compromiso negociado por Biden y criticó a Trump por anularlo. En un nuevo anuncio de televisión, prometió contratar miles de agentes adicionales de la patrulla fronteriza. Las tres ramas del Departamento de Seguridad Nacional (la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Migración y Control de Aduanas) cuentan hoy con 52.300 agentes, lo que la convierte en la agencia policial más grande del país. Las cifras se multiplicaron en 22.000 en los últimos 20 años; sólo la Patrulla Fronteriza se triplicó de 2.700 a 8.200.
La razón de este enorme aumento es que los migrantes deben ser enfrentados con disuasión y medidas coercitivas para impedir que vengan. Hoy en día, la falta de voluntad para considerar la responsabilidad de Estados Unidos por producir desplazamientos y migraciones es más evidente en relación con los haitianos y venezolanos, que han constituido un gran porcentaje de los migrantes que han llegado al Río Grande en los últimos dos años.
Después de que los haitianos finalmente se deshicieron del régimen de Duvalier apoyado por Estados Unidos y eligieron presidente a Jean Bertrand Aristide, Estados Unidos lo subió a un avión de salida en 2004, como lo hizo con Miguel Zelaya en Honduras. Siguió una serie de gobiernos corruptos pero favorables a las empresas, respaldados por Estados Unidos, que se embolsaron millones mientras los haitianos pasaban hambre y se quedaban sin hogar por decenas de miles después de los terremotos y otros desastres. El trato a los migrantes haitianos es una forma de racismo institucionalizado.
La supervivencia en Venezuela se volvió imposible para muchos ya que su economía sufrió golpes en el cuerpo por la intervención política y las sanciones económicas de Estados Unidos. Si Estados Unidos sigue aumentando las sanciones en respuesta a las recientes elecciones, producirá aún más migración.
Estas intervenciones producen migrantes y luego los criminalizan. En 2023, la Patrulla Fronteriza detuvo a 334.914 venezolanos, junto con 163.701 haitianos. Y mientras promovía la intervención militar en Haití y el cambio de régimen en Venezuela, la administración Biden envió a personas a vuelos de deportación de regreso a casa, con la esperanza de que esto disuadiera a otros de emprender el viaje hacia el norte.
La desconexión es obvia para cualquiera nacido al sur de la frontera con México. Sergio Sosa, un exiliado guatemalteco que dirige el Heartland Workers Center en Omaha, observa: “Gente de Europa y Estados Unidos cruzaron fronteras para venir a nosotros y se apoderaron de nuestra tierra y nuestra economía. La migración es una forma de contraatacar. Estamos en nuestra situación, no porque hayamos decidido estarlo, sino porque estamos en el patio trasero de Estados Unidos”. Si bien el presidente Clinton fue el autor de muchas medidas antimigrantes, reconoció esta verdad histórica y pidió disculpas al pueblo guatemalteco por el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras militares que masacraron a miles de personas.
Los demócratas tienen que decirle a la gente la verdad, y las campañas políticas son los momentos en que esto es más importante. Estar de acuerdo con Trump en que los migrantes son el enemigo que debe ser detenido en la frontera, y luego sólo estar en desacuerdo en las cifras y los métodos, contradice cualquier compromiso con una política basada en hechos, al tiempo que convierte a las comunidades de migrantes en chivos expiatorios.
Mientras marchan desde Silicon Valley, los defensores de los derechos de los migrantes le recuerdan esta verdad al Partido Demócrata y exigen un compromiso con el bienestar de los 11 millones de personas que ya se encuentran en Estados Unidos y que carecen de un estatus migratorio legal. Ese compromiso prácticamente se ha perdido en la exageración de la “crisis” fronteriza.
Un enfoque alternativo
El objetivo de estos manifestantes es conseguir apoyo para un proyecto de ley que podría marcar una profunda diferencia en las vidas de millones de personas. Hoy en día, cualquier persona que haya entrado a los Estados Unidos sin visa antes del 1 de enero de 1972 puede solicitar la residencia legal permanente. Sin embargo, entre 2015 y 2019, solo 305 personas recibieron estatus legal de esta manera porque más del 90 por ciento de los migrantes indocumentados llegaron después de esa fecha. A medida que pasan los años, cada vez menos personas califican.
Conocido como Proyecto de Ley de Registro, el HR 1511 permitiría a cualquier persona que se encuentre en el país durante siete años solicitar estatus legal. Emma Delgado, líder de Mujeres Unidas y Activas en San Francisco dice: “Hace muchos años que no veo a mis hijos porque actualmente no tengo forma de solicitar la residencia legal”. Calificó de “inmoral” la separación familiar producida por la actual ley de migración.
Angélica Salas, directora de la Coalición para una Reforma Migratoria Humanitaria en Los Ángeles, cuestiona la idea de que los demócratas no pueden hacer campaña a favor de esta reforma durante un año electoral y que una mayoría republicana en la Cámara la condena al fracaso. “Piense en todos los millones de ciudadanos estadounidenses que tienen padres migrantes”, insta, “y en cuántos de ellos sus padres o madres han sido deportados. Por todo el país. Los trabajadores migrantes son una gran parte de la fuerza laboral. Todos ellos son parte de una base que puede forzar el cambio. No podemos depender de los vientos políticos o de lo que la gente nos diga que es posible”.
No importa cuántos muros y prisiones para migrantes construya el gobierno, la gente vendrá. Con el paso de los años, se convertirán en parte de las comunidades aquí y, con políticas de migración progresistas, eventualmente llegarán a ser ciudadanos votantes. Los demócratas necesitan una visión a largo plazo que vea el futuro organizándolos y defendiéndolos, dándoles la vuelta a esos viejos argumentos antimigrantes, en lugar de reforzarlos.
Publicado originalmente en FPIF