Legislación ciega. Pese al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Perú de cumplir acuerdos internacionales sobre delitos de lesa humanidad, el Ejecutivo no observó la Ley 6951 sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad antes del 2002 y, su promulgación fue ordenada por el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se pronunció y alertó del retroceso en la esfera de las garantías fundamentales y estado de derecho en Perú.
Ley con nombre propio. Con la promulgación de esta ley quedan suspendidos el proceso judicial en curso al expresidente Alberto Fujimori, y las investigaciones de atropellos a los derechos humanos perpetrados entre 1990-2000, entre ellos los casos de esterilizaciones forzadas (que afectaron a 350 mil mujeres y 25 mil hombres), los casos Barrios Altos, La Cantuta, Chuschi, El Frontón, Universidad del Centro, Accomarca, entre otros. Además se anularán las sentencias ya dictadas a los casos sucedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La noticia fue recibida con indignación por las decenas de deudos de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos como La Cantuta y Barrios Altos, además del pronunciamiento de diversos organismos de derechos humanos y de la misma población, que fue testigo de los innumerables delitos que afectaron a miles de peruanos.
Ejecutivo y Legislativo suman más leyes en contra del país
Esta ley afectaría a los deudos de las innumerables víctimas por los delitos cometidos, además de colocar al país en situación de incumplimiento de acuerdos internacionales de derechos humanos y, retroceder en el esfuerzo por la reparación y reconciliación del país; pero al parecer esto no ha sido tomado en cuenta por la presidenta Dina Boluarte, ni por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
Antes de la promulgación, el cinco de agosto, la CIDH emitió un documento a la presidenta Boluarte y al Congreso recordándole que el Perú es miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que está obligado a cumplir con las decisiones de la Corte.
Con esta ley el país contraviene el artículo 68 de la Convención Americana, el cual establece la obligación de los Estados Partes, como Perú, de cumplir con las decisiones del tribunal de buena fe. Esta obligación es vinculante para todos los poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas del país.
