Lista de espera
Iniciando el análisis, podemos afirmar que existe una salud para quien tiene dinero y puede pagarla y otra para quienes deben lidiar con falta de horas, la saturación de un sistema ineficiente, la falta de especialistas, e interminables horas en filas de atención para conseguir un cupo en la llamada “Lista de espera”.
Espera que se hace eterna. Incluso se ha contactado a usuarios posterior a su fallecimiento o casos de falso fallecimiento, como lo detectó Contraloría de la República. O simplemente botar al tacho de la basura requerimientos sin gestionar su incorporación a “listas de espera”, para que mágicamente el sistema mejore sus índices de prestaciones. Inexplicable y doloso resulta también, que se haya informado como realizadas 58 prestaciones médicas y cirugías a 56 fallecidos.
Se discuten hoy las cifras, entre dos millones ochocientas mil prestaciones especializadas y cirugías o dos millones cuatrocientas mil, en lista de espera. En ésta, se recuenta 44 mil casos de fallecidos que no consiguieron en vida concretar su interconsulta.
Lo grave de esta situación es que esta parece ser una práctica habitual en los Hospitales Regionales, como el de Antofagasta, donde la Contraloría detectó 12.537 casos no ingresados; en el Hospital Sótero del Río de Puente Alto, la misma entidad constató la eliminación de unas 323 mil interconsultas de lista de espera, vía administrativa; según una auditoría de la Contraloría al hospital de Talca, 34.986 interconsultas no estaban debidamente ingresadas para su gestión; y se puede seguir en O’Higgins, Temuco, más una decena de investigaciones en diferentes hospitales, de donde han surgido denuncias de inexplicable eliminación de casos en las listas de espera.
Esperamos que estos “hechos aislados”, como los calificó el subsecretario de redes asistenciales, no se repitan. La ciudadanía exige que se identifique y sancione a los responsables, y que se elimine estas dañinas prácticas hacia los más desprotegidos de este perverso y retorcido sistema, donde el dinero marca la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.

La salud como un bien de mercado
Si se quiere precisar las razones de fondo de esta crisis, se puede identificar algunas, pero en todas ellas el tema central es la búsqueda del lucro, en una lógica de mercado de una elite insufrible.
Las prestaciones de salud especializadas son las que llenan las listas de espera, y lo que se argumenta por décadas, es que faltan especialistas y cirujanos en el sistema público, que se hagan cargo de esas prestaciones de los usuarios de tal sistema. ¿Y por qué no existen más especialistas en el país, con tan alta demanda de personas enfermas? Porque la organización gremial de los médicos controla los cupos de estos especialistas, manteniendo esta desproporción que les asegura altos ingresos sin competencia, y con un inagotable número de posibles clientes y usuarios (llamados pacientes).
Pero si de ese controlado número de especialistas, un porcentaje insuficiente labora en el sistema público ¿qué interés mueve al gremio?; pues, que si el sistema público no tiene en sí mismo cómo responder a la demanda de prestaciones, tendrá por ley que comprar los servicios en el sistema privado, pagando los valores de ese sistema, es decir un flujo multimillonario de fondos desde lo estatal al sistema privado, todo debidamente legalizado y altamente lucrativo para las entidades de ese sistema privado de salud (especialistas, laboratorios, clínicas, y sus entidades administrativas).
Esta falta de especialistas y los altos costos en el sistema privado, limitan el número de prestaciones “posibles de gestionar” para el Estado, lo que deriva en las inhumanas “listas de espera” de las mayorías asalariadas, jubiladas, cesantes e indigentes del país.

Lo público y lo privado en crisis
Desde hace años el sistema público, a cargo del Ministerio de Salud y financiado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que atiende aproximadamente el 77% de la población, y el sistema privado que bordea el 16% de atenciones, a través de las ISAPRES, supervisadas por la Superintendencia de Salud, se encuentran en profunda crisis dado que durante años se han postergado decisiones para abordar esta problemática, pese a contar con evidencia comprobada de las carencias del sector público y las tensiones financieras y operacionales que afronta el mundo de la medicina privada.
Al conocimiento público de las tan conocidas listas de espera, la salud pública también enfrenta un desfinanciamiento que afecta a la infraestructura hospitalaria y a los recursos humanos. Se suma la incapacidad de entregar, por un sistema altamente burocrático, el libre acceso a una atención médica igualitaria, de calidad y especializada en ciertas áreas, contexto general que se agudiza por falta de programas de prevención y de promoción de la salud; en otras palabras, un estado rector, que reconozca como un derecho el acceso y la calidad de la salud, y que dicte políticas públicas con enfoque en el usuario.
Paralelamente, el sistema de salud privado, creado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, se enfrenta a la supuesta insolvencia financiera debido a la fuerte judicialización por la presentación de miles de recursos por parte de sus usuarios, por los costos elevados de los planes de salud, además de también presentar limitaciones discriminatorias en la cobertura para ciertas condiciones o tratamientos, complejidad y burocracia administrativa, ausencia de acceso para personas de menores recursos y, por sobre todo, una regulación efectiva que tiene como efectos problemas de calidad, costos y seguridad en la atención.
La corte suprema de justicia resolvió en contra de las ISAPRES por robar con sobreprecios ilegales a sus “clientes”, y el sistema político ha despachado con premura de meses (recordar acá que los jubilados esperan por más de 10 años una ley de pensiones), leyes que consienten que éstas entidades suban sus precios, lo que en la práctica les permite devolver lo robado a los clientes con el dinero extra que pagaran las mismas víctimas del robo.
Esta realidad deja a la población chilena sin poder ejercer este derecho, entendido como lograr un estado completo de bienestar físico, mental y social, al no resolver ambos sistemas de manera efectiva y eficiente las necesidades de salud de las personas y sus comunidades.

Propuestas de salida a la problemática
Una real solución a esta crisis parte indiscutiblemente porque el Estado priorice y garantice la salud, abandone la lógica mercantilista que la califica como un producto de mercado y se revierta la forma de ver la política pública, miradas que han permitido que la salud pública sea desmantelada.
Se hace urgente tomar medidas en la dirección de implementar transformaciones profundas, a corto plazo, en ambos sectores prestadores, tanto público como privado, que vayan en la dirección de construir un “Sistema Único de Salud” (promesa de campaña de nuestro presidente “no fanático”), que cuente con una red de hospitales, centros de salud, consultorios, entre otros, con un financiamiento sostenible que garantice su estabilidad y crecimiento.
Además, tal modelo requiere de una gestión transparente ante la ciudadanía que logre minimizar costos y maximizar los resultados, que incorpore nuevas tecnologías e innovación científica en pos de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios y que cuente con los suficientes recursos humanos especializados y calificados para atender a la población, siendo su primario la prevención y promoción de la salud, en la primera línea de atención, y la atención de los grupos más vulnerados (niños, ancianos, discapacitados y personas con enfermedades crónicas).
La construcción de un sistema único de salud con tales elementos, donde obviamente debe existir en su planificación, gestión y evaluación participación comunitaria, asegura que todas los y las ciudadanas de nuestro país tengan acceso a una atención integral y de alta calidad en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Y que lo privado quede delimitado como un seguro de salud para quienes quieran y puedan pagarlo.
Pero esto no será suficiente, si es que la formación universitaria inicial de los profesionales médicos no genera una modificación sustancial en la dirección ética de su calificación como servidores públicos, en cuyas manos queda uno de los derechos más sustanciales de la población. Mientras sigan graduándose profesionales cuya orientación prioritaria sea el lucro y el prestigio personal, en vez de atender las necesidades del pueblo, no podrán contribuir al proceso de transformación profunda, que una crisis de tal magnitud necesita.
Así como los estudiantes, con sus continuas movilizaciones, han logrado producir una discusión inédita en la educación, creemos firmemente que esta problemática social también requiere de un movimiento social empoderado, que cuestione el statu quo y los pilares estructurales del sistema e impulse las transformaciones necesarias en el área de la salud en el país.

 

Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; César Anguita Sanhueza y Leticia García Farías. Comisión de Opinión Pública