por Marcelo Rioseco
Las elecciones populares son un pilar fundamental de las sociedades democráticas modernas, ya que permiten a los ciudadanos participar en la selección de sus representantes políticos. A través de este mecanismo, las personas eligen a aquellos individuos que gestionarán las instituciones estatales, las cuales son responsables de establecer las normas, políticas y directrices que rigen el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Desde la distribución de recursos y la provisión de servicios públicos, hasta la regulación de las actividades económicas y la garantía de los derechos fundamentales, las decisiones tomadas por las instituciones del Estado tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por lo tanto, al ejercer su derecho al voto, las personas no solo están eligiendo a sus representantes, sino que también están influenciando en la forma en que la sociedad se organiza y evoluciona.
Para que las elecciones populares sean democráticas, es importante cumplir con ciertos requisitos fundamentales. En primer lugar, debe garantizarse la libertad de expresión, permitiendo que los candidatos y los ciudadanos puedan expresar sus ideas y opiniones sin temor a represalias. Asimismo, el proceso electoral debe ser transparente, con reglas claras y mecanismos de supervisión independientes que aseguren la integridad de los resultados. Todos los candidatos y partidos políticos deben tener la oportunidad de hacer campaña, sin que existan ventajas injustas o discriminación. Además, es esencial que no haya manipulación ni fraude en ninguna etapa del proceso, desde la inscripción de los votantes hasta el conteo de los votos.
Otro aspecto fundamental para la legitimidad de las elecciones es la separación de poderes del Estado. Es decir, debe existir un equilibrio y una independencia entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, de manera que ninguna institución o grupo de poder pueda influir indebidamente en el resultado de las elecciones. Si algún poder del Estado intenta manipular o interferir en el proceso electoral, los otros poderes deben actuar como contrapeso, garantizando que se respeten las normas democráticas y la voluntad popular. Solo así se podrán llevar a cabo elecciones representativas de la voluntad de los ciudadanos.
A pesar de las dificultades y las falencias inherentes a las democracias representativas, como la posibilidad de que los representantes electos no cumplan con sus promesas o con las expectativas de los ciudadanos o que los intereses de ciertos grupos de poder prevalezcan sobre el bien común, las elecciones populares siguen siendo un mecanismo esencial para la convivencia pacífica y el desarrollo personal de los individuos.
Lo que viene sucediendo en Venezuela desde hace muchos años es grave y no puede dejarnos indiferentes. No es aceptable que millones de personas hayan tenido que abandonar sus hogares y su país debido al nivel de crisis política, social y económica que les ha venido afectando.
Lamentablemente, las elecciones del 28 de julio en Venezuela estuvieron plagadas de irregularidades mucho antes de su realización. En primer lugar, el voto electrónico presenta mayores riesgos de fraude que el voto convencional, el cual se lleva a cabo a través de papeletas en urnas físicas. Si se opta por el voto electrónico, es fundamentalmente porque existe la voluntad de agilizar el proceso. En este sentido, es necesario diferenciar entre la entrega de datos fidedignos y la formalización de esos datos, con mínimas variaciones, para inscribir institucionalmente a las personas electas. Una normativa que dilata la entrega de resultados, especialmente si la votación se realiza de manera electrónica, es injustificable. En segundo lugar, deben existir las condiciones tecnológicas y de infraestructura adecuadas para minimizar el riesgo de problemas en el suministro eléctrico o en el sistema de comunicaciones que dan soporte. Venezuela está muy lejos de cumplir con un estándar de país desarrollado en términos de tecnologías digitales. Por lo tanto, la verificación que realizan las personas en el lugar físico donde se llevan a cabo las votaciones es fundamental para que las elecciones sean legítimas y creíbles. En tercer lugar, y relacionado con este punto, los anfitriones, es decir, el gobierno que organiza la elección tiene la obligación de garantizar que el proceso se realice de manera transparente. Todas las opciones políticas participantes deben tener la posibilidad, sin trabas ni dificultades, de supervisar el desarrollo de la elección, desde el momento en que las personas emiten su voto hasta que se cierran las mesas y se procesa la información.
En el ámbito político, es común encontrar elecciones en las que las opciones están altamente polarizadas y se enfrentan con agresividad e incluso violencia. En 2022, Gustavo Petro triunfó en Colombia frente a un gobierno de derecha, mientras que en Chile, Gabriel Boric también venció a un gobierno de derecha. En Argentina, en 2024, Javier Milei asumió la presidencia después de un gobierno de izquierda, y en México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia tras el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del mismo signo político. A pesar de estas circunstancias y de la tensión que generan, las elecciones en estos países se llevaron a cabo de manera adecuada, siguiendo los procedimientos establecidos y respetando la voluntad popular.
Es cierto que, en ocasiones, los perdedores reclaman y cuestionan los resultados, pero en estos casos, es posible verificarlos gracias a la existencia de medios de respaldo confiables, como actas físicas, registros electrónicos seguros y la presencia de observadores imparciales. Estos mecanismos hacen que la manipulación de los resultados sea extremadamente difícil, si no imposible, lo que contribuye a la legitimidad y aceptación del proceso electoral.
En contraste, la situación en Venezuela es completamente diferente. Las elecciones del 28 de julio estuvieron plagadas de contradicciones, vicios e inconsistencias que socavaron la credibilidad del proceso. El hecho de que un presidente en funciones que busca la reelección afirme que ganará «por las buenas o por las malas» es un claro indicio de la falta de imparcialidad y de la amenaza implícita a la libertad de elección. Además, la privación del derecho al voto a millones de venezolanos residentes en el extranjero, muchos de los cuales se vieron obligados a abandonar el país debido a la crisis política, económica y humanitaria, es una violación flagrante de los principios democráticos.
Sin embargo, lo más escandaloso e ilegítimo de todo es la proclamación de Nicolás Maduro como ganador con una votación supuestamente «irreversible», mientras que, paralelamente, se denunciaba un «hackeo» en el sistema electrónico. Esta contradicción es absurda y genera serias dudas sobre la integridad del proceso. Si el sistema electrónico, que se supone es la base del mecanismo de votación, está siendo atacado y vulnerado, ¿cómo es posible anunciar un ganador con certeza? Esta situación fue la gota que rebalsó el vaso para evidenciar la falta de transparencia y la manipulación del proceso electoral en Venezuela.
La elección de Maduro es una farsa que no solo perjudica a los venezolanos, sino que nos afecta a todos, especialmente a los latinoamericanos. Aquellos que justifican las irregularidades que han empañado este proceso no están defendiendo ninguna revolución ni protegiendo a ningún pueblo del «imperialismo». Por el contrario, están respaldando a una élite que se ha aferrado al poder político y ha arrebatado la capacidad de decisión a los ciudadanos. La consigna «todo para el pueblo, pero sin el pueblo» es antigua y proviene, precisamente, del pensamiento monárquico. En el mundo actual, una elección viciada y manipulada por un gobierno, sin importar su origen, es lo que a algunos les gusta llamar «un retroceso civilizatorio».
Para concluir, las elecciones del 28 de julio en Venezuela evidencian un claro retroceso en términos de democracia y derechos humanos. La falsificación y manipulación del proceso electoral no pueden ser toleradas en ninguna sociedad que aspire a ser justa y equitativa. Es imperativo que tanto los ciudadanos venezolanos como la comunidad internacional continúen luchando por la restauración de la democracia en Venezuela. La defensa de elecciones libres, transparentes y justas es crucial para el futuro del país y para la estabilidad de toda la región latinoamericana.
