Hasta 2023 ayudábamos a víctimas de violencia a gestionar ayuda económica del Estado pero hoy la ayuda la tenemos que dar nosotros; tuvimos una madre viviendo con su hijo en un auto, porque no podía pagar un alquiler”, cuenta Fernanda Tarica, directora de una oenegé que brinda respaldo a las mujeres que sufren violencia de género en Argentina.
El relato es apenas un ejemplo del retroceso concreto y palpable de los derechos de las mujeres y las políticas de género que se está dando en Argentina desde diciembre pasado, cuando el economista de ultraderecha Javier Milei asumió la presidencia.
El subsidio durante seis meses que el Estado otorgaba a víctimas de violencia de género era considerado esencial para que las mujeres accedieran a una mínima independencia económica que les permitiera salir de la situación de violencia.
Ya desde su campaña electoral, Milei había denigrado al movimiento feminista y se había burlado de las políticas de género de su antecesor como presidente, Alberto Fernández, creador del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyo primer objetivo era diseñar y ejecutar políticas públicas para prevenir la violencia de género y asistir a las víctimas.
“La situación es catastrófica y las víctimas de violencia están abandonadas a su suerte. El discurso oficial envalentona al que ejerce la violencia y lleva a que las mujeres no busquen ayuda, porque suponen que nos les van a creer o no van a ser apoyadas. Hay un retraimiento de las denuncias”: Agustina Rossi.
Desde lo simbólico y de cara a la sociedad, el discurso de Milei se vio enormemente fortalecido en estos días, cuando Fernández fue denunciado penalmente por violencia de género por su expareja, Fabiola Yáñez, y se hicieron públicas fotos impactantes en las que se la ve golpeada.
En medio de la conmoción que generó la noticia, Milei aprovechó para sacar rédito político, publicó un texto en el que habló de “la hipocresía progresista” y reafirmó su mensaje de que las políticas de género fueron “una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos”.
“Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde”, agregó Milei en referencia al color que identifica al movimiento feminista en Argentina y especialmente a la lucha de las mujeres por la despenalización del aborto, que se coronó en el Congreso de la Nación con una ley sancionada en diciembre de 2020, y fue celebrada entonces por Fernández como “un logro colectivo”.
Foto de Organización 100% Igualdad y Derechos
Impacto real
Detrás de la pugna política hay una situación más compleja, según muestran los datos.
A principios de junio el gobierno de Milei anunció el cierre definitivo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, como parte de su extremo programa de austeridad estatal, que ha generado una depresión de todos los rubros de la actividad económica argentina.
En comunicado oficial, el gobierno consideró que el ministerio había sido “creado y utilizado por la administración anterior con fines políticos-partidarios, para propagar una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos”.
Con la medida fueron despedidos casi todos los empleados y empleadas del ministerio, que según la actual administración eran más de 800.
De todas maneras, lo significativo es el impacto que ha tenido la decisión en la vida real de las mujeres que eran beneficiarias de las políticas del Ministerio.
Más de 90 % del presupuesto del Ministerio se destinaba a acciones para combatir la violencia de género y casi todo, concretamente a través del Programa Acompañar, que otorgaba un apoyo económico a las mujeres que acreditasen estar en riesgo por situaciones de violencia.
Así lo reveló un análisis por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Ela), dos organizaciones de la sociedad civil.
Desde el inicio del Programa Acompañar en septiembre de 2020 y hasta noviembre de 2023 accedieron a ayudas más de 352 000 víctimas de violencia de todo el país, según los datos oficiales.
En 2024 el programa siguió formalmente vigente, pero entre enero y abril ejecutó 79 % de presupuesto menos que en el mismo período del año anterior. Y de las 20 000 altas que se habían programado en 2023 –antes del cambio de gobierno- para el primer trimestre de este año, solo se realizaron 434.
“El apoyo económico estatal era fundamental para el período en que las mujeres necesitan reorganizar sus vidas. Un hombre que ejerce violencia física o psicológica generalmente también ejerce violencia económica”, cuenta a IPS Fernanda Tarica, directora ejecutiva de la organización Shalom Bait.
Shalom Bait, que en hebreo significa “Paz en el hogar” es una organización nacida hace 20 años en el marco de la colectividad judía de Buenos Aires, que busca dar respaldo a las víctimas de violencia de género de toda la sociedad. Hoy realiza apoyo terapéutico en 12 grupos que reúnen cerca de 200 mujeres.
También quedó en la práctica casi desactivada la línea telefónica 144, que en 2023 recibió más de 62 000 llamadas de mujeres víctimas de violencia en busca de ayuda. Hoy, trabajadores denuncian que hay turnos en los que quedan solo dos telefonistas, a quienes les es imposible atender la demanda. Así y todo, recibieron 9011 comunicaciones en el primer trimestre de 2024.
Más grave es la situación de las ayudas urgentes para familiares de víctimas de femicidios, el nombre que reciben en Argentina los feminicidios, así como transfemicidios y travesticidios, que no ejecutaron presupuesto durante el primer cuatrimestre de 2024.
Desde su lanzamiento en junio de 2022 hasta diciembre de 2023, habían sido acompañadas 903 personas familiares o allegadas de víctimas de violencias extremas y recibido apoyo económico 623 personas, de acuerdo a los datos brindados por el gobierno a la organización Ela, que realizó un pedido formal de acceso a la información pública.
Foto de Daniel Gutman / IPS
Datos concretos
“Los programas de género están paralizados o desmantelados en su estructura, de manera absoluta. Y es falso que se trate de una cuestión ideológica, sino de datos. La violencia continúa siendo un problema muy grande y muy extendido”, dice a IPS Agustina Rossi, investigadora de Ela.
Un reflejo de ellos es que en 2023 hubo en Argentina 250 víctimas directas de femicidio, 10,6 % más que en 2022, cuando se registraron 226 casos, según los últimos datos revelados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.
“La situación es catastrófica y las víctimas de violencia están abandonadas a su suerte. El discurso oficial envalentona al que ejerce la violencia y lleva a que las mujeres no busquen ayuda, porque suponen que nos les van a creer o no van a ser apoyadas. Hay un retraimiento de las denuncias”, agrega Rossi.
“Costó muchísimo que se sepa que la violencia de género no es culpa de las víctimas y no es aceptable y ahora hemos retrocedido”, lamenta.
Organizaciones defensoras de los derechos de las minorías sexuales denunciaron, en esa línea, que no fue casual el ataque criminal ocurrido en mayo contra cuatro mujeres lesbianas en Buenos Aires. Un hombre arrojó una bomba molotov casera en la habitación del hotel donde vivían. Tres de las mujeres murieron en el incendio que siguió.
La Justicia detuvo al atacante pero rechazó a aplicar la figura de femicidio agravado por odio al género o a la orientación sexual, prevista en el Código Penal.
Al mismo tiempo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó el tema. “No me gusta definirlo como un atentado hacia un determinado grupo. Es injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa”, justificó.
Ricardo Vallarino, de la organización 100 % Diversidad y Derechos, afirma que nunca había sucedido un crimen de estas características. “Era lógico que la retórica antigay y antifeminista de este gobierno iba a incentiva el sentimiento de impunidad de algunas personas”, dice.
Mientras, en un contexto de continuo deterioro de la actividad económica y del poder adquisitivo de los salarios, que según estudios privados ha llevado el índice de pobreza a más de 55 % de la población argentina, de 46,2 millones de habitantes, el presidente Milei mantiene más que aceptables índices de popularidad.
Vallarino, de todas maneras, prefiere pensar que no fue un espejismo el apoyo masivo que han tenido en los últimos años las políticas de género en la Argentina.
“Argentina es una sociedad igualitaria, que favorece la diversidad”, asegura.
“El problema es que el foco es limitado y hoy gran parte de la sociedad tiene otras prioridades, porque se está preguntando cómo llegar a fin de mes”, concluye.
