La criminalización de la protesta es una estrategia para acallar las voces de las personas defensoras de los derechos humanos. En Apurímac y Cusco se han dictado polémicas condenas hace unas semanas, mientras que, en Cajamarca se ha denunciado a 10 defensores ambientales opositores del proyecto minero Colpayoc por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, delito de coacción y delito de lesiones dolosas graves.

Por: Red Muqui

Se trata de comuneros y comuneras del distrito de Chetilla, miembros de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, quienes defienden el agua y el territorio de la amenaza que representa el proyecto Colpayoc.

La denuncia fue interpuesta por los directivos de la cooperativa Llullapuquio, la misma que otorgó un contrato de usufructo de un terreno de 1,4445 71 hectáreas por 11 años a la empresa Colpayoc SAC, titular del proyecto del mismo nombre a cargo de la exploración de oro en el cerro Colpayoc. Allí nacen las cabeceras de las cuencas Jequetepeque y el Ronquillo, ecosistemas importantes para la provisión de agua y para los modos y medios de vida de la población, dedicada principalmente a las actividades agropecuarias.

HECHOS 

El pasado 9 de junio, miles de comuneros de Chetilla, integrantes de las JASS y del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca se movilizaron al apu Colpayoc para detener los trabajos de exploración, medida adoptada al no hallar respuesta de las autoridades regionales y nacionales a sus demandas. En el lugar se encontraban esperando trabajadores de la cooperativa Llullapuquio, un contingente policial y la fiscal Laura Patricia Pérez Llorca.

Como era de esperarse, la tensión en el ambiente fue escalando cada vez más. Las y los manifestantes fueron agredidos por personas que, vestidas con chalecos de dicha cooperativa, portaban piedras, palos y otros objetos contundentes, causándoles diversas lesiones. Algunos de los heridos fueron evacuados a la ciudad de Cajamarca. Imágenes difundidas en redes sociales de las personas heridas dan cuenta del enfrentamiento.

Sin embargo, diez defensores del agua y del medio ambiente que participaban  de esta movilización, algunos de los cuales fueron violentados, terminaron siendo denunciados penalmente ante la Fiscalía Penal Corporativa de Cajamarca por Narciso Chávez Malca y Emilio Tanta Cueva, directiva de la cooperativa Llullapuquio. Ambos aseguran que las personas movilizadas portaban armas de fuego y otros objetos contundentes, y tenían por objetivo quemar un equipo de perforación de propiedad de la empresa Kori Drilling SAC, proveedora de Colpayoc SAC. No obstante, en la denuncia se lee que no se llegó a quemar ni destruir totalmente la máquina en mención.

Por el momento, un grupo de denunciados fue citado a declarar para este jueves 15 de agosto y otro grupo para el viernes 16 de este mes.

A parte de la denuncia penal, Nelter Ernesto Guevara Alarcón, propietario de la empresa Kori Drilling SAC, declaró que ha denunciado a los mismos defensores por un monto de 135 mil dólares “por robo de equipos de medición muy costosos y de herramientas”.

La campaña de desprestigio y de intimidación hacia las y los defensores ambientales es fuertísima en las redes sociales y en el territorio, debido a que continuamente se difunde información maliciosa y mensajes de odio hacia las comunidades y poblaciones que protestan y son críticos a la actividad minera.

MINERA COLPAYOC

Si bien la empresa Colpayoc cuenta con la Resolución Directoral N° 169-2023-MEM-DGAAM, que aprueba la ficha técnica ambiental de exploración del cerro, su proyecto no cuenta con la aceptación social. Una prueba son las marchas realizadas en lo que va del año por comuneros y comuneras que exigen la nulidad del proyecto minero.

Sobre la cesión de tierras a Colpayoc, existe una sentencia casatoria que declaró la disolución y liquidación de la cooperativa Lllullapuquio, por la cual la cesión de tierras a la minera carecería de valor jurídico, según análisis hecho por Grufides.

Un reportaje de Grufides también reveló que el proyecto Colpayoc está siendo impulsado por capitales canadienses, desmintiéndose así su supuesto carácter de una empresa local.

Fuente: Grufides (institución asociada a la Red Muqui)