Tras 62 días de huelga de hambre, el werken histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y prisionero político mapuche, Héctor Llaitul, este sábado 3 de agosto desde el Complejo Penitenciario Biobío, y a través de su derecho a realizar un llamado desde el teléfono público de la prisión donde se encuentra recluido, denunció que ayer sintió «un fuerte e intenso dolor en el pecho. Pese a exigir la presencia de mí médico personal y de confianza, que además es integrante del Colegio Médico, sólo fui trasladado al centro clínico del penal, después de lo cual me retornaron a mi celda sin siquiera darme un diagnóstico sobre lo que me ocurría, ni derivarme a un servicio especializado», toda vez que ha manifestado graves problemas de salud asociados a su mala condición cardiaca. Debido a la violación de sus derechos por gendarmería del recinto, Héctor Llaitul comunicó que sus abogadas presentaron un recurso y otras acciones legales a su favor.

Una de las juristas que hacen la defensa de la autoridad mapuche, Josefa Ainardi, explicó que la huelga de hambre adoptada por Llaitul no sólo buscaba la nulidad del juicio que lo condenó a 23 años de cautiverio y que fue ratificado por la Corte Suprema el lunes 29 de julio, sino que también es una manera de exigir «el mejoramiento de las condiciones carcelarias tanto para él, como para cualquier prisionero político mapuche».

Ainardi precisó que su defendido «continúa en huelga porque es el único prisionero político mapuche que hay en la cárcel de Biobío, aun cuando sea mantenido aislado en un módulo segregado. Él está solo en el penal, lo que también constituye una tortura y un trato inhumano. No es posible que haya personas solas y aisladas en un cumplimiento de penas. Lo que corresponde es que Héctor Llaitul sea transferido al recinto penitenciario de Temuco por el arraigo comunitario y familiar que allá tiene su hijo Pelentaro, y porque en esa localidad también hay cárcel de comuneros mapuche».

– ¿Qué dice gendarmería sobre su estado de salud?

«En sus informes diarios respecto de la huelga, gendarmería ha señalado que ‘no hay ningún problema, que no hay observaciones, que está todo normal’, cuestión que no tiene nada que ver con lo que nos ha notificado Héctor. De hecho, él ha sufrido mareos, taquicardia, arritmia, dolores y calambres estomacales, sintomatología que se agrega a su historial de afectaciones cardiacas. Por ello estamos preocupados y se realizaron las gestiones para contar con un médico de confianza. Para autorizar esa práctica, presentamos judicialmente la solicitud en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, donde el werken fue procesado, pero nos contestaron que ‘no ha lugar’, porque para ellos es suficiente con el médico de gendarmería, sin ofrecer mayores fundamentos. Debido a lo anterior, la familia de Héctor efectuó una coordinación de manera directa con el alcaide del complejo Biobío, quien autorizó el requerimiento. Sin embargo, el 2 de agosto por la mañana, Héctor me llamó para decirme que la comandante del penal le acababa de notificar que la Dirección Regional de Gendarmería echó para atrás la autorización al comienzo aceptada. Frente a ello, como defensa presentamos una acción de amparo ante el juez de garantía de Concepción, porque él también es competente para conocer de los internos condenados que están bajo la jurisdicción de la región. Y este sábado 3 de agosto, se resolvió un plazo de 24 horas a gendarmería para que explique el motivo del rechazo a la demanda de que Héctor Llaitul pueda contar con un médico de su confianza. De acuerdo a la respuesta que dé la entidad conminada, realizaremos otras acciones.»

Por otra parte, la abogada Josefa Ainardi fue consultada sobre la escandalosa publicación del diario La Tercera del sábado 27 de julio que en una de sus portadas tituló que la Corte Suprema confirmó la condena de 23 años de cárcel contra la autoridad mapuche Héctor Llaitul, fallo que el tribunal debía anunciar recién dos días después (!), el lunes 29 de julio, lo que así ocurrió «proféticamente».

«Es alarmante, no sólo desde el debido proceso, sino que también dentro de la esfera de las manipulaciones mediáticas en materia judicial», comentó Ainardi y agregó que en el caso de Héctor Llaitul «a nuestro parecer, ha habido un proceso totalmente viciado, hecho que viene a confirmarse con lo acontecido con el diario La Tercera».

Como corolario que manifiesta los atropellos y abusos de la justicia chilena, según los resultados de la consultora de opinión Pulso Ciudadano en la encuesta aplicada entre el 24 y 26 de julio de 2024, el 85.4 % de la población nacional desaprueba el poder judicial.

*Importantes datos contenidos en la nota fueron facilitados por la periodista Carola Trejo