«Un Plan Nacional de Búsqueda que para los familiares y los organismos defensores de Derechos Humanos debía tener urgencia y una robusta decisión, en su implementación se enreda y retrasa demostrando que el Ministerio no ha estado a la altura de las circunstancias y las exigencias»,  sostuvo Mariela Santana, Jefa Jurídica de CODEPU (Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo), en el marco del Día Nacional del Detenido Desaparecido en Chile, subrayando que no se puede soslayar «la habida consideración de que somos nosotros, familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos, los más interesados en que la implementación se realice con prontitud y transparencia luego de tantos años de luchar y buscar».

Agrega que «el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) de nuestros Detenidos Desaparecidos debe ser diáfano, transparente, ya que toda opacidad lo pone en riesgo y acrecienta las interrogantes y el escepticismo y, como lo hemos señalado, nuestros familiares no merecen nuevas frustraciones».

Las recientes publicaciones en la prensa y a medida que se conocen situaciones, comunicados y más detalles de la grave crisis radicada en el Ministerio de Justicia de Chile, tienen un impacto inconmensurable en los familiares y en los organismos defensores de derechos humanos. «De allí que consideramos urgente el tener respuestas claras y decisiones precisas que terminen con las preocupaciones e incertidumbres, y con la finalidad de saber a qué atenernos», precisa Santana.

«Por nuestra parte, en tanto CODEPU, las respuestas a nuestras distintas inquietudes, que nos han entregado desde el primer día, cuando sostuvimos reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, no nos satisfacen», aclara Santana, argumentado que «vemos que hay factores tanto externos como internos que, a nuestro juicio, ponen en peligro el avance de este proceso de implementación y han generado una crisis de confianza en el Plan Nacional de Búsqueda, PNB».

Un plan que se desangra en el camino

La abogada es muy clara en su análisis respecto a los evidentes factores que dan cuenta del debilitamiento del plan. Menciona que «en lo interno, cada día nos estamos enterando de algo nuevo, por ejemplo, el equipo conformado que venía trabajando en forma ininterrumpida, ya no es el mismo, hay, al menos, cinco funcionarios menos, entre ellos, personas con vasta experiencia en derechos humanos, y todo esto en menos de dos meses», precisa, subrayando que «ese hecho es inédito y esto da cuenta de la evidente crisis por la que está atravesando el Programa de Derechos Humanos y con el PNB».

Ahora, entre los factores externos, Mariela Santana insiste en que merecen especial atención los relacionados con el Servicio Médico Legal, toda vez que a un año del informe sobre las 89 cajas sin periciar, la situación es la misma. Agrega que «lo mismo ocurre con el Plan de Abordaje Integral a Osamentas, con la campaña de muestras de ADN, con los sumarios administrativos sin conocer su resultado, con la mesa de archivos, con el resguardo de los sitios de interés, con la nula información sobre la colaboración de las FFAA, con la contratación de peritos y profesionales para trabajos de análisis y búsqueda».

Menciona que entre los principales factores de escepticismo  está  la contratación directa de la empresa Unholster para el desarrollo de una plataforma informática para el desarrollo del PNB. «Nosotros, apenas tuvimos conocimiento por la prensa de dicha contratación  expresamos algunas preocupaciones y observaciones críticas respecto a la decisión tomada y los argumentos presentados: en primer lugar, si bien se reconoce la importancia y urgencia de contar con una herramienta tecnológica avanzada para apoyar la búsqueda, resulta inquietante que se haya optado por un trato directo en lugar de un proceso de licitación abierto y competitivo para la fase de desarrollo. La justificación basada en la curva de aprendizaje y en la experiencia previa de la empresa seleccionada es entendible, pero no necesariamente convincente», sentencia y puntualiza que «es fundamental garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en la contratación pública, más aún en temas tan sensibles como éstos».

Además, indica, el argumento de que la contratación directa se realizó conforme a la normativa vigente «no exime de la responsabilidad de justificar de manera más exhaustiva por qué no se exploraron otras alternativas y, en ese sentido, se echa de menos un análisis comparativo que muestre por qué ninguna otra empresa, quizás con experiencia similar o incluso superior, pudo haber sido considerada».

Por otro lado, si bien se menciona la confidencialidad de los datos como una prioridad, para Santana es necesario que «se ofrezcan garantías adicionales sobre cómo se protegerá dicha información en la práctica, más allá de las cláusulas contractuales».

Explica que también les preocupa «la aparente disociación entre el trabajo realizado con el Instituto Milenio Fundamento de Datos y la decisión de no continuar con su colaboración». Si bien se menciona que la ejecución del convenio no permitía alcanzar los productos necesarios en el ritmo requerido, «no queda claro si se exploraron alternativas para mejorar esta colaboración antes de optar por el camino de la contratación de Unholster», precisa y resalta que, como agrupaciones especializadas en Derechos Humanos, «no nos queda claro en qué momento se evaluó e hizo el diagnóstico que pesó sobre el trabajo del grupo Milenio, cómo fue ese proceso y el por qué no se nos informó de este cambio tan fundamental para lograr, en el corto tiempo que queda, procesar y analizar datos».

Asimismo subraya que «la Data Science y la Inteligencia Artificial son campos que podrían complementarse con la experiencia académica y de investigación de las tres universidades que estaban trabajando sobre el tema en el más alto nivel», añadiendo que «nos preguntamos, si se revisará esta colaboración antes de desecharla completamente».

Finalmente, Mariela Santana junto con aclarar que «podemos entender y compartir las urgencias en la toma de decisiones» pero, no obstante, «también es esencial que estas sean absolutamente transparentes, justas y siempre tomando en consideración a las y los familiares de las víctimas, en forma vinculante».

De forma rotunda plantea que «no debemos olvidar lo que enseña la experiencia humanitaria universal que señala que toda política sobre búsqueda de Detenidos Desaparecidos debe construirse e implementarse, en todas sus etapas y todos sus alcances, con la participación de las víctimas y de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y voluntad de cooperar con la construcción e  implementación de esa política».

La legendaria abogada, y en nombre de su organización, se declara «a la espera de  decisiones de las autoridades».